La secretaria de Desarrollo Social de Rosario, Laura Capilla, cuestionó el impacto de las políticas macroeconómicas.
Según datos del Indec, la indigencia afectó al 7% de la población en el primer semestre del año.
En el Gran Rosario casi 100 mil personas, el equivalente a la población de 10 ciudades, no pueden con sus ingresos alimentarse dignamente. Es ese universo llamado estadísticamente «indigentes», los más pobres entre los pobres, una categoría que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el informe sobre condiciones de vida, creció 3,2% en el primer semestre de este año respecto de los últimos seis meses de 2016 en la región.
El número es una señal de alerta porque ubica al aglomerado regional entre los más desfavorecidos en términos de indicadores socioeconómicos frente a otros que históricamente detentaban las tasas más altas como las zonas del NOA _como los casos de Tucumán, Jujuy o La Rioja_ o el NEA, como en Formosa y Posadas. Pero al mismo tiempo dispara el análisis sobre las causas que provocan esta tendencia en una ciudad con un diversificado entramado productivo, primario e industrial, y una red de asistencia pública aceitada y estructurada desde lo municipal.
Los números duros muestran que en Rosario, al término del sexto mes de 2017, hay 340 mil personas en la pobreza, 0,4 punto porcentual menos que en el último semestre del año pasado, pero hay 90.321 en situación de indigencia, 3,2% por encima comparado con el mismo período. Vale aclarar que la comparación se realiza con las prevenciones estadísticas que merece el hecho de que sólo se cuentan con los datos del último período de 2016 cuando el organismo oficial volvió a difundir estos datos tras una interrupción.
Las razones que explican este deterioro de los indicadores socioeconómicos son múltiples, pero desde la Municipalidad de Rosario lejos de negarlo eligen encuadrarlo como el resultado de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional, a las que consideran el eje central a partir del cual se puede empezar a trazar un diagnóstico más claro. «Vemos que la situación macroeconómica del país se viene complicando y los números de la inflación no concuerdan con los con ingresos que tienen las familias o los beneficios sociales de muchas de ellas», reveló Laura Capilla, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, quien aseguró que desde el Estado local vienen notando, en el recorrido por los barrios, que esto impactó entre quienes menos tienen por varias cuestiones: la pérdida del empleo formal e informal, la caída temporaria de pensiones _que provocó un hueco en términos de ingresos para gente que vive exclusivamente de ese ingreso_ y el menor despliegue de programas sociales nacionales en la ciudad.
Menos beneficios sociales
«Una hipótesis que nos permite pensar por qué hay un crecimiento de la indigencia en Rosario que no se da en otros lugares es que las personas o las familias que pueden salir de esa situación son aquellas que tienen acceso a beneficios sociales nacionales, que son los de mayor impacto. Y en Rosario no hay una política estructural nacional para que algunos planes lleguen», dijo la funcionaria. Además de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la funcionaria hizo especial referencia a programas como Argentina Trabaja, Manos a la Obra o Ellas Hacen. «En el caso de Ellas Hacen no hay beneficiarios en la ciudad», dijo en referencia a esta asistencia que beneficia a mujeres que sufrieron algún tipo de situación de violencia.
Además, Capilla mencionó que en el caso de Argentina Trabaja «se mantienen los beneficiarios de la gestión nacional anterior, pero con este nuevo gobierno no se incorporaron nuevos». En tanto, otros de los programas más puntuales que vienen a través de organizaciones sociales, pero no por parte del Estado.
«Esos programas al ser nacionales cuentan con más fondos y tienen la característica de la universalidad Lo que hacemos desde Municipio es más acotado y es imposible llegar a todos», agregó.
En estos términos, «esto puede estar diciendo que en Rosario, a diferencia de otros lugares donde estos programas llegan, no se sienta el impacto positivo de estos planes», agregó Capilla y aclaró que esta característica es llamativa en una ciudad «donde el nivel de pobreza, por ejemplo, está por debajo de la media nacional».
Los datos del Indec muestran que en el Gran Rosario, hay un 26,3% de la población bajo la línea de la pobreza, es decir 340.583 personas, por debajo de la media nacional que alcanzó en el primer semestre al 28,6% de los argentinos. Además, el aglomerado regional tiene menor tasa de pobreza e indigencia que Córdoba, La Plata o partidos del Gran Buenos Aires.
Sin embargo, a la hora de medir la indigencia, junto a estos grandes distritos, además de Santiago del Estero-La Banda, Rosario se ubica entre los niveles más altos y además con mayor nivel de crecimiento respecto del semestre pasado.
Para Capilla la vara más concreta para medir en términos cualitativos la situación está en lo que se palpa cotidianamente en los territorios. «En los últimos días el secretario de Salud dio datos sobre el aumento en el número de familias que se atienden en la salud pública porque ya no accede a los beneficios de las obras sociales, y además desde Desarrollo Social vemos con alarma que desde el año pasado se empezaron a ver nuevas familias que ingresan en el circuito de lo público».
La funcionaria recordó que desde esa dependencia y hace más de 20 años vienen teniendo un registro social de todas las intervenciones que realizan, detectando las familias a las que se asisten y a los nuevos grupos de hogar que se van conformando con el tiempo. Sin embargo, aclaró que esta nueva irrupción a la que hizo referencia es nuevo. «El proceso inflacionario y la caída del empleo en su mayoría informa afectó fuertemente a la población, especialmente a los jóvenes que vienen de familias de padres y abuelos trabajadores que siempre se sostuvieron por su cuenta y no están acostumbrados a pedir asistencia al Estado, al punto tal que hasta desconocen los circuitos», puntualizó Capilla. Pero ahora «aparecen en estado de desesperación a pedir una ayuda».
Este universo de población solicita una asistencia del Estado «para situaciones como poder acceder a la salud o pagar el alquiler, porque se quedaron sin trabajo y buscan un trampolín para salir adelante en forma momentánea, ya sea para conseguir un nuevo empleo o para encarar un emprendimiento», agregó Capilla.
Esa nueva situación desde el Municipio la están abordando junto a la Subsecretaría de Economía Social. «Son personas que no piden subsistencia para vivir del Estado, sino un desahogo momentáneo para encontrar un trabajo o como sustentarse y eso inevitablemente está atado a un trabajo, a un empleo, que es muy difícil resolver desde el ámbito de lo municipal», agregó la funcionaria.
El incremento que detectaron desde el área social del municipio se profundizó en los últimos diez meses. «Es una señal que detectamos y estamos muy preocupados», indicó Capilla quien detalló que a futuro «vemos un escenario más que complicado» porque «hay un gobierno nacional que tiene en claro que no va a gobernar para la gente que menos tienen. Lo dice sin inconvenientes y por eso se entiende el enojo que estos días expresó la intendenta (Mónica Fein cuando cuestionó la entrega de colchones y chapas por parte de militantes del PRO), porque «no queremos que en Rosario ni en la Argentina se instale un modelo clientelar, sino que pretendemos un cambio estructural en la macroeconomía que impacte en la estructura social para que se achiquen las brechas de ingresos y que la población tenga oportunidades y derechos garantizados».
Sandra Cicaré – La Capital