Un estudio de Poliarquía revela cómo la minería ganó el apoyo del país, aunque las decisiones políticas se concentran en distritos que no tienen minas.
Por Elizabeth Pérez
Hasta hace apenas tres o cuatro años, pronunciar la palabra «minería» en cualquier café o redacción de CABA o Buenos Aires desataba un debate inmediato dominado por el rechazo o los temores de contaminación. Hoy, el panorama dio un giro histórico, según los últimos estudios de opinión pública de Poliarquía Consultores, que su director, Ernesto Cuccianovich desplegó en su visita relámpago a San Juan,
El consultor que hace tiempo viene incursionando en el ecosistema minero, realizando encuestas en todo el país sobre la actividad, aseguró que “nunca antes en la historia argentina la minería contó con tal apoyo de la ciudadanía y hasta hace muy poco tiempo atrás ni siquiera era posible encontrar este nivel de apoyo en la opinión pública”.
Respaldado en sus encuestas, Cuccianovich aseguró que el cambio en la calle se palpa: vecinos de las grandes ciudades que jamás vieron un yacimiento hoy se muestran a favor del desarrollo minero y más del 50% de los argentinos percibe que al sector le va «bien o muy bien», aunque admiten que desconocen cómo funciona técnicamente. “No entiendo mucho, pero si hay cobre y litio, vamos para adelante”, aseguró dicen ahora.
Las urnas y los recursos
La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 46% del padrón nacional. Si se suman Córdoba y Santa Fe, casi dos tercios de la opinión pública (64%) residen en provincias no mineras y es allí donde se define quién gana una elección presidencial.
Las diez provincias con potencial minero juntas no llegan al 16% del peso electoral del país. Y un distrito clave para el cobre como San Juan representa apenas el 1,2% de los votos nacionales.
Esta asimetría crea un escenario complejo: las decisiones institucionales y los programas de gobierno se dirimen en distritos que no tienen minas, pero cuyos electores ahora miran a la cordillera esperando que las divisas del cobre estabilicen la macroeconomía y financien el gasto público.
Según Cuccianovich, a medida que la minería se percibe como un negocio próspero, se despierta en la opinión pública nacional una pregunta inevitable: “¿dónde está mi parte?”. Así, en los grandes centros urbanos crece la expectativa de participar del derrame económico, ya sea a través de impuestos que recaude el Estado Nacional o de empleos indirectos.
En las provincias productoras de mineral, la mirada es localista: en San Juan, donde el apoyo a la actividad alcanza el 75%, apenas un 10% de los ciudadanos está dispuesto a que los beneficios del cobre se compartan con la Nación. La inmensa mayoría exige que la renta quede en la provincia para resolver demandas concretas: salud, educación y rutas encabezan las prioridades comunitarias.
La exposición del consultor también habló de que la política argentina está acostumbrada al ritmo de la tradición agrícola-ganadera, con ciclos anuales de siembra y cosecha y recaudación rápida. Y en cambio, la gran minería de cobre, demanda procesos de exploración y construcción que promedian 12 años antes de ver la primera tonelada producida. Por eso para Poliarquía el mayor riesgo ahora no proviene de los grupos antimineros tradicionales, sino del manejo correcto de las expectativas. Y hasta sugirió que el gobierno y las mineras creen un área o gerencia de expectativas. Porque los grandes anuncios de miles de millones de dólares pueden mutar rápidamente en desilusión