Por: Alejandra Dománico (*)
El caso: una mutual de ferroviarios de Pergamino pagaba desde hacía décadas la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), destinada a financiar los controles municipales en los locales. Según la mutual, nunca la inspeccionaron, por lo que pidió a la Justicia que declarara que no debía pagarla. Aunque la Cámara y la Suprema Corte bonaerense fallaron a favor del municipio, la Corte nacional revocó esa decisión y ordenó dictar una nueva sentencia. Un dato revelador: las únicas inspecciones que el municipio logró probar se realizaron después de iniciado el juicio.
Qué dijo la Corte
Sin servicio no hay tasa: si el contribuyente niega haber recibido el servicio, es el municipio quien debe probar que lo prestó de manera concreta, efectiva, individualizada y periódica. No basta con tener organizado un sistema de inspección.
Proporcionalidad del monto: lo recaudado debe guardar una relación razonable con el costo del servicio. Para impugnar no hace falta probar que la tasa es confiscatoria; si la recaudación excede desmedidamente ese costo, la tasa pierde su naturaleza y se convierte en un impuesto encubierto.
Para entender mejor el fallo y su trascendencia en la vida del vecino, es oportuno repasar: No es lo mismo impuesto que tasa. El impuesto se exige sin contraprestación directa, financia gastos generales del Estado (educación, salud, seguridad) y se determina por diversos factores como la capacidad económica del contribuyente: sus ingresos, bienes, ganancias; o el consumos. A su vez, pueden ser directos e indirectos y la Constitución establece quién tiene la potestad de cobrarlos.
La tasa, en cambio, es el pago por un servicio concreto que el Estado presta efectivamente al contribuyente, como la inspección de un local, la tasa de justicia para litigar etc. Si el servicio no existe, la tasa no tiene causa.
Ahora bien “los municipios son autónomos” (art. 123 de la Constitución Nacional), y tienen potestad recaudadora y su alcance lo fija cada provincia en su constitución debiendo estas garantizar esa autonomía. Entre sus ingresos esta lo que recauden por servicios prestados. Por la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 (art. 9 inc. b), las provincias se comprometieron a que sus municipios no aplicarían tributos análogos a los impuestos nacionales coparticipados. Las tasas por servicios efectivamente prestados quedan fuera de esa prohibición, y por eso son la herramienta habitual de recaudación municipal.
Hasta aquí todo es claro. El problema aparece cuando se usa el nombre de “tasa” para cobrar lo que en realidad es un impuesto. La Corte dejó claro que, sin servicio real o con un monto desvinculado de su costo, ese cobro es un impuesto encubierto.
En concreto
Quien paga una tasa municipal puede exigir que el municipio demuestre qué servicio le presta. Si el servicio no existe o el monto resulta manifiestamente desproporcionado frente a su costo, este fallo da una base firme para impugnar el cobro y reclamar.
(*) Abogada, exjuez de Paz letrada, integrante de la comisión directiva de Conciencia San Juan
Fuente: El Nuevo Diario