El proyecto contempla la reducción del gasto público y rigurosos controles sobre las cuentas provinciales. Habrá sanciones para quienes no cumplan con las metas pautadas.
Tras el triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas del último domingo, el presidente Mauricio Macri avanzará con una serie de reformas estructurales antes de que termine el año. La primera de ellas es un programa de premios y castigos de la Nación a las provincias con un régimen de control de cuentas para regular los fondos que se giran a los gobernadores.
El gobierno busca ejercer un fuerte control del gasto público de las provincias así como también instrumentar un régimen de recaudación compartida entre la Nación y las provincias, según consigna Infobae, que tuvo acceso al proyecto de ley diagramado por el ministro de Hacienda de la Nación Nicolás Dujovne.
Macri lanzará el plan de reformas estructurales para esta segunda etapa del gobierno el lunes próximo en el Centro Cultural Kirchner. Para el 8 de noviembre está convocada una reunión del Presidente con todos los gobernadores.
El proyecto de ley de responsabilidad fiscal se basa en el acuerdo que firmó la Casa Rosada el 2 de agosto del 2016 con los ministros de Hacienda de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chubut y la Ciudad Autónoma.
El proyecto de reforma fiscal que Macri consensuará con los gobernadores contempla las siguientes claves:
-El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá recibir cada año los resultados previstos para el sector público de cada nivel de gobierno.
-Con una demora máxima de un trimestre se deberá difundir la información trimestral de la ejecución presupuestaria, del gasto según finalidad y función y del stock de la deuda pública.
-La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación y de las provincias «no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor».
-Existirá un esquema de limitaciones severo para que las provincias cumplan con las políticas de gasto.
-No incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción. Sólo aquellas provincias que hayan alcanzado un resultado financiero superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal.
-Para evitar el despilfarro de gastos a los gobernadores que dejen sus cargos, el proyecto prevé que durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando los que trasciendan la gestión de gobierno.
-El nivel de endeudamiento de las jurisdicciones «no puede superar el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios». Y las jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento.
-El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de responsabilidad fiscal dará lugar a sanciones que irán desde la restricción del derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del gobierno nacional y las limitaciones de las transferencias presupuestarias.
– MDZ on line