Hace años está pendiente en el país una definición respecto de una ley de coparticipación federal, un mandato constitucional que hasta ahora no se ha cumplido.
Apenas días habían transcurrido del cambio de autoridades nacionales y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunciaba que el gobierno tenía tomada la “decisión política” de plantear la discusión de un ordenamiento de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, que implicaría la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
Un año y medio ha transcurrido de entonces y al menos para Entre Ríos en cuatro frentes el análisis de este tema está presente: la Comisión Federal de Impuestos, el Consejo de Responsabilidad Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Senado nacional. En cada caso, son distintas las circunstancias y modalidades por la que este debate cobró vigencia, así como también los tiempos. Es que mientras en los ámbitos donde están representados todos los ministros de Economía, este asunto se presentó tan pronto como se inició esta gestión, la Corte se volvió protagonista en el mes de mayo de este año, a propósito de decisiones tomadas con relación a una presentación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por último, desde Entre Ríos, recientemente, la senadora Sigrid Kunath presentó un proyecto en el convencimiento de que es el Senado el ámbito natural de debate de este tema.
EN LA CORTE. En la segunda quincena de septiembre vence el plazo para que la provincia responda a la notificación comunicada desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el trámite que sigue la demanda interpuesta por la provincia de Buenos Aires para que declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078. Se trata de la ley de presupuesto de 2006, que prorrogó la detracción del 15% de la recaudación de varios impuestos, entre ellos, Ganancias.
“Estamos trabajando junto con el fiscal de Estado y en comunicación con el resto de las provincias, excepto Buenos Aires, que también a nivel de fiscales de Estado y ministros de Economía tratan de analizar el tema, que es muy complejo”, respondió ante la consulta periodística de EL DIARIO, el ministro Hugo Ballay.
A pesar que tal contestación aún no está definida, lo que desde ya se da por seguro es que una resolución a favor del planteo del gobierno de María Eugenia Vidal, impactaría negativamente en las arcas provinciales. “Entendemos que perjudicaría a todas las provincias, excepto a Buenos Aires, cualquier medida que se tome en sentido contrario a la actual distribución”, anticipó el funcionario, antes de recordar la estimación hecha desde Entre Ríos: “Si se aplicara la inconstitucionalidad tal cual la plantea Buenos Aires, estimativamente en el presente ejercicio el impacto sería de 3.500 millones menos para la provincia de Entre Ríos”.
IMPUESTOS Y RESPONSABILIDAD FISCAL. La provincia de Entre Ríos a través del titular de Economía participa mensualmente en la Comisión Federal de Impuestos, que conforman todos los ministros provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el gobierno nacional. “Hay un trabajo hecho por la Comisión Federal de Impuestos y otro acercado por el Ministerio del Interior y, sobre esas dos alternativas se dispuso que se trabaje”, explicó Ballay a esta Hoja cuando se le solicitó una actualización sobre el estado del debate de esta cuestión en los ámbitos generados desde los poderes ejecutivos.
“En la Comisión Federal de Impuestos se creó una comisión donde hay un representante del gobierno nacional y dos por el resto de las provincias”, responsabilidad que asumieron el ministro de Salta y el de Entre Ríos, tal como indicó el propio Ballay al dar cuenta que con su par salteño “estamos dentro de los tres que están analizando esos dos trabajos”.
Las definiciones que allí pudieran surgir se destinarían “a reglamentar el régimen de coparticipación, modificarlo, crear una nueva ley”, dijo dando idea de un final incierto, sin dejar de advertir que “debemos ser muy cautos en esto. Es una ley convenio que necesita no solo la aprobación del Congreso Nacional sino de todas las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Sobre plazos, el ministro no dio precisiones. En cambio, comentó que “el gobierno nacional obviamente está muy interesado en este tipo de cosas, pero yo veo que lograr algo consensuado entre todos, va a demandar un tiempo importante”.
Reiteradamente se dan a conocer requerimientos que los estados Nacional y provinciales se exigen y que se leen como condicionantes para avanzar en este debate. Cuando se trató de obtener precisiones al respecto, Ballay se refirió a otro ámbito que funciona mensualmente integrado por el conjunto de las jurisdicciones. “En otro esquema que se reúne mensualmente, el Consejo de Responsabilidad Fiscal, obviamente este es el tema en discusión. Hay una ley de Responsabilidad fiscal que en realidad, hoy no se aplica en su totalidad, pero no se aplica –puntualizó–, fundamentalmente, porque el primero que no cumple con los parámetros es el gobierno nacional. Entonces, hay algunos artículos que no están vigentes. Igualmente, nosotros –en el caso de Entre Ríos– estamos dentro de los parámetros que marca esa ley en cuanto al nivel de endeudamiento, al nivel de la carga de capitales e intereses de deuda respecto de los ingresos del ejercicio. O sea, independientemente que no estén vigentes, la provincia de Entre Ríos está dentro de los parámetros que establece la norma”, aseguró. En cuanto a planta de personal –otro aspecto, que con frecuencia se escucha–, añadió: “Hemos demostrado y lo hacemos mensualmente en la carga de personal que no ha habido incremento en la cantidad y el gobierno nacional hace bastante hincapié en esto de tratar de no incrementar el empleo en el sector público”, admitió.
Al Senado Nacional
La senadora entrerriana Sigrid Kunath, con el apoyo de otros nueve senadores y senadoras, presentó un proyecto para declarar la preocupación que generó la demanda del gobierno de la provincia de Buenos Aires para reformar la distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias, conocido desde su creación como Fondo de Reparación Histórica.
“Es necesario que la discusión por los fondos coparticipables a partir de la demanda bonaerense se dé en este Senado, órgano constitucional donde se encuentran representadas todas las provincias”, es lo que sostiene la legisladora.
“Eso lo comparto con la senadora porque realmente el Senado es el ámbito habitual donde están representadas todas las provincias, donde se ingresa todo lo referido a impuestos. Pero la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de ir a la Corte Suprema de Justicia y nosotros obviamente, al ser notificados, daremos todos los argumentos en defensa de los intereses de los entrerrianos”, reiteró el ministro Ballay.
Kunath sumó el acompañamiento de los senadores Pedro Guastavino (Entre Ríos), Marcelo Fuentes (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe) y las senadoras Norma Durango (La Pampa), Beatriz Mirkin (Tucumán), María Ester Labado (Santa Cruz), Liliana Fellner (Jujuy), Teresita Luna (La Rioja) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco) a la iniciativa de su autoría para declarar la preocupación por la demanda entablada por la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional para reformar la Ley Nacional 24.621 respecto a la distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias y manifestar que el Senado es el ámbito propicio para dar el debate.
La senadora por Entre Ríos marcó interés y preocupación de los estados provinciales así como la voluntad de dar el debate en el Congreso “teniendo en cuenta las implicancias que esto tiene para todas las provincias”, porque “en el hipotético caso de que por el cambio de las circunstancias fácticas, el tope resulte injusto e inequitativo, una declaración de inconstitucionalidad y el reconocimiento de la pretensión de la actora (Provincia de Buenos Aires) provocaría el mismo efecto adverso sobre el conjunto de las otras provincias”.
“Hoy sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que, al resolver una situación en particular, perjudicaría al resto del país. Esto daría pie a que cada provincia promueva nuevas demandas por la inequidad que un fallo de tales dimensiones generaría”, advirtió.
Fuente: EL DIARIO
– El Diario