Funcionarios provinciales volvieron a respaldar públicamente la decisión del gobernador Claudio Vidal de autorizar excepcionalmente la transferencia de tierras privadas en Península de Magallanes, destinadas a un emprendimiento turístico vinculado con capitales extranjeros.
Esta vez fueron la ministra de la Producción, Nadia Ricci, y el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, quienes defendieron la operación y justificaron la política provincial de atracción de inversiones.
Ricci: “Esta es una transacción entre privados”
La ministra Nadia Ricci expresó su respaldo a la decisión del gobernador y cuestionó los argumentos de quienes se oponen a la autorización.
“Coincido plenamente con la decisión que ha tomado el gobernador a través del decreto que autoriza esta transacción entre privados. Quiero aclarar esto porque muchas de las cosas que se dicen realmente no tienen asidero en la realidad”, manifestó.
La funcionaria insistió especialmente en que no se trata de una venta de terrenos fiscales, sino de una operación inmobiliaria entre empresas particulares que necesitó una autorización excepcional del Poder Ejecutivo.
“Esta es una transacción entre privados, no se está vendiendo tierra que le pertenezca al Estado”, remarcó.
Ricci sostuvo que el emprendimiento permitiría incorporar una propuesta turística en un segmento que, según su evaluación, todavía no está suficientemente desarrollado en Santa Cruz.
También vinculó la operación con la política provincial de promoción industrial y generación de empleo privado.
“Cuando uno habla de empleo genuino, cuando uno habla de desarrollo, habla también de las oportunidades que generan este tipo de inversiones en la provincia”, señaló.
La ministra aseguró, además, que el proyecto tiene un estudio de impacto ambiental aprobado y que el Consejo Agrario Provincial ya remitió a la Legislatura la documentación solicitada.
A partir de esas afirmaciones, endureció sus críticas a quienes cuestionan la actuación del Gobierno.
“Todo el resto forma parte de un circo que para algunos puede resultar de alguna manera beneficioso”, expresó.
Ricci afirmó que el gobernador está posibilitando una inversión con los controles correspondientes y sostuvo que la operación se ajusta a la ley.
Críticas a los gobiernos anteriores
La titular de Producción también llevó sus cuestionamientos al terreno político, al señalar lo que considera contradicciones en la postura de sectores de la oposición.
Afirmó que quienes actualmente cuestionan la autorización del Gobierno provincial participaron anteriormente de decisiones relacionadas con operaciones inmobiliarias.
“Quienes hoy cuestionan este tipo de decisiones han sido quienes han no solamente autorizado transacciones similares, sino quienes han regalado, que no es lo mismo y no para el beneficio de los santacruceños, sino para el beneficio de algunos en particular”, manifestó.
Según Ricci, esas operaciones no se tradujeron en mayor empleo ni en beneficios económicos para el conjunto de la población.
También cuestionó a funcionarios actuales que, de acuerdo con sus afirmaciones, participaron de aquellas decisiones mediante su firma o expresaron entonces su conformidad.
La ministra no identificó en estas declaraciones las operaciones ni los funcionarios específicos a los que hacía referencia.
Su posicionamiento coincide con los cuestionamientos que Claudio Vidal viene formulando contra los gobiernos kirchneristas al defender la operación de Península de Magallanes.
Gamboa: inversiones para generar turismo durante todo el año
Por su parte, el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, respaldó la política provincial de búsqueda de inversores internacionales y planteó que Santa Cruz necesita ampliar su infraestructura y diversificar su oferta para competir con otros destinos.
El funcionario sostuvo que la provincia cuenta con atractivos naturales de relevancia internacional, pero que resulta necesario transformarlos en oportunidades económicas y laborales.
“Chile desarrolla una oferta turística internacional vinculada a sus paisajes naturales. Otras provincias argentinas también incorporan inversiones y cadenas internacionales. Santa Cruz tiene condiciones para competir y transformar su potencial en más trabajo para nuestra gente”, expresó.
