Trascendió un borrador del proyecto de responsabilidad fiscal que el Gobierno Nacional presentará a los gobernadores como parte del acuerdo nacional. Propone límite al gasto, al endeudamiento y al empleo público, igual que plantea fuertes sanciones por incumplimiento. En algunos aspectos, la propuesta puede tomarse como una intromisión al federalismo. Se anticipa un fuerte debate para llegar al consenso.
El borrador que trascendió anticipa una intensa pelea entre la Nación y las provincias por las autonomías federales.
El proyecto de responsabilidad fiscal que la cartera del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne prepara y será presentado a los gobernadores en la reunión planteada para principios de noviembre, se podría leer como un programa de premios y castigos de la Nación a las provincias, lo que podría ser tomado como una clara intromisión al federalismo que caracteriza a la estructura institucional y económica del país.
El borrador que trascendió a la prensa, contempla un estricto régimen de control de cuentas del Gobierno Central a las jurisdicciones y apunta a regular el esquema de fondos que se giran desde la Casa Rosada.
Según una copia del borrador del proyecto de reforma fiscal que ayer circuló por los medios nacionales, el gobierno pretende, a través de esta reforma, ejercer un fuerte control del gasto público de las provincias así como también instrumentar un régimen de recaudación compartida entre la Nación y las provincias, amparado en las delicadas economías que tienen muchas de las jurisdicciones y el alto endeudamiento al que están ya comprometidas.
Cabe recordar que el lunes próximo, el presidente Mauricio Macri será quien presente el plan de reformas estructurales para esta segunda etapa de su mandato. Lo hará en el Centro Cultural Kirchner ante legisladores, empresarios, gobernadores, sindicalistas, universidades y todo su Gabinete Nacional.
Pero para el 9 de noviembre, según reveló el propio ministro del Interior Rogelio Frigerio, está convocada una reunión del presidente con todos los gobernadores. Allí el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, junto a Frigerio, presentará lo que será el proyecto oficial de reforma fiscal. Lo que se pretende es lograr los consensos para plantear un nuevo esquema de responsabilidad fiscal, basado en el acuerdo que se firmó el 2 de agosto del año pasado, con la mayoría de las provincias.
Pero algunos puntos también fijan pautas que avanzan sobre la autonomía provincial. Por ejemplo, al limitar el gasto público a la inflación, de hecho pone techo a una discusión esencial que se hace en cada jurisdicción: las paritarias salariales estatales. También podría leerse como una intromisión que sea el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal el que “apruebe” los parámetros que se determinen para la recaudación. Las sanciones que se establecen para los incumplimientos avalan, precisamente, la limitación de esas autonomías.
El planteo
El borrador del proyecto consta de 26 artículos, aunque varios de ellos podrían o ser modificados o dejados de lado, de acuerdo a la negociación y acuerdos a los que se arribe con los gobernadores, pero en ese articulado se trazan varios ejes centrales que pretende lograr el Gobierno Nacional con los Estados federales, entre ellos los siguientes:
Presupuestos: Las leyes de presupuesto general tanto de las provincias como de la Nación contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las instituciones de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios.
Ejecución presupuestaria: Con un rezago de un trimestre se deberá difundir la información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios.
Recaudación: Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional calcularán “parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público”. Según la letra chica de la iniciativa oficial, estos indicadores deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Gasto público: La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación y de las provincias “no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal”. Para regular lo que es gasto público corriente primario, el proyecto establece que será entendido como “los egresos corrientes primarios, excluidos: a) los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, b) las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas, c) los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el Gobierno Nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica, d) los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales”.
Empleo público: El proyecto oficial contempla que el Gobierno Nacional y las provincias se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción. Sólo aquellas provincias que hayan alcanzado un resultado financiero superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal.
Final de mandatos: Para evitar el despilfarro de gastos a los gobernadores que dejen sus cargos, el proyecto prevé que durante los 2 últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando los que trasciendan la gestión de gobierno.
Política tributaria: El proyecto sostiene que “se acordarán la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Endeudamiento: Con el objetivo de contener el nivel de endeudamiento se plantea que “en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios”. Y las jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento. A la vez, para acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al sector público ni financiero se deberán elevar los antecedentes y la documentación correspondiente al Gobierno Nacional.
Sanciones: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de responsabilidad fiscal dará lugar a sanciones que irán desde la restricción del derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno Nacional y las limitaciones de las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional.
– La Opinión Austral