Se debe explicar a la población que interrumpir el proceso de recuperación tarifario obliga al Estado a mantener el pernicioso régimen de subsidios.
Para quienes tienen sentido común y conocen básicamente como se conforma una tarifa de los servicios públicos, no dejan de sorprenderse de que haya argentinos que todavía piensen que pueden disponer de energía y de transporte público, con servicios de calidad, a precios irrisorios. Si los ingresos por servicios no cubren los costos de producción y se debe depender de subsidios estatales, indefectiblemente las inversiones cesan y, a partir de ese momento se cuenta con servicios de mala calidad que periódicamente tendrán inconvenientes e interrupciones.
Esta realidad no ha logrado hasta ahora despejar la esperanza de mucha gente, de que se pueda volver al antiguo régimen de subsidios, para cubrir la brecha entre tarifas bajas y costo de producción.
Dentro de la política de normalización de las tarifas emprendida por el Gobierno nacional, se ha llegado a la conclusión de que no puede haber retorno al antiguo esquema y que el gradualismo en la corrección es la forma más «suave» que existe para alcanzar el objetivo.
Desde el inicio de este proceso de ajuste, hasta ahora se ha llegado a un poco más del 60% y se espera hacia fin de año alcanzar el 70 por ciento. Es decir que para el próximo año quedará un 30% de ajuste, para alcanzar el real costo de los servicios. Todo esto encaminado hacia el costo fiscal cero, que es el objetivo final que busca el Gobierno, para no tener que distraer fondos en subsidios a las empresas prestatarias.
En este contexto hay una gran diferencia entre la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con las provincias del interior del país. En estas últimas, el sistema de subsidios siempre ha sido menos benévolo, lo que históricamente provocó que un provinciano pagara mucho más caros los servicios, que uno que reside en Capital.
Se tendría que explicar mejor a la gente que los subsidios perjudican ya que se termina pagando por ellos mucho más, vía inflación, impuestos, calidad de servicio y endeudamiento, que si se pagara una tarifa «sana». Ese esclarecimiento haría más llevadero el esfuerzo que significa ahora pagar tarifas más elevadas a fin de corregir los efectos provocados por el congelamiento que aparentemente brindó beneficios durante los años de populismo.
Una tarifa real que se ajuste a lo que implica un buen servicio permitirá que se vuelva a contar con inversiones privadas en el sector, por el momento única fuente de financiación posible
– Diario de Cuyo