La disputa entre los proveedores mineros de las provincias productoras y los sectores empresariales con base en Buenos Aires por el esquema de compre local viene en aumento. Es in crescendo arrancó a principios de este mes con declaraciones del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, que cuestionaron la constitucionalidad de las leyes provinciales de cupo laboral y compra local. Siguieron con un comunicado de repudio de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin) y se reactivó en los últimos días de cara a las Rondas de Negocios RIGI que el Ministerio de Economía de la Nación organizará el 29 de octubre en Rosario, con el objetivo declarado de vincular a los grandes proyectos de inversión con proveedores de todo el país.
En Salta, el planteo nacional generó rechazo entre la cadena de proveedores locales. El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (Capemisa), Federico Russo, sostuvo que la discusión sobre la prioridad de contratación local «ya está zanjada» y que ni siquiera las propias empresas mineras la cuestionan.
«Nos desconcertó un poco porque es un debate que ya está zanjado y ni las mismas empresas mineras lo plantean. La contratación de empleo es algo que va más allá de lo legal hacia la licencia social», explicó en un comunicado distribuido por Capemisa.
El dirigente empresarial atribuyó buena parte de la aceptación social que goza hoy la minería en las provincias a la generación de empleo y al desarrollo de proveedores locales, que reinvierten sus ganancias en las economías regionales.
Propuso, además, avanzar hacia esquemas de asociativismo entre pymes provinciales y empresas de mayor escala, mediante figuras como las UTE (unión transitoria de empresas), para que las compañías locales sin espalda financiera o tecnológica propia puedan integrarse a los grandes contratos sin resignar participación.
También impulsa mecanismos de subcontratación, de manera que parte de los contratos que hoy quedan en manos de empresas con gran capacidad financiera se derive hacia proveedores provinciales con experiencia y personal capacitado.
Esa propuesta el dirigente la llevó a la Mesa del Litio, junto con el pedido de contratos de mayor plazo que permitan a los proveedores invertir y capacitar personal.
La chispa
En una conferencia organizada por Forbes, a principios de septiembre, Luis Lucero sostuvo que avanzar hacia un esquema sin cupos provinciales es «el escenario al que le gustaría ir o al que están trabajando para llegar».
El secretario de Minería de Nación explicó que «hay muchas provincias que han optado por el camino de establecer normas» que «exigen que los proveedores y los empleados sean de la provincia», con pisos de empleo local que, según describió, llegan «del orden de los 90% o del 70 o del 80».
En ese marco, recordó conceptos del ministro desregulador Federico Sturzenegger quien había calificado ese tipo de normativas provinciales como «jurídicamente hablando inconstitucionales porque son una aduana interior que frena la circulación de riqueza y de personas dentro del país, cosa que va contra la letra y el espíritu de la Constitución».
Lucero agregó su propia posición: «un argentino que creció en una provincia X debería poder ir a trabajar a otra provincia», y llamó a construir «un consenso federal» para que ese tipo de leyes «desaparezcan».
La Federación Argentina de Proveedores Mineros, que integra Capemisa junto a otras cámaras provinciales, respondió con un comunicado en el que acusó a Lucero de desconocer «la historia reciente de la actividad minera de Argentina».
La entidad sostuvo que la licencia social de la que goza hoy la minería se construyó «mediante el esfuerzo entre provincias, proveedores y empresas mineras para que la actividad genere verdadero valor en cada uno de los distritos», y advirtió que modificar ese esquema «podría atentar contra las inversiones por venir».
Competitividad, sin resignar prioridad
Más allá de la discusión sobre dónde deben radicarse las empresas, el trasfondo de la disputa pasa también por la competitividad: las compañías mineras necesitan proveedores que cumplan estándares de calidad, seguridad, precio, capacidad financiera y eficiencia, algo que las cámaras provinciales no discuten.
La diferencia está en cómo se construye esa competitividad: para los proveedores del NOA, se logra con capacitación, previsibilidad, financiamiento, tecnología y contratos de mayor plazo, no con la apertura lisa y llana a empresas de otras regiones. El objetivo, en esa lectura, es que los grandes contratos generen una cadena de oportunidades para las pymes locales, de manera que las empresas nacidas y desarrolladas en Salta, Jujuy o Catamarca alcancen, con el tiempo, escala suficiente para competir en proyectos de todo el país y de países vecinos.
En ese sentido desde Fapromin insistieron en que las empresas buscan operar «en lugares previsibles, sin conflictos, sin comunidades que se opongan, sin cortes de ruta ni cuestionamientos a su imagen pública», y que por eso una ruptura del status quo normativo terminaría poniendo en riesgo las propias inversiones que el Gobierno nacional busca proteger.
En tanto, la tensión entre el esquema provincial de compre local y el planteo de un compre nacional impulsado desde el centro del país sigue sin resolverse, y todo indica que va a seguir marcando la agenda del sector.
Rosario, en el centro de la última polémica
La discusión resurgió en las últimas semanas de cara a las Rondas de Negocios RIGI que organizará el Ministerio de Economía el 29 de octubre en Rosario, primera de una serie de encuentros pensados para vincular a los grandes proyectos de inversión con proveedores de todo el país. En ese contexto, Capmin, la cámara nacional de