Diputados aprobó ayer la Ley de participación público-privada que impulsó el gobernador Omar Gutiérrez. Se regula la vinculación de privados como inversores y desarrolladores en obra y servicios licitados por la provincia.
Los contratos de participación público-privada para obras de infraestructura o prestación de servicios tienen ahora su versión local, tras la sanción de una ley provincial en la Legislatura. Los diputados dieron el visto bueno al proyecto del gobernador Omar Gutiérrez en la sesión del miércoles a la madrugada, pese a la oposición de varias bancadas a la iniciativa.
Fue aprobado en general con 20 votos a favor y 12 en contra, y pasará al tratamiento en particular en la sesión del 14 de junio.
“Esto se venía haciendo aplicando leyes existentes, pero acá se trata de generar una vía distinta, nueva. Es diseñar contratos desde el sector público donde se invite a participar a actores privados siempre a través de procesos transparentes, licitaciones públicas o concursos públicos, que buscan constituir una sociedad específica que preste algún servicio público o genere infraestructura pública”, explicó Mario Pilatti (MPN), miembro informante del proyecto.
La ley contiene alrededor de 30 artículos porque se decidió no adherir a la norma nacional sancionada este año en el Congreso, sino hacer una versión local.
Pilatti argumentó que será una herramienta que sirva para desarrollar la infraestructura que demanda la explotación de Vaca Muerta y “meter algo de lógica de empresa en algunas áreas de interés para el sector público”.
“Un ejemplo que se está intentando hacer, sin tener un marco legal específico, es Chihuido, donde un consorcio de empresas lo construye y lo financia en un plazo de cinco años, tiene 30 para operar la represa y recuperar la inversión a través de la venta de energía. Pasado el plazo, le transfiere la obra sin cargos a la provincia”, agregó.
Por la oposición se manifestaron los bloques del Frente para la Victoria, el FIT y Libres del Sur. “Se trata del ingreso regio para los negocios privados, donde el Estado siempre es el que pone las espaldas, los recursos y termina pagando por los buenos o malos negocios que hagan un puñado de capitalistas”, planteó Raúl Godoy (PTS-FIT).
Su par Raúl Podestá (FG-NE) calificó la ley como una nueva forma de flexibilización laboral “para evitar que las empresas paguen los daños y sólo obtengan los privilegios de estas políticas”. “Ya hemos tenido experiencias similares, con otros nombres. Este gobierno es la muestra más acabada de la patria contratista”, manifestó.
La ley es uno de los 21 proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en la apertura de sesiones.
“El Estado siempre es el que pone los recursos y termina pagando los buenos o malos negocios que hagan un puñado de capitalistas”,
cuestionó el diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) al oponerse a la iniciativa.
ANDREA DURÁN – Diario Río Negro