Fue creada ayer por Decreto 882/2017. “Integración Energética SA” es una empresa estatal que fusionará a Enarsa y Ebisa. En el mismo decreto también se determinó el cambio de nombre de las represas sobre el río Santa Cruz, que volverán a su designación original: Cóndor Cliff y La Barrancosa.
En un decreto que traerá fuertes repercusiones, el Gobierno Nacional determinó cambiar el nombre a las represas sobre el río Santa Cruz que habían sido bautizadas por las leyes provinciales 3.206 y 3.207 y aceptadas por Nación en su momento, como Pte. Néstor Kirchner y Gdor. Jorge Cepernic. La decisión del presidente Macri es que vuelvan a su designación original: Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Según el Decreto 882/2017 que lleva la rúbrica presidencial, junto con la del jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Energía, Juan José Aranguren el argumento de realizar este cambio es que las leyes provinciales existen, “corresponde al Estado Nacional decidir sobre la denominación de las obras públicas nacionales, licitadas y contratadas por el Estado Nacional y sometidas a la jurisdicción federal según lo previsto en la Ley N° 15.336”.
Según admitieron desde el Gobierno Nacional, saben que la decisión traerá opiniones a favor y en contra, pero aseguran que las denominaciones no deberían estar sujetas a objetivos políticos ni ideológicos. “Estamos recomponiendo algo que no debería haber sido cambiado”, agregaron.
También resaltaron que el cambio de nombre se planteó por primera vez en abril de 2012, cuando se anuló el contrato y se volvió a licitar la obra. Y en ese momento, uno de los datos llamativos había sido el cambio de nombre a “Presidente Néstor Kirchner” -antes, Cóndor Cliff- y Gobernador Jorge Cepernic -ex La Barrancosa-. Pero que en ese mismo acto, la obra que hacía menos de dos años se había licitado a $ 16.400 millones tuvo una reasignación por $ 21.600 millones. “Se trata de un cambio de época” también afirmaron.
Una nueva empresa
Pero lo más importante del Decreto 882/2017 no es el cambio de nombre (aunque sea un tema sensible, fundamentalmente en Santa Cruz) sino la decisión de crear una nueva empresa: Integración Energética Argentina SA.
Esta nueva empresa estatal absorberá a las actuales compañías Energía Argentina SA (Enarsa) y Emprendimientos Binacionales SA (Ebisa).
La primera fue creada en 2004 y tiene por objetivo la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio de gas natural con Chile y las compras de los embarques de GNL. En tanto Ebisa tiene como responsabilidad principal la comercialización de la energía entregada por los emprendimientos binacionales y además es el vehículo por la cual el Estado ejerce sus derechos accionarios en la Entidad Nacional Yacyretá, ambas encuadradas bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería.
Bajo la órbita de Integración Energética, quedarán aquellos emprendimientos que hoy están en cabeza del Estado Nacional como las represas, la central térmica de Río Turbio y los tres gasoductos cuyos contratos se firmaron la semana pasada (Cordillerano, De la Costa y Del Centro). De esta forma el comitente pasa a ser la nueva empresa Integración Energética Argentina SA.
También se dispuso que la nueva compañía estatal sea la que ponga en liquidación los activos energéticos de Enarsa y del Ministerio de Energía, entre ellas unas seis centrales térmicas “mediante mecanismos licitatorios transparentes y con el control valuatorio del Tribunal de Cuentas de la Nación, además de las participaciones accionarias ya sean controlantes o minoritarias de otras empresas”.
Se estimó que el Estado podrá recaudar no menos de 1.000 millones de dólares por estos activos, dinero que será destinado al repago de obras ya en ejecución u otras encaradas a futuro.
Se aclaró en el decreto que quedan fuera del proceso de venta, justamente, las dos represas santacruceñas, la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto del Noreste Argentino GNEA, y la ampliación de tres gasoductos de reciente adjudicación.
Más de 40 años de espera
Las condiciones del río Santa Cruz para su aprovechamiento hidroeléctrico ya habían sido destacadas hacia mitad del Siglo XX por el ingeniero Mariano Castillo como “uno de los ríos con mayor potencial del Continente Sudamericano (sic) por tener un flujo de caudal muy parejo durante todo el año”, pero no fue sino hasta 1973 que se presentaron proyectos concretos para la realización de dos represas.
