La Fiscalía española dio ayer un paso decisivo contra el referéndum soberanista convocado de forma unilateral por el Gobierno de Cataluña -y prohibido por la Justicia- al pedir que se cite como imputados a los más de 700 alcaldes de la región que en los últimos días apoyaron la consulta, fijada para el 1 de octubre.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pidió a las Fiscalías de las cuatro provincias catalanas que investiguen a los alcaldes afines a la votación sobre la independencia y ordenó a la Policía su detención en caso de que no acudan a declarar.
El papel de los ayuntamientos es clave en la consulta, ya que la cesión de locales electorales es necesaria para la celebración del acto.
En un comunicado, el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al Gobierno catalán de la coalición Junts pel Sí (también separatista), anunció que sus alcaldes no obedecerán a la Fiscalía.
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