El PJ cree que se transfieren a las comunas “responsabilidades pero no recursos” y que no todas podrán estar a tono con sus obligaciones.
La modificación de la ley de Tránsito se prepara para el último y definitivo debate. Hoy, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la cámara de Diputados, comenzará a trabajar en el proyecto que incluye novedades en la materia, pero que tiene como punto central la transferencia del control vial a las municipalidades.
Este punto es el más polémico y es el que motivó que la norma saliera sin la aprobación de los senadores del Partido Justicialista (PJ).
Ahora, en la otra cámara, el partido opositor insistirá con los cuestionamientos por considerar que “se transfiere responsabilidad sin recursos”.
Con esta disidencia, plantearán una alternativa en la reunión de hoy: que la aplicación sea optativa para las comunas.
La propuesta se escuchará en la reunión de LAC de hoy, a la que asistirá el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul.
Allí mismo se comenzará a estudiar el texto que, además de la transferencia, plantea nuevas regulaciones en materia tránsito.
A partir de que entre en vigencia la modificación a ley de Tránsito, será obligatorio el uso del cinturón de seguridad en la parte trasera del auto y el uso de un sistema especial de retención para los menores. También será obligatorio para los ciclistas el uso de casco homologado y luces para su rodado. Esto, entre otros cambios.
¿Alcanza o no?
Las nuevas disposiciones para andar en la calle no tienen cuestionamientos por parte de la oposición. En cambio, el voto negativo que adelanta el PJ se enfoca en la nueva responsabilidad que tendrán los intendentes.
Tal como quedó redactado en la sanción del Senado, habrá 3 etapas que van de los tres meses al año, para que los 18 departamentos de Mendoza creen sus preventores (policías) y juzgados administrativos municipales.
El control y juzgamiento del tránsito les permitirá a los intendentes quedarse con el dinero proveniente de las multas. De allí que el radicalismo sostiene que el sistema puede sostenerse, por lo que justifica la decisión del gobernador, Alfredo Cornejo: no habrá partida presupuestaria para la aplicación.
Según defienden, con el dinero de coparticipación que llega a las comunas y que está al día, los 18 intendentes podrán generar la estructura, que consiste de nuevos policías municipales y jueces locales.
“Es una facultad que se puede transferir perfectamente, está en orden con la autonomía municipal. En cambio, Vialidad Provincial va a tener que hacerse cargo del control de rutas y mantenimiento de los caminos”, consideró el diputado Jorge Albarracín (UCR), presidente de LAC.
La propuesta radical es cuestionada por el PJ. Según entienden, la realidad de los departamentos más alejados es distinta a la del Gran Mendoza, en donde ya funciona la policía vial municipal. Para tener en cuenta, en Capital, Godoy Cruz y Luján, funciona el sistema tal como lo propone la nueva ley.
En cambio, en Guaymallen y Las Heras, hay un procedimiento intermedio: existen los preventores pero sólo se limitan a controlar el estacionamiento medido o realizar tareas auxiliares de tránsito.
En las otras 13 comunas, directamente es la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) la que se encarga de la tarea. Las dudas en la oposición pasan por la aplicación en los departamentos denominados “chicos”.
“Hay municipios en los que es posible aplicarlo, pero en otros es un despropósito. Por ejemplo, en Lavalle hay 6 cuadras de centro. ¿A quién le van a cobrar las multas? ¿A la gente humilde que va a hacer un trámite? En cambio, en el Gran Mendoza, pasan vehículos de otros departamentos”, cuestionó la diputada justicialista, Carina Segovia, y planteó su alternativa: “Nosotros vamos a plantear que sea optativo y lo apliquen aquellos en los que se puede”.
Reaparición, agradecimientos y críticas
El gobernador, Alfredo Cornejo, se reincorporó ayer a la agenda local, luego de una semana entera de ausencia. Desde el lunes al viernes pasado, estuvo en Estados Unidos con diferentes reuniones de carácter financiero.
Ayer se reincorporó y una de sus primeras tareas fue reunir a todo su equipo y a la prensa, en lo que fue un acto de promulgación de la ley del Plan de Ordenamiento Territorial. Al final, no habló con los medios de comunicación que estaban allí, aunque sí dejó algunas definiciones políticas en su discurso.
En primer lugar, destacó la importancia de esta nueva norma, a la luz del crecimiento desordenado de la provincia en los últimos años.
También agradecido a los distintos actores que participaron en el proceso, y destacó que la ley salió por “casi unanimidad”, gracias al voto afirmativo del PJ. En cambio, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) votó en contra. De allí el “casi” que repitió en varias ocasiones.
También recordó aquella sesión en el Senado, en la que debía tratarse la norma y el PJ no entró, por lo que dejó sin quórum el recinto y la sesión no pudo realizarse. Aquel día quedó expuesta la fractura de los dos radicales díscolos: Walter Soto y Raúl Ferrer.
En su exposición, también le dedicó un apartado a las gestiones anteriores. “No fue sólo la corrupción la que hizo que Mendoza creciera en forma desordenada, sino también la falta de profesionalismo. Claro, que la falta de profesionalismo es un campo para la corrupción”, criticó, sin dar nombres, el Gobernador.
Cinthia Olivera – colivera@losandes.com.ar – Los Andes