Litio: quince años de una política de Estado

Litio: quince años de una política de Estado

Litio: quince años de una política de Estado

Opinión de Carolina Moisés.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron en 2025 un récord histórico: superaron por primera vez los 6.000 millones de dólares, cerca de un 30% más que en 2024, según la Secretaría de Minería de la Nación. El litio, con volúmenes crecientes aun con precios en baja, se confirmó como el mineral que define el futuro del Norte Grande. Y los precios ya se recuperaron: en el primer semestre de 2026, la tonelada de carbonato de litio promedió unos 19.000 dólares, el doble que en 2025, lo que anticipa un balance anual aún más favorable.

Jujuy es la tercera provincia exportadora de minerales del país y la principal productora de litio, con el 57% del total nacional. Cuatro de cada cinco dólares que exporta nuestra provincia provienen de la minería.

Cuadro demostrativo. Exportaciones mineras por provincia y producción de litio (2025)

Provincia Exportaciones mineras (millones de USD FOB) Participación en el total nacional Participación en la producción nacional de litio
Santa Cruz 2.383 39,5% —
San Juan 1.757 29,1% —
Jujuy 953 15,8% 57%
Salta 498 8,2% 15%
Catamarca 351 5,8% 28%
Resto del país 95 1,6% —
Total nacional 6.037 100% 100%

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Minería de la Nación 

Estos números no cayeron del cielo: son fruto de una decisión de Estado que Jujuy tomó hace quince años, cuando el “oro blanco” aún no era protagonista. En 2011 declaró estratégicas sus reservas de litio y creó Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que hoy participa con el 8,5% en Olaroz y Cauchari-Olaroz. Es soberanía sobre los recursos naturales ejercida desde el territorio.

A esa política se sumó una construcción federal: la Mesa del Litio, que Catamarca, Salta y Jujuy conformaron en 2021 junto a la Nación y cuyos gobernadores reclamaron en abril obras de infraestructura urgentes, justo cuando el gobierno nacional se retiraba de la obra pública.

En 2024 voté en contra de la Ley Bases en general, pero acompañé el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), convencida de que las provincias productoras necesitábamos atraer grandes inversiones. En Jujuy, su primer fruto es la ampliación de Cauchari-Olaroz: cerca de 1.200 millones de dólares de Minera Exar – la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y JEMSE – para llevar su capacidad de 40.000 a 85.000 toneladas anuales.

Bienvenida sea. Pero debo decirlo con claridad, aunque el gobierno nacional prefiera otro relato: el récord de 2025 no es hijo del RIGI, sino de Olaroz y Cauchari-Olaroz, que producen desde 2015 y 2023, y de la política provincial que los hizo posibles. Frente a los beneficios del régimen, la participación estatal, el compre local y la transparencia en la valuación de lo exportado no pueden quedar en consignas.

El trabajo genuino es la verdadera vara para medir cualquier modelo de desarrollo. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la minería jujeña sostuvo en 2025 más de 3.500 empleos directos registrados, y el gobierno provincial estima unos 6.000 indirectos y más de 300 pymes proveedoras, un centenar de ellas de comunidades originarias. La Cámara de Servicios Mineros de Jujuy (CASEMI), que nuclea a 86 empresas, defiende el compre local con un argumento que comparto: “los recursos son de las provincias”. No hay mejor política social que un empleo de calidad que permita a nuestros jóvenes quedarse en su tierra.

La cadena de valor también echa raíces en Jujuy: en el Parque Industrial de Perico, el grupo chino Tsingshan invirtió unos 120 millones de dólares en una planta de cloruro de hidrógeno y soda cáustica – insumos clave del carbonato de litio – que empleará a más de 200 personas. Ese es el camino: que cada tonelada de litio arrastre industria, conocimiento y trabajo genuino.

Con igual convicción sostengo que la minería del siglo XXI será sustentable o no será. En la Puna, el agua es el bien más valioso y frágil: ninguna inversión puede ponerla en riesgo. Los 175 monitoreos ambientales participativos que informa la Provincia son un buen punto de partida, pero hacen falta organismos de control con capacidad técnica, información pública y participación efectiva de las comunidades originarias, respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada.

Desde mi banca seguiré bregando por dos causas inseparables: el trabajo genuino y una minería sustentable, comprometida con la “casa común” y las comunidades de la Puna, y redituable no solo para las empresas, sino también para el Estado provincial y el pueblo jujeño. Que el desarrollo minero de Jujuy sea justo y quede en nuestra tierra no lo decidirá el mercado, sino las decisiones políticas que tomemos hoy

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