La entidad del campo advierte que bajar impuestos nacionales no servirá de nada si las provincias y municipios siguen aumentando sus tasas. Proponen un acuerdo con fuerza de ley que elimine gravámenes distorsivos y modernice el Estado.
Buenos Aires, sábado 24 octubre (PR/26)– Servimos a la Patria mejorando su producción. La Sociedad Rural de Rosario dio un fuerte apoyo al avance de la Reforma Tributaria impulsada por el Ministerio de Economía. Sin embargo, remarcó con firmeza que la única vía efectiva es convocar de inmediato a los tres niveles del Estado para trabajar coordinadamente.
Reducir un tributo a nivel nacional pierde todo su impacto si, en paralelo, aumentan los ingresos brutos provinciales y las tasas municipales. Esta incongruencia fiscal termina neutralizando cualquier beneficio real para los productores agropecuarios y las pequeñas y medianas empresas de todo el país.
El verdadero peso de la presión fiscal en el campo
La magnitud del problema queda reflejada en los datos económicos actuales. Cinco tributos clave—retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos, sellos y tasas municipales—recaudan cerca del 8% del PBI, financiando más de una cuarta parte del gasto público total.
En el plano provincial, Ingresos Brutos representa en promedio el 80% de los recursos propios, ostentando una alícuota efectiva cercana al 4%. Se trata de una cifra desproporcionada que, según la entidad, bajo ningún punto de vista debería superar el 1,5%.
Esta asfixiante presión tributaria se siente con extrema severidad en el corazón productivo de la Argentina. En la provincia de Santa Fe, el Estado Nacional se queda con el 53,9% de la renta agrícola, una cifra impactante que evidencia el desequilibrio existente.
El escenario se repite con similar o mayor gravedad en otras jurisdicciones clave. En Córdoba la retención estatal alcanza un dramático 56,9%, mientras que en Buenos Aires llega al 56,1%. Esto confirma la urgente necesidad de transformar el actual sistema de coparticipación.
Hacia un acuerdo fiscal duradero y con fuerza de ley
Existe un antecedente directo en esta materia: el Consenso Fiscal de 2017. Lamentablemente, aquel compromiso terminó desarmándose ante la primera crisis de financiamiento que atravesó el país, dejando al descubierto la fragilidad de los pactos puramente políticos.
Para evitar repetir los errores del pasado, la entidad sostiene que el nuevo entendimiento debe definir con precisión la financiación de la Nación, las provincias y los municipios, reduciendo los impuestos distorsivos y respaldándose estrictamente con fuerza de ley.
Los cinco ejes clave para transformar el sistema tributario
En primer lugar, la propuesta exige fijar un cronograma concreto para la baja y eliminación gradual de tributos distorsivos en los tres niveles: eliminar retenciones, unificar el IVA y remover el impuesto al cheque a nivel nacional.
Paralelamente, se plantea suprimir los ingresos brutos y el impuesto a los sellos en los Estados provinciales, sumado a la erradicación definitiva de las tasas municipales que cobran los distritos sin brindar ningún tipo de contraprestación o servicio efectivo a cambio.
En segundo lugar, se solicita reestructurar el Impuesto a las Ganancias sobre una base amplia y de aplicación general, garantizando que tribute toda persona que perciba una renta efectiva, finalizando de manera categórica con las excepciones sectoriales injustificadas.
En el esquema actual, apenas poco más de un millón de personas abonan este gravamen, lo que representa un exiguo 9% de los trabajadores asalariados. Sin embargo, las organizaciones remarcan firmemente que se debe proteger de este tributo a la clase pasiva.
Las jubilaciones deben quedar completamente al margen de cualquier retención, comprendiendo que los haberes previsionales son el resultado legítimo de décadas de aportes laborales continuos y bajo ninguna circunstancia pueden ser conceptualizados ni gravados como una ganancia.
El tercer pilar demanda erradicar de forma inmediata las jubilaciones de privilegio. En la actualidad, apenas doce personas perciben asignaciones vitalicias en su condición de expresidentes, exvicepresidentes o familiares directos con montos desmedidos.
A modo de ilustración, durante noviembre de 2025, estas asignaciones demandaron la friolera de 151 millones de pesos brutos en solo un mes, una suma equivalente a 375 jubilaciones mínimas. Existen proyectos legislativos sobre el tema y se exige su pronto tratamiento.
Como cuarto punto, se propone profundizar el achicamiento del Estado en sus tres estratos para volverlo eficiente. Se requiere menor estructura burocrática y reducir el gasto superfluo, orientando la capacidad estatal hacia áreas esenciales como infraestructura, sanidad, seguridad, justicia y educación.
Por último, la entidad insiste en acelerar la modernización laboral. Si bien se valora la aprobación de la Ley 27.802 como un paso inicial valioso, resulta indispensable avanzar de inmediato en su reglamentación definitiva para consolidar los cambios en el mercado.
El camino hacia la generación de empleo y el valor agregado
La segunda etapa del plan debe enfocarse prioritariamente en reducir los costos de contratación que asumen a diario las pymes. Este alivio resulta indispensable para dinamizar el mercado de trabajo y promover la inserción formal de más trabajadores.
Con la puesta en marcha de una reforma tributaria integral acoplada a la transformación laboral, la Argentina logrará posicionarse de una vez por todas como una nación próspera, capaz de generar empleo genuino y añadir valor a toda su producción.
De lo contrario, aislada de un contexto de reformas profundas y estructurales, la sola baja de retenciones resultará una medida completamente insuficiente para reactivar de manera sostenible y duradera la economía del país.