El Distrito Minero Mendoza Norte dio un paso clave en sus procedimientos ambientales.
Impulsa Mendoza presentó el Informe Ambiental Integral y los estudios particulares de 20 proyectos. El camino que queda por recorrer.
El plan minero de la provincia dio este miércoles un paso fundamental. El Distrito Minero Mendoza Norte avanzó en un proceso, desde el punto de vista institucional y de las inversiones, que resulta central para el desarrollo de la actividad. Es que Impulsa Mendoza Sostenible presentó ante la Autoridad Ambiental Minera los estudios ambientales correspondientes al distrito y, con ello, comenzó formalmente la evaluación de los proyectos de exploración incluidos en la iniciativa.
La presentación contempla un Informe Ambiental Integral para el área y los Informes de Impacto Ambiental particulares correspondientes a 20 proyectos que reúnen 65 propiedades mineras. El estudio fue elaborado por la consultora internacional Knight Piésold y abarca aspectos como agua, glaciares, flora, fauna, comunidades y patrimonio cultural, además de analizar eventuales impactos acumulativos si distintos proyectos desarrollaran actividades simultáneamente.
Pero detrás del anuncio existe una letra chica que será determinante para saber hasta dónde puede avanzar efectivamente el distrito. La presentación de los informes no significa que los proyectos estén autorizados para comenzar a explorar, ni mucho menos que exista una autorización para explotar minerales. Es, en realidad, el inicio de un proceso administrativo y ambiental que todavía debe atravesar varias instancias.
Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza Sostenible, explicó a MDZ Online que, a partir de ahora, el expediente ingresa en el ámbito de la Autoridad Ambiental Minera y comienza un recorrido que incluye distintos organismos y evaluaciones. “Ahora ya es un paso que se da hacia la Autoridad Ambiental Minera, que empieza a regirse en base al decreto 820 principalmente”.
Según detalló Piña, la autoridad deberá realizar su evaluación inicial y luego el expediente continuará con los organismos que correspondan para la elaboración de dictámenes sectoriales. Después llegará la instancia de audiencia pública y la activación de los protocolos previstos para este tipo de iniciativas. Finalmente, cada proyecto deberá obtener su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que en el caso de los proyectos metalíferos debe ser ratificada por la Legislatura.
El verdadero filtro para la minería
El punto central es que el informe presentado por Impulsa no reemplaza las evaluaciones individuales. Por el contrario, funciona como una base ambiental común sobre la cual deberán avanzar los proyectos. La compañía público-privada explicó que el estudio integral permite contar con una caracterización ambiental homogénea de un territorio de aproximadamente 5.500 kilómetros cuadrados y, sobre esa base, avanzar luego con los informes particulares.
Piña remarcó que el proceso no supone que todos los proyectos tengan necesariamente el mismo recorrido ni que la aprobación esté garantizada. “La Dirección Autoridad Ambiental Minera, si no coincide con lo que dice el informe, como ha pasado en el Sur o puede pasar acá tranquilamente, puede rechazar o pedir alguna modificación”. Y agregó que una situación similar puede darse con el organismo que intervenga como primer dictaminador, entre los que suelen encontrarse universidades públicas o privadas que se determinen.
Ese es uno de los principales puntos que pueden modificar el escenario inicial. Un proyecto puede ser observado, recibir pedidos de información adicional, requerir cambios o, eventualmente, ser rechazado si los organismos técnicos consideran que existen incompatibilidades ambientales o legales.
Piña puso como ejemplo el mecanismo que ya se observó en el Distrito Minero Malargüe Occidental, donde determinadas iniciativas fueron descartadas durante el proceso de evaluación. “Se acepta, se rechaza, se puede entrar en una discusión, como también te puedo decir: no te rechazo el informe, pero mejorame esto y lo otro”, detalló.
Qué puede frenar a un proyecto minero
Una de las cuestiones que tendrá especial relevancia será la relación entre las áreas donde se pretende explorar y las distintas sensibilidades ambientales del territorio. Desde Impulsa señalaron que para armar el distrito se excluyeron las áreas protegidas por ley. «Todo lo que involucre en el marco legal, definido como área de exclusión, fue excluido», afirmó Sebastián Piña, y mencionó como ejemplos al Parque Nacional Aconcagua y al Tupungato. Además, durante el proceso de adhesión de los proyectos se trabajó sobre cuestiones vinculadas con la situación catastral, superposiciones y aspectos legales.
