El problema comienza en el origen de la intervención. El Gobierno nacional desplazó a las autoridades provinciales mediante una resolución administrativa cuya legalidad fue cuestionada judicialmente. Una decisión extraordinaria, sin antecedentes nacionales directamente equiparables acreditados, que abrió un conflicto institucional de enorme trascendencia.
La Constitución contempla medidas excepcionales, como la intervención federal de provincias y el estado de sitio, sujetas a procedimientos rigurosos. Aunque la intervención administrativa portuaria es jurídicamente diferente, tampoco puede utilizarse para desconocer competencias provinciales ni sustituir la legalidad por la voluntad política de los funcionarios.
Sin embargo, la ANPYN parece haber confundido una intervención administrativa con una autorización para actuar sin controles. Una clara muestra de este accionar es la secuencia de llamados a licitaciones con valores claramente desproporcionados, que da cuenta de presuntos sobreprecios millonarios para contrataciones innecesarias e injustificadas. Además, ya se ha generalizado la modalidad de contrataciones que pretende concretar la intervención: licitaciones presuntamente digitadas, conversaciones indebidas con contratistas y la posible cartelización de empresas organizadas para apoderarse de las ganancias del puerto de Ushuaia.
Para justificar su desembarco, el organismo construyó un diagnóstico alarmante sobre la seguridad del puerto. Presentó deficiencias que, según sus argumentos, exigían desplazar a la administración provincial. Pero pocos meses después comenzó a transmitir un mensaje de normalidad, sin que se hubieran concretado las obras de infraestructura necesarias para explicar semejante transformación.
La contradicción es brutal. O el puerto nunca estuvo en las condiciones de inseguridad que se describieron inicialmente, o la seguridad que hoy se proclama necesita fundamentos técnicos que todavía deben explicarse.
En ambos casos, la ANPYN tiene una responsabilidad que no puede eludir: sus declaraciones instalaron incertidumbre sobre la confiabilidad de la principal puerta de entrada al turismo antártico.
Ushuaia no es un destino improvisado. Su prestigio internacional es resultado de décadas de inversiones, promoción y trabajo. Las compañías navieras planifican sus operaciones con años de anticipación y necesitan certezas, no funcionarios que modifican sus diagnósticos según las necesidades del momento.
Desacreditar la seguridad de un puerto para justificar su intervención y después proclamar que todo funciona correctamente, sin explicar qué cambió, constituye una contradicción que amenaza la credibilidad del destino.
Pero la situación adquiere mayor gravedad cuando se examina la relación de la intervención con los organismos de control.
La administración nacional enfrenta denuncias por obstaculizar inspecciones ambientales provinciales. En lugar de facilitar la fiscalización, mantiene conflictos con las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.
Resulta difícil imaginar una contradicción más profunda: una intervención que invoca la seguridad como fundamento de su existencia y, simultáneamente, es cuestionada por dificultar los controles que deberían garantizarla.
Y si la situación ambiental preocupa, la sanitaria no resulta menos inquietante.
Los episodios vinculados con hantavirus y la reciente intoxicación de pasajeros que habían desembarcado de un crucero en Ushuaia pusieron de manifiesto la necesidad de coordinación entre autoridades portuarias y sanitarias.
No existe evidencia suficiente para atribuir al puerto el origen de esos episodios. Precisamente por eso, resulta indispensable que las autoridades informen qué medidas preventivas adoptaron, qué protocolos aplicaron y cómo coordinaron sus actuaciones con los organismos competentes.
Sin embargo, la ANPYN no ha ofrecido explicaciones públicas suficientes sobre su intervención frente a estas situaciones. Una administración responsable no puede guardar silencio cuando aparecen hechos que pueden comprometer la salud de pasajeros, trabajadores o visitantes.
A estas contradicciones se suma otra particularmente delicada: el manejo de los fondos públicos.
La ANPYN denunció presuntos desvíos de recursos provinciales. Acusaciones graves que contribuyeron a desacreditar la gestión desplazada. Sin embargo, hasta donde se ha acreditado públicamente, esas imputaciones no fueron acompañadas por una denuncia penal ni por decisiones judiciales que confirmaran su existencia.
Mientras tanto, la propia intervención enfrenta una creciente judicialización. Según el relevamiento de los conflictos vinculados con su actuación, existen siete causas en trámite ante distintas instancias, incluida la Corte Suprema, la Justicia Federal y los tribunales provinciales.
Los cuestionamientos comprenden competencias institucionales, derechos laborales, obligaciones ambientales y transparencia en la administración de recursos públicos.
La paradoja es evidente: quienes llegaron denunciando irregularidades ahora deben responder por las que se atribuyen a sus propias decisiones.
Tampoco contribuye a despejar las dudas la política de designaciones.
El Gobierno nacional incorporó a Fernando Polizzi a la estructura local de la intervención, pese a los señalamientos públicos que lo vinculan con una investigación federal por presuntas irregularidades en el PAMI, relacionadas con una cifra cercana a los 1.500 millones de pesos.
Por su parte, Juan Avellaneda, identificado como uno de los denunciantes de los supuestos desvíos de fondos que alimentaron los cuestionamientos a la administración provincial, fue designado jefe de operaciones del puerto.
La coincidencia no acredita por sí misma una irregularidad, pero obliga a reclamar transparencia sobre los procedimientos de selección y las funciones asignadas.
Así, la ANPYN exige confianza mientras enfrenta cuestionamientos por su transparencia. Invoca seguridad mientras mantiene conflictos con organismos de fiscalización. Denuncia irregularidades ajenas mientras acumula controversias judiciales propias. Y proclama normalidad mientras sus decisiones alimentan la incertidumbre.
El problema ya no se limita a una disputa entre Nación y Provincia. Lo que está en juego es la reputación internacional de Ushuaia y la previsibilidad de una actividad estratégica para la economía fueguina.
Las navieras necesitan certezas. Los operadores turísticos necesitan estabilidad. Los trabajadores necesitan garantías. Y la sociedad necesita saber qué ocurre con un puerto cuya actividad sostiene una parte fundamental de la economía provincial.
Nada de eso se consigue desacreditando el destino, enfrentándose con los organismos de control y administrando la información pública como si perteneciera a los funcionarios.
La ANPYN debería comprender algo elemental: destruir la confianza resulta mucho más sencillo que reconstruirla. Una compañía naviera puede modificar sus operaciones rápidamente, pero recuperar una relación comercial perdida puede demandar años.
Los interventores pasarán. Sus resoluciones podrán revisarse. Sus decisiones deberán someterse al control judicial. Pero el daño sobre la imagen internacional de Ushuaia puede sobrevivir largamente a quienes lo ocasionaron.
La ANPYN llegó prometiendo seguridad, transparencia y orden. Hoy debe demostrar, con documentos, inversiones, controles y resultados verificables, que su intervención no está produciendo exactamente lo contrario.
El verdadero peligro para el destino Ushuaia ya no parece encontrarse en las condiciones de su infraestructura, sino en las consecuencias de una intervención que todavía debe justificar sus decisiones y demostrar sus resultados.
Y lo más grave es que, cuando finalmente termine esta intervención, quienes deban reconstruir la confianza internacional del puerto probablemente no serán los mismos que hoy están contribuyendo a deteriorarla.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados