La concejal Pía Felpeto, integrante del bloque opositor Juntos por Carlos Paz, presentó dos proyectos en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz con el objetivo de esclarecer las causas y las consecuencias del ciberataque que afectó semanas atrás a los sistemas digitales del Municipio. A través de estas iniciativas, la edila reclama documentación formal sobre lo sucedido y busca garantizar que los vecinos no sufran perjuicios económicos ni la exposición de su información personal.
En la primera de las propuestas, la edila elevó al Departamento Ejecutivo un pedido de informes detallado que deberá ser respondido en un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos. La iniciativa exige precisar el alcance exacto del ataque y confirmar si resultaron vulnerados datos sensibles, tributarios o financieros de los contribuyentes. Asimismo, requiere conocer cuáles eran los protocolos de seguridad activa y las copias de respaldo con las que contaba la Municipalidad al momento de la falla.
El planteo de la concejal también pone bajo la lupa las relaciones contractuales con la firma PGM Tools y el resto de los proveedores informáticos que prestan servicio a la comuna. La intención del proyecto es determinar los costos que afronta la ciudad por estos servicios, evaluar las obligaciones vigentes y definir eventuales responsabilidades ante la vulneración del sistema.
Por otro lado, la edila solicitó contemplar el impacto directo que la interrupción de los trámites genera en los contribuyentes. En este sentido, pidió que el municipio disponga prórrogas en los vencimientos de tasas y tributos locales, evitando el cobro de intereses o recargos a los ciudadanos afectados por la parálisis administrativa.
Una investigación independiente para resguardar los datos
Como segunda medida, la edila impulsó la realización de una auditoría externa urgente a cargo de profesionales o entidades especializadas que no tengan vínculos con las empresas salientes o contratadas. La propuesta apunta a determinar el origen de las fallas, preservar las pruebas informáticas y diseñar nuevos estándares de seguridad para prevenir futuros incidentes en la red pública.
En relación con el paquete de medidas presentado, la concejal remarcó que la responsabilidad municipal no concluye con la contratación de una empresa proveedora, sino que requiere un control permanente sobre los resultados. En esa línea, enfatizó que la comunidad tiene derecho a saber qué ocurrió con sus datos y con los recursos públicos, señalando que no resulta suficiente comunicar el hecho, sino que es necesario rendir cuentas ante los ciudadanos