“Nada de lo que nosotros estamos proponiendo está al margen de la ley o al margen de la protección ambiental”, sostuvo Piña. El CEO de Impulsa explicó que la caracterización ambiental realizada permite identificar diferentes niveles de vulnerabilidad dentro del territorio: “Cuando uno hace la caracterización ambiental de alguna forma, como que mete en la coctelera las características del ambiente y define zonas que pueden ser un poco más vulnerables o menos vulnerables”.
A partir de allí, cada proyecto deberá explicar de qué manera prevé mitigar los posibles impactos y, posteriormente, incorporar mayor información y planes de manejo concretos cuando corresponda.
En ese sentido, la propia naturaleza de la actividad que se busca impulsar también es un elemento a considerar. Lo que se encuentra bajo evaluación en esta instancia es exploración minera, una etapa previa a cualquier eventual explotación y que, según explicó Piña, tiene una escala de impacto diferente a la de un proyecto productivo en operación.
Bajar barreras a la inversión
Esta iniciativa llevada adelante por Impulsa Mendoza y a la que adhirieron los dueños de algunas de las cientos de propiedades con derechos mineros registradas en la zona tiene además una dimensión económica. La estrategia de la compañía busca que las empresas mineras puedan avanzar sobre un territorio con mayor información ambiental disponible y con una estructura común de evaluación.
El trabajo comenzó entre febrero y marzo, según explicó Piña, y demandó la elaboración de un estudio que calificó como “muy robusto” y “muy completo”. La elección de Knight Piésold se realizó mediante un concurso privado en el que participaron distintas consultoras. Según Piña, la adjudicación se definió a partir de criterios técnicos y económicos y respondió también a la búsqueda de una empresa internacional con experiencia en distintos países.
La lógica detrás de la inversión realizada por Impulsa es que ese trabajo funcione como una plataforma para acelerar las siguientes etapas y generar mejores condiciones para que aparezca capital privado. “Nosotros estamos invirtiendo para que los proyectos obtengan su declaración de impacto ambiental lo más pronto posible”. Y agregó: “Queremos alentar la inversión de estos privados”.
La ventaja, según explicó, es que los titulares de los proyectos parten de una base ambiental común en lugar de tener que reconstruir desde cero toda la información sobre el territorio. “No es lo mismo partir de un estudio integral de 5.000 kilómetros cuadrados y llegar a consultar internacional, que sea completamente homogéneo, que de ese informe se enfrenten los individuales”.
El esquema también contempla garantías exigidas a los titulares mineros para asegurar el cumplimiento de determinadas condiciones y avanzar con los compromisos asumidos para la presentación de los estudios.
El ordenamiento del riesgo
La estrategia tiene un objetivo adicional: elevar el estándar técnico con el que Mendoza aborda el desarrollo de la minería. Impulsa Mendoza reforzó su equipo técnico y creó una unidad específica de Geología y Ambiente. La intención, según Piña, es que el estudio tenga una calidad suficiente para dialogar con los distintos organismos técnicos que participarán en las siguientes etapas.
“Lo valioso de este ida y vuelta es que partís de una consultora de alto nivel, que está a la altura también de la calidad de los distintos organismos técnicos”. Vale aclarar que eso no significa que necesariamente vaya a existir coincidencia entre todos los actores que intervengan. “Pueden tener diferencias de criterios, ya de una ida y vuelta, tranquilamente puede ocurrir, porque bueno, también el ambiente tiene su forma de estudio y sus enfoques”, remarcó Piña.
El próximo paso en Mendoza Norte
Con la presentación realizada, el Distrito Minero Mendoza Norte dejó atrás la etapa de elaboración del estudio integral y entró en una instancia mucho más concreta: la evaluación administrativa y ambiental de cada iniciativa.
El expediente será revisado por la Autoridad Ambiental Minera, luego intervendrán los organismos y entidades técnicas que correspondan, habrá instancias de participación y finalmente deberá resolverse la obtención de las Declaraciones de Impacto Ambiental. En los proyectos metalíferos, además, esas declaraciones deberán ser ratificadas por la Legislatura.
En paralelo, los titulares deberán avanzar con sus propias obligaciones y con la ampliación de la información requerida para cada iniciativa. En palabras de Piña, el objetivo es que exista una conexión directa entre el potencial minero de la zona y las inversiones: “Hay una conexión muy importante entre lo ambiental y lo minero para un desarrollo sostenible del sector”, completó