El gobierno nacional anunció a través del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que este año no se renovará la ley de Emergencia Económica, que nació en plena crisis de 2002 como una excepción y que otorga cierta discrecionalidad al Ejecutivo en el manejo de los fondos.
También lo hizo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, cuando aseguró que la norma «empieza a tener cada vez menos sentido, con una economía que crecerá dos años de manera consecutiva».
Pero mientras Nación afirma que no hay necesidad, varias provincias se desentienden de ese crecimiento y deciden renovarla o aplicarla.
Así, mediante un DNU, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, decidió prorrogar la ley que en la provincia está vigente desde 1990.
Lo mismo sucede en Tucumán, donde días atrás el gobernador, Juan Luis Manzur, logró que la Legislatura provincial aprobara la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, hasta el final de su mandato.
Siguiendo en el norte del país, desde la Gobernación de Jujuy confirmaron a El Cronista que «la prórroga entrará en los próximos días a la Legislatura».
Así, el distrito norteño, que gobierna Cambiemos a través del radical Gerardo Morales, envió a la Legislatura un presupuesto en el que se detalla un congelamiento de la planta de empleados estatales y una reducción de 25% de los gastos, mantendrá la norma que permite, entre otras cosas, renegociar contratos de servicios públicos.
En el sur del país la situación no está mejor. El caso más profundo es el de Chubut, el nuevo gobernador Mariano Arcione, mandó un proyecto de ley de Emergencia Económica, y que espera que se apruebe antes del 18 de enero, en el cual declara la emergencia en la prestación de servicios públicos y permite al Ejecutivo emitir bonos y tomar préstamos para pagar deuda pública.
Santa Cruz, la provincia gobernada por Alicia Kirchner y que durante el 2017 fue un cúmulo de conflictos sociales y económicos, mantendrá la norma y hasta finales de febrero también regirá una similar denominada Emergencia Comercial que, entre otras cosas, suspende ejecuciones.
La isla de Tierra del Fuego también buscaría prorrogar la norma y, además, aprobar un Consenso Fiscal firmado con los municipios de Ushuaia y Tolhuin
por DAVID CAYÓN – Cronista