Uno de sus principales argumentos fue la necesidad de reducir la estacionalidad de la actividad turística, que condiciona la continuidad del empleo en numerosos destinos.
“No podemos permitir que nuestra actividad funcione solo unos pocos meses al año. La llegada de inversiones de calidad y el fortalecimiento de la infraestructura nos van a permitir sostener la demanda durante las cuatro estaciones”, afirmó.
Gamboa consideró que la incorporación de nuevas propuestas turísticas puede generar oportunidades no solamente para los establecimientos hoteleros, sino también para guías, transportistas, comerciantes, prestadores gastronómicos y proveedores locales.
Como ejemplos de inversiones internacionales mencionó Explora, la compañía chilena que tiene un establecimiento en la Reserva Natural Los Huemules, cerca de El Chaltén, inaugurado durante el gobierno de Alicia Kirchner.
También citó los casos del Gran Meliá Iguazú, en Misiones, y el proyecto Anantara Ushuaia Patagonia Resort, cuya apertura está prevista para 2028.
“Las inversiones internacionales y la incorporación de nuevas propuestas pueden conectar nuestros destinos con otros mercados. Nuestro objetivo es que eso se traduzca en empleo santacruceño y más actividad para guías, transportistas, comercios, gastronomía y proveedores”, sostuvo.
La defensa de los controles ambientales
Al referirse específicamente a Península de Magallanes, Gamboa hizo hincapié en la necesidad de compatibilizar los emprendimientos privados con la protección del patrimonio natural.
“Queremos hacer un hincapié absoluto en que todos y cada uno de los proyectos se evalúan bajo un riguroso criterio técnico y analítico. No hay margen para la improvisación ni para desatender las normativas”, aseguró.
El secretario de Turismo sostuvo que cualquier iniciativa dentro del área protegida debe cumplir las exigencias ambientales, garantizar el acceso a la información pública y someterse a los controles establecidos por la legislación.
“La atracción de inversiones y el desarrollo económico van de la mano del cuidado innegociable de nuestro entorno natural”, manifestó.
A diferencia de Ricci, que aseguró que el emprendimiento cuenta con un estudio ambiental aprobado, Gamboa centró sus declaraciones en los criterios que deben aplicarse a los proyectos turísticos, sin aportar nuevas precisiones sobre las autorizaciones específicas del Ecocentro.
Una sucesión de declaraciones en respaldo al Decreto 915
Los pronunciamientos de Ricci y Gamboa llegan después de otras intervenciones de funcionarios provinciales sobre el mismo tema.
El 28 de octubre, durante la presentación de la Ley de Promoción Industrial, Claudio Vidal volvió a defender la operación inmobiliaria y cuestionó las críticas recibidas.
“Nos cuestionan porque tomamos la decisión de acompañar a un privado que pueda vender su tierra para que venga un inversor a hacer un complejo de cabañas de lujo, y sí, es apostar al turismo, ¿cuál es el problema?”, expresó entonces.
El gobernador también lanzó acusaciones contra administraciones anteriores por operaciones con grandes extensiones de tierras y presuntos negocios inmobiliarios.
Este lunes 2 de noviembre fue el turno del presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.
Como informó Ahora Calafate, el funcionario aseguró que el proyecto de 24 cabañas debió modificarse para ajustarse al Plan de Manejo de Península de Magallanes, aprobado durante el gobierno de Alicia Kirchner.
Garay explicó que la propuesta original no cumplía completamente con las restricciones del área protegida y que el organismo exigió modificaciones antes de continuar su tramitación.
También aseguró que el CAP no autorizó una construcción solicitada para el Hotel Los Notros porque no respetaba las condiciones del Plan de Manejo.
El funcionario confirmó que el expediente fue remitido a la Legislatura y manifestó que espera ser convocado para brindar las explicaciones técnicas correspondientes.
Ahora, con las declaraciones de Ricci y Gamboa, el Gobierno provincial vuelve a insistir en tres argumentos: la legalidad de la operación entre privados, el cumplimiento de las exigencias ambientales y las oportunidades económicas que representarían las inversiones internacionales