Sigue la «guerra fría» en la Legislatura: la «tropa» de
Sabiendo de antemano que cuentan con la negativa de buena parte de la oposición, los senadores radicales pidieron tratar dos proyectos de Ley craneados por Cornejo para el próximo jueves. Uno busca reformar el Código Procesal Laboral de Mendoza que data de 1952 y que según advierten persigue por objetivos acelerar y oralizar la resolución de las causas. El segundo pretende establecer un régimen disciplinario del empleado público. La furia de la oposición.
La «guerra fría» entre la oposición y el oficialismo parece haberse institucionalizado en el Parlamento provincial.
Luego de un debate súper reñido y lleno de chicanas en torno a la aprobación del nuevo Código Contravencional, senadores del oficialismo, sabiendo que no contarán con el apoyo de buena parte de la oposición, sortearon una vez más el camino tradicional de tratamiento de las normas y solicitaron una sesión especial para debatir otros dos proyecto de Ley clave, craneados e impulsados por el Ejecutivo provincial.
El próximo jueves 20 de septiembre a las 19, el radicalismo tratará de avanzar con una nueva reforma judicial: la del Código Procesal Laboral de Mendoza que data de 1.952; y, en una segunda instancia, intentará aprobar el nuevo Régimen Disciplinario del Empleado Público. Ambas iniciativas, cabe recordar, entraron por el Senado y tienen despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Según explicó el presidente provisional del Senado, el cornejista Juan Carlos Jaliff, la idea era que el nuevo Código Procesal Laboral fuera revisado también por la comisión de Asuntos Sociales y Trabajo en donde la oposición maneja quorum propio. Frente a la negativa de la oposición de avanzar en el tratamiento de este proyecto, el oficialismo decidió convocar a una sesión especial.
«Hace cuatro meses que está el Código Laboral dando vueltas y ellos dejaron sin quorum Asuntos Sociales y Trabajo el lunes para no tratarlo, así que no nos quedó otro camino, nos obligaron a esto a pesar de haber llegado casi a un acuerdo de incluir bastantes cosas que ellos pedían», se quejó Jaliff en conversación con MDZ.
Sobre la iniciativa, el legislador oficialista aseguró que el único que saldrá beneficiado es el trabajador y sostuvo que la reforma va en la misma línea que las anteriores que se han hecho a nivel de la Justicia: acelerar y oralizar los procesos de resolución de las causas. «Queremos acortar sustancialmente los procesos laborales que son excesivamente largos y con este mecanismo creemos que en definitiva se acortan y se beneficia únicamente el trabajador; por supuesto ni la patronal ni los profesionales se benefician porque a ellos les convienen los juicios largos», dijo Jaliff.
Desde Casa de Gobierno, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino amplió que para acelerar los procesos de resolución de las causas se incorpora una audiencia preliminar de conciliación entre las partes. «Hoy los procesos laborales demoran entre tres y cuatro años para llegar a una solución. Queremos bajar este plazo promedio a meses. Y se intentará mediante lo que se llama audiencia preliminar o inicial», comentó el funcionario de Cornejo.
Según detalló, la idea es que apenas se registre una demanda, se lleve a cabo esta audiencia de conciliación en donde se busque un pronto acuerdo entre las partes en conflicto, con presencia del juez y de los conciliadores que hoy se desempeñan en la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria, que se sancionó allá por julio de 2017.
De acuerdo con números que reprodujo D’Agostino, hoy las causas laborales han disminuido en un 50 por ciento gracias a esta oficina, número que, insistió, se pretende bajar mucho más con el nuevo Código Procesal Laboral,
Refirió, a partir de estadísticas de la Justicia, que por año entran 20 causas loborales y que en promedio la resolución de las mismas demora 4 años. Asimismo, destacó que Mendoza es la quinta provincia con mayor conflictividad a nivel nacional.
Agregó que todo esto demanda tiempos y costos injustificados. «Cada cámara le cuesta 9 millones de pesos al año a la provincia», dijo y sobre la baja de causas laborales gracias a la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria, D’Agostino comentó: «Si tomamos una cámara de la primera circunscripción, en febrero de 2017 ingresaron 1.571 causas mientras que un año después, en febrero de 2018 tuvimos 665; es decir un 58 por ciento menos».
Furia de la oposición
Más allá de estar en desacuerdo con puntos fundamentales de ambos proyectos, la oposición desplegó su furia por el hecho de que el oficialismo utilice un mecanismo de tratamiento «especial» como si fuera ordinario.
La jefa de bloque de los senadores del PJ, Patricia Fadel, soltó al respecto: «La sesión especial es una nueva práctica de Cambiemos. Es el atropello a las instituciones. La soberbia y autoritarismo del gobierno de Cornejo. Quieren tapar la realidad que se está viviendo en una crisis económica y social, con cambios que tienen que ver con los trabajadores».
Por su parte, el senador del bloque del Frente de Izquierda, Víctor Dávila disparó con cierta ironía: «Se largó la temporada de sesiones especiales. Cornejo ha profundizado su actitud autoritaria frente al descalabro financiero del país, ve a la Legislatura como un trámite por eso no le importa ninguna deliberación. Solo que la escribanía firme sus leyes».
«Llegaron al gobierno prometiendo evitar trasformarnos en Argenzuela y termina gobernado al estilo Maduro. Nos queda preguntarnos si también convocara a constituyente para anular la legislatura y cualquier vestigio de oposición», agregó el senador de la Izquierda.
Sobre los proyectos en sí, interpretó que ambos son parte de un programa de «ajuste» vía depreciación de los salarios. «El código procesal laboral pone mas trabas a las indemnizaciones y por lo tanto favorece a los empleadores. La modificación del estatuto del empleado publico quita estabilidad y es una clara señal al empresariado local», cerró.
Respecto del nuevo régimen disciplinario del empleado público, seguramente también traerá tela para cortar. Será aplicable al personal de planta permanente, a excepción de docentes y empleados de la salud (que cuentan con regímenes especiales), define cuáles son las sanciones, cuáles los plazos para aplicarlas y quién podrá aplicarlas
JIMENA CATALÁ – Mdz on line