En aquel año, el gobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic impulsó la construcción de las dos represas hidroeléctricas a través de la antigua empresa Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE), pero no logró reunir el apoyo necesario para llevar a cabo la empresa.
Finalmente, harían falta tres licitaciones para que comenzara a materializarse la construcción.
La primera de éstas tuvo lugar en 2007, cuando el Gobierno Nacional y la provincia de Santa Cruz firmaron un convenio para ejecutar las entonces llamadas represas “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”.
El proceso de recepción de ofertas técnicas y económicas continuó hasta 2010, cuando se adjudicó la obra a un consorcio integrado por tres empresas que, pese a su adjudicación y posterior aprobación en la Legislatura Provincial, nunca comenzó.
Según se explicó oficialmente, nunca se creó el “fideicomiso de administración” ni se aportaron fondos para el inicio de las obras, por lo que se dio por “finalizado el proyecto por causas ajenas a ambas partes y sin reclamos indemnizatorios”.
Rebautizadas como “Kirchner” y “Cepernic”, en memoria del ex presidente argentino y del ex gobernador de Santa Cruz, el 25 de abril de 2012 se anunció por segunda vez la licitación de las dos represas, que debía ser lanzada en mayo de ese año, algo que finalmente no ocurrió.
La tercera y última licitación estuvo a cargo de los entonces titulares del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas -Julio De Vido y José López, respectivamente- que anunciaron en agosto de ese mismo año el llamado para la construcción de ambas represas por un monto total de U$D 4.100 millones, con un plazo de cinco años y un consorcio empresario con una integración mínima del 30% de participación nacional.
En agosto de 2013 la obra fue adjudicada al consorcio conformado por Electroingeniería S.A., China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo S.A. cuya oferta en el pliego fue de U$D 4.715.347.111, en el plazo de cinco años y medio e íntegramente financiado por tres entidades chinas.
El primer desembolso se hizo efectivo en enero de 2015 por U$D 287.723.536 (un 6% del monto total), para los trabajos iniciales de caminos, obradores y puentes en Santa Cruz, y el anticipo para la fabricación de los equipos de generación en China.
Sin embargo, la Corte Suprema hizo lugar a un amparo presentado por dos ONG que esgrimían que el emprendimiento acarrearía daños al medio ambiente, por lo que suspendió el avance de la construcción hasta la realización de nuevos estudios ambientales y una audiencia pública en el Congreso Nacional.
Para cumplir con esta obligación, el 20 y 21 de julio últimos se llevó adelante una nueva audiencia pública en la que se presentó un nuevo estudio de impacto ambiental y del que se tomaron 17 recomendaciones que se aplicarán en el nuevo proyecto aprobado, lo que permitió que la Justicia levantara las cautelares que pesaban sobre la obra.
Igualmente se espera la concreción de la audiencia pública provincial, la que originariamente se haría este 9 de noviembre, pero fue postergada “por razones operativas” (ver recuadro) para el próximo 23 de noviembre. De esta forma se cree que la construcción del complejo reiniciará de manera definitiva a partir del mes de diciembre.
Nueva fecha para la Audiencia Pública
En el día de ayer, la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz informó que habrá un cambio de fecha para la concreción de la Audiencia Pública, aunque se mantiene el horario y el lugar.
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría a cargo de Mariano Bertinat indicó que la Audiencia se hará el próximo 23 de noviembre y no el 9 como originalmente se había proyectado. Pero seguirá siendo en Puerto Santa Cruz y a las 11 de la mañana en el Salón Auditorio del Municipio.
Según se indicó, la postergación se decidió “por cuestiones operativas de la organización”.
Cabe recordar que el próximo 15 de noviembre vence la vigencia del permiso ambiental que había otorgado el Estado de Santa Cruz para la realización de las obras a fines del 2015 y antes de que sucediera el cambio de proyecto y el freno judicial.
Se reiteró desde la organización que en la audiencia del próximo 23 de noviembre, se dará a conocer dicho proyecto con las últimas modificaciones, y los cuidados ambientales que se prevén en ese sentido.
Es dable señalar que dicha audiencia no tiene carácter vinculante ni es obligatoria, en realidad, pero se decidió realizarla para dar más transparencia al proceso y generar una nueva oportunidad para que se puedan expresar todas las opiniones.
Quienes desean participar con su opinión deben inscribirse enviando mail a audienciapublicarepresas@gmail.com
– La Opinión Austral