La detención de Jorge Castillo, uno de los principales líderes de la gigantesca feria de la economía informal en La Salada, muestra con violencia y crudeza la realidad de un país con profundo deterioro social.
El episodio ocurre apenas dos semanas después de la crisis producida en Orán a raíz del decomiso de mercadería ilegal procedente de Bolivia. No se trata de hechos aislados ni de mera coincidencia, porque entre la frontera norte, las más de 600 ferias informales de todo el país y ese enorme centro de distribución junto al Riachuelo hay un hilo conductor, ya que todo forma parte del mismo circuito.
Es imposible lograr una estimación exacta del volumen de los negocios que se desarrollan en La Salada, porque todas las transacciones se hacen en efectivo y nada queda documentado. Los expertos calculan una recaudación anual de 23.000 millones de pesos. Según la CAME, el total de las «ferias americanas» del país mueve más de 70 mil millones de pesos por año.
El negocio dirigido por Jorge Castillo se abastece de un universo de ilegalidad que llega incluso a la violación de los derechos humanos. Los precios que se manejan en ese submundo, y que garantizan una demanda superlativa, se logran, en primer lugar, por la evasión fiscal; no pagan impuestos. Además, se abastecen de trabajo esclavo, la trata de personas para proveer de mano de obra privada de elementales derechos laborales, el contrabando regenteado por «patrones» regionales, socios de Castillo y de sus socios; Desarrollada al margen de la ley, se trata de una economía que se vincula al robo, la piratería del asfalto y hasta el narcotráfico.
Entre los colaboradores de Castillo figuran, como encargados de la seguridad interna y garantes del pago puntual de alquileres de locales, grupos de barrabravas de diversos clubes. Esas bandas son las que estos días se vieron golpeando a las mecheras dentro de La Salada pero que también están sospechadas de muertes no esclarecidas.
En su mansión cercana a Luján, Castillo intentó resistir a balazos la detención. Fue una conducta gangsteril, propia del contexto en que desarrolla sus actividades.
Tanto en La Salada como en la protesta de los bagayeros de Orán, la situación social de desamparo de quienes viven de esas actividades aparece como pantalla de la ilegalidad y termina apareciendo como un justificativo de esas prácticas.
La dirigencia política y la Justicia son cómplices. La informalidad es también un negocio para quienes se aprovechan de la necesidad de la gente. La solución alcanzada en Orán es provisoria y solo explicable por la urgencia de evitar un estallido social.
La invocación de los «derechos de los trabajadores de la economía popular», hoy generalizada, es válida frente a las urgencias, porque la gente necesita trabajar, pero en el largo plazo, la idealización de la subsistencia solo agrava la calidad de vida de los sectores de menores ingresos.
Desde 1975, la pobreza del país se cuadruplicó, mientras que en los países vecinos retrocedió sensiblemente. Hay hogares donde viven tres generaciones de desocupados. El fenómeno debe atribuirse a falta de estrategias económicas a largo plazo y a falencias de la dirigencia. Pero hay un vicio de la práctica política que permite sacar provecho de esta decadencia: el clientelismo.
Las denuncias contra el exdirector de la Cooperadora Asistencial, Eduardo Cattáneo, despedido ahora como asesor de la vicegobernación por haber sometido a servidumbre a empleados del Estado son un reflejo de la misma realidad dentro de un país que vive al margen de la ley. Cattáneo, que no debió haber sido nombrado en ninguno de los dos cargos, se escudaba en una fundación benéfica, Recursos para el Desarrollo y la Inclusión, para retener parte de los sueldos del personal a su cargo y para desviar los dineros públicos. Así como La Salada se replica cientos de veces en el país, lo mismo ocurre con personajes como Cattáneo, que forman parte de las tradiciones políticas.
Es imprescindible vivir dentro de la ley. La economía en negro no solo es informal, sino también ilegal. Como es ilegal el clientelismo. Ninguno de estos males se corrige con paliativos: es imprescindible transparentar la economía, alentar la i nversión, generar empleo y utilizar l os fondos del Estado para mejorar la vida de la gente.
– El Tribuno de Salta