Hay varias modalidades, pero las características son las mismas. Reciben ingresos que no alcanzan el salario mínimo a cambio de alguna contraprestación.
Hay casos donde perciben apenas 500 pesos. Según las épocas, las cifras de personas en esta situación se agrandan o reducen en las distintas ciudades.
Río Colorado hizo visible una grave situación laboral en los municipios. Cientos de agentes están ligados al Estado con serias informalidades, bajo modalidades que denominan becas, horas cátedras o certificaciones.
Superan ampliamente el millar, conociendo que Desarrollo Social lidera esta precarización. Este ministerio mantiene cerca de medio millar aunque ATE está focalizado en 380 becados, a partir de que su pase a contrato fue prometido por el gobierno para julio, aunque no se cumplió. Sus asignaciones están en los 3.800 pesos en los operadores y 4.500 pesos en profesionales.
Históricamente, un contrato constituía un precario vínculo del trabajador con el empleador (en este caso, el Estado, provincial o municipal). La situación es regular aunque no garantiza estabilidad. En el último tiempo, otra figura precarizó más la relación, pues es una asignación o remuneración –sin aportes– y su trato singular también alcanza a la carga horaria o las tareas.
Cada municipio pone su denominación, entonces corresponde a una “certificación”, becas, planes sociales, horas cátedra, promociones. Además, su auge o su declive responde a la cercanía o lejanía de las épocas.
La protesta en Río Colorado, centrada en la exigencia de la regularización de 54 becas, se replica en otros municipios.
Esta semana, Jacobacci expuso su caso cuando el gobierno rionegrino ventiló la transferencia de 1 millón de pesos al municipio para pagar 77 becados. En su nota al intendente Carlos Toro, el director de Municipios, Guillermo Oliva Tagle, establece que el monto será para cuatro meses y adelanta que las “contraprestaciones” de esos “beneficiarios” dejen de cumplirse en los organismos provinciales. Cada mensualidad ronda los 3.200 pesos. Igualmente, la gestión municipal cuenta con sus 202 “jornaleros”, de unos 3.500 pesos.
En Catriel, las becas llegan a 270 personas, con pagos de 5.000 a 8.000 pesos. El Bolsón tiene las suyas con montos inferiores, unos 3.800 pesos. Allen encuadra al personal con la modalidad de “horas cátedra”, con pagos de unos 2.200 pesos.
En San Antonio se denominan “certificaciones”. Cobran de $500 a $800 pesos mensuales, con seguro de Horizonte y sin carga horaria.
Trabajan para instituciones intermedias y Deportes municipal. Algunos cumplen mantenimiento en el l hogar de día para chicos con discapacidad Ruca Nehuén, o los jardines del salón de usos múltiples de juntas vecinales.
En la provincia se estima que los precarizados superan el millar. Lo peor es que en todos los casos es el propio Estado el que lo hace.
El de Río Colorado es el escenario más visible
El conflicto en Río Colorado por el “blanqueo” de 54 trabajadores municipales alcanzó temperatura, llegando a la toma del municipio después de la fallida sesión legislativa. Sin embargo, con el espacio desocupado hoy dialogarán en la búsqueda de una solución. Con la mediación de Trabajo, el intendente Gustavo San Román se reunirá con el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El jueves se reunió la comisión especial del Concejo y la representación de ATE, con sus miembros locales y la delegada regional, Rosa Ñanco. El intendente no participó porque estaba en Viedma. Tampoco lo hicieron sus funcionarios, que argumentaron que no asisten a los “encuentros de aprietes que pretenden imponer ATE”.
El encuentro fue tenso. No faltaron los pases de factura y se dieron “chispazos” entre los ediles. El vice intendente, Eugenio Rodríguez Reig expuso documentación para explicar el constante déficits del municipio, lo cual imposibilitaba el pase a contrato de aquellos trabajadores. Narró que la coparticipación llega a $ 4.300.000 y la recaudación promedio de tasas está en los $ 2.500.000 frente a una masa salarial superior a los $ 7.800.000. Alertó que próximamente afrontará el pago de más de 2 millones de pesos en juicios perdidos.
En principio, Ñanco reclamó que el intendente revea la resolución Nº 158 donde se descuentan los días de paro. La delegada acusó a la gestión de San Román de inoperante y falta de intención de resolver el conflicto. “La herencia no es deseada para ningún intendente, pero sabía claramente con qué municipio se iba a encontrar y hacerse cargo”, resaltó Ñanco.
ADRIÁN PECOLLO – Diario Río Negro