Desde el Gobierno admiten la necesidad de una nueva ley de coparticipación federal más equitativa para frenar el incremento de las tasas municipales que graban el comercio y la producción.
Dichas tasas motivan fuertes protestas por parte de los empresarios, muchos de los cuales han elegido el camino judicial para resolver el conflicto. Intendentes, empresarios y abogados discutieron el fenómeno que incide de manera directa sobre los consumidores.
El secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Claudio Leoni, calificó como “una deuda no tener una nueva ley de coparticipación federal”, al tiempo que aclaró que ésta debe enmarcarse en una reforma tributaria total y que el nuevo régimen debe contemplar ‘”una política fiscal más equitativa en los municipios” y abogó por la redacción de un Código Fiscal único en todo el país.
Fue durante su participación en uno de los paneles del seminario “Potestades Tributarias 2006; acciones conjuntas para resolver el conflicto sobre tasas”, organizado por Forum, en el Hotel Alvear. En ese ámbito, intendentes, cámaras empresarias, abogados y funcionarios de los tres niveles institucionales de la Nación analizaron la incidencia de la tasa de abasto en el desarrollo económico.
Leoni agregó que “los sucesivos pactos fiscales redujeron el espacio de recursos fiscales con los que cuentan las provincias y las municipalidades, con lo cual el proceso de financiamiento estuvo centrado en la inventiva para generar nuevos recursos”. Así, se generó una gran inequidad y desarticulación entre los 2.176 municipios de todo el país.
La tasa de abasto es ya un viejo reclamo poscrisis de los empresarios y el comercio. Consideran que como no hay una contraprestación por el cobro de dicha tasa, funciona como un impuesto interno y ello está claramente prohibido por la Constitución Nacional.
Según un estudio de las cámaras empresarias, “la suba de la tasa de abasto en algunos municipios superó el 160 por ciento en los dos últimos años”, mientras que “cada vez más intendentes y concejos deliberantes no saben cómo seguir exprimiendo a las empresas y a la cadena de distribución para cobrar más impuestos anticonstitucionales”.
Así, el contrapunto entre sector privado y municipios quedó bien marcado durante el transcurso del seminario. Mientras Osvaldo Vottero, Intendente de Oncativo, sostuvo que “las tasas de abasto en primer lugar ofrecen un servicio y son de apenas el cinco por mil, por lo tanto, su incidencia es mínima”, Álvaro Luna Requena, abogado del Estudio Beccar Varela, que representa empresas en litigios contra municipios, remarcó que “estas contribuciones funcionan como un impuesto sobre los ingresos brutos, lo cual resulta prohibido por la ley de coparticipación federal”.
Incluso, para el abogado se da el caso en el que esas contribuciones, recaudadas por diversas municipalidades de las provincias de Córdoba (Córdoba, Río Cuarto, Villa María, entre otras), y de Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguaychú) “se cobran a empresas que carecen de locales dentro de los territorios municipales” o, como en la provincia de Mendoza, donde “se paga desde hace cuatro años la tasa de liberación de productos por el simple hecho de salir de la planta”.
Según Marcelo Fabián Bisigni, intendente del municipio de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el problema de fondo es que el rol del intendente ha cambiado: “Debe enfrentar todo tipo de responsabilidades que demanda el ciudadano, desde salud y seguridad hasta educación, y, sin embargo, no tiene los recursos para hacerlo”. Actualmente, los municipios reciben un ocho por ciento del total que se recauda en el país.
En este sentido, Omar Roson, director de la Federación Argentina de Municipios (FAM), considera que la solución podrá encontrarse a través de una reforma del esquema impositivo. “Es difícil de implementar, pero si se acuerda que entre en vigencia dentro de tres períodos presidenciales, todo político a cargo de un gestión impositiva no tendrá argumentos para oponerse porque no compromete sus recursos en el mediano plazo”, dijo Roson.
El conflicto entre municipios y empresarios ya se encuentra judicializado. “Lo novedoso –según Luna Requena– es que, a partir de una fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Unilever Argentina SA, del 2005, la Justicia Federal se ha declarado competente para atender en la controversia”.
“En los últimos meses, se han decretado varias medidas cautelares ordenando a estos municipios abstenerse de reclamar el pago del tributo, hasta tanto recaiga sentencia sobre el fondo de la cuestión”, aseguró.
– La Voz del Interior