Mendoza sigue sin tener una norma similar. Según el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos pareciera que faltan pocos pasos.
El 14 de septiembre de 2016, y luego de más de una década de espera, el Congreso nacional sancionaba la Ley de Acceso a la Información Pública.
Unos años después, Mendoza sigue sin tener una norma similar. Según el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos la situación se presenta favorable y pareciera faltan pocos pasos.
En ese sentido, el organismo enumeró cinco razones básicas que sustentan la idea:
1.- Una ley de acceso a la información facilitará una democracia real y efectiva, pues favorece la participación ciudadana. Esta ley es un paso necesario que permite a los ciudadanos involucrarse en los procesos de toma de decisiones.
2.- El acceso a la información mejora la transparencia. Una ley obligará a los funcionarios públicos a poner a disposición de la ciudadanía, en forma constante, libre, gratuita, en formatos abiertos y en tiempo real, información de interés público sobre la actividad de realiza la entidad gubernamental.
3.- La ley de acceso a la información permitirá el control ciudadano del debido cumplimiento de la función pública, promoviendo la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.
4.- La ley mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. La norma permitiría a los ciudadanos acceder a datos relevantes sobre seguridad, cupos escolares, acceso a medicamentos, frecuencias de los colectivos, ayudándolos así a tomar mejores decisiones que impactan en su vida diaria.
5.- El acceso a la información pública en poder del Estado no es un capricho. Es un derecho humano, y como tal, fundamental. Una ley de acceso a la información permitirá el ejercicio efectivo de ese derecho.
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OPINIONES (3)
14 de septiembre de 2017 | 16:01
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alfredodallas
14 de septiembre de 2017 | 13:57
El derecho de acceso a la información resulta directamente de plurales tratados internacionales, y sentencia Corte Interamericana en el caso Claude Reyes. Asi como de la Const: gobierno republicano.Lo publico debe manejarse como publico, En los tiempos actuales y conforme modernas teconologías todo debe publicarse -hacerse público- en la web. Hoy es casi obsoleto pelear ley de acceso, DEBEN LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS actuar PUBLICAMENTE: poner todo en la web y responsabilizarse por su funcion
tatekieto
14 de septiembre de 2017 | 13:04
… qué será lo que tanto interés tienen en ocultar los ilustres provinciales, que no quieren homologar una ley nacional que bien podría llamarse «de sentido común» ? Hmmm!!!!
jcglsl
14 de septiembre de 2017 | 11:00
S.I.C.: «¿Estás de acuerdo con que se restablezcan los feriados puente?» Esta encuesta me llevó a sacar una cuentas. Si somos más cuarenta millones y la mitad son empleados públicos o niños subvencionados y de la otra mitad o más, son jubilados hayan o no pagado los aportes; nos queda el 12% de la población que es productiva. Según la AFIP tenemos un 40% de evasores de ese 12% que trabajan en negro, lo que se desprende que del 25% productivo que serían entre ocho y diez millones de personas, cuatro millones no hacen aportes ni pagan impuestos. Lo que me lleva a suponer que sólo seis millones somos los que trabajamos en blanco, aportamos y pagamos todos los impuestos. Aun de esos la mitad hace mal su trabajo y no saca un ride del 100%, lo que deja sólo tres millones o menos de pelotudos que mantenemos al resto.- Que recordemos son más de cuarenta millones de zánganos.- Esta deducción no está lejos de los porcentajes de la encuesta.- ¿No les parece? Yo, obviamente estoy en contra de los feriados puente.-
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