Más de 10.000 familias viven en la precariedad, en
su gran mayoría conectadas en forma irregular a los servicios básicos como el agua, la luz y el gas.
Un relevamiento nacional de barrios populares puso en evidencia un panorama plagado de carencias. La Anses debe entregar certificados de vivienda.
En el extremo norte de la Argentina, en el último pueblito lindante con la frontera de Bolivia, se ubica Salvador Mazza. Desde allí vino Adela Draganczuk a Neuquén capital. Viajó con sus seis hijos algo más de 26 horas y recorrió casi 2,296 kilómetros para instalarse en el asentamiento “Rincón del Valle”, otra orilla, otro borde, otra punta.
La “chacarera para mi vuelta” dice en su primera estrofa: “Dejé mi tierra cantora/ Por conocer otros pagos/ Voy andando los caminos/ Pero mi alma está en Santiago”.
El alma de Adela no quedó en el norte, está gustosa de vivir en el sur.
“Allá está muy feo, con los jóvenes especialmente. Todavía no volví. Hace cuatro años que estamos aquí, con mi esposo. Él vino antes, está en la construcción, ahora trabaja en una empresa, en Añelo”, contó.
Su casa está contigua a un basurero y enfrente a una cisterna del EPAS. De ahí se provee de agua. “Pedimos permiso y tiramos mangueras”, explicó.
Se calefacciona con caloventores. Ya no usa leña porque una de sus hijas tenía problemas respiratorios. Cocina con gas de garrafa. El 13 es la línea de colectivo que más cerca la deja. La distancia no le significa un problema. “Lo que yo estoy acostumbrada a caminar allá en mi pueblo”, sonrió.
Al lado de su vivienda está la familia más joven del barrio. “El único que pone música soy yo”, señaló Andrés Vivanco, que construye la habitación para su hija de tres años.
Llegó al barrio hace cuatro años. “Hago pintura”, manifestó. Insiste con que la gran deuda es la urbanización.
En la provincia de Neuquén hay 10.572 familias viviendo en asentamientos informales. El 82,1% tiene acceso al agua a través de una conexión irregular a la red pública; el 73,8% cuenta con desagüe sólo a pozo negro, ciego u hoyo, excavación a tierra; el 78,6% tiene una conexión irregular a la red pública de energía eléctrica; el 71,1% se calefacciona con leña o carbón; y el 97,6% utiliza gas de garrafa para cocinar.
Los datos surgen del relevamiento que realizaron organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Cáritas y Techo.
El decreto 358 del poder Ejecutivo nacional creó el “Registro de barrios populares en proceso de integración urbana”, que está compuesto por aquellos que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo, ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.
La norma, además de poner en marcha el registro, establece que la Anses deberá entregar “certificados de vivienda familiar” a quienes fueron relevados por las organizaciones.
El documento les permitirá a las personas acreditar su domicilio y será válido ante cualquier autoridad pública, nacional, provincial, municipal o empresas privadas. También podrán solicitar la instalación de servicio, el CUIL, prestaciones de salud, previsionales y educativas.
“Nosotros hacemos mucho hincapié en el certificado porque es un avance considerable en lo que es la lucha de tierra y vivienda en el país”, aseguró ayer Emanuel Urrea de CTEP, durante la conferencia de prensa que brindaron representantes de las organizaciones, y que incluyó la presencia del padre Rubén Capitanio de la Pastoral Social.
Mariana Bascuñán, directora general de Techo de Neuquén y Río Negro, señaló que la Anses no emitió ningún certificado hasta el momento en la Neuquén capital.
“Se desconocía totalmente la información, entonces hoy no están siendo entregados”, señaló.
“Necesitamos que se regularice la toma. Todos queremos pagar, pero también que se conecte la red de cloacas y los otros servicios”.
Andrés Vivanco, de 28 años, vecino de una de las tomas en el norte de la capital.
Ni cloacas ni gas
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son los asentamientos irregulares en la provincia. El 82% tiene agua corriente por una conexión no autorizada
LAURA LONCOPAN BERTI – Diario Río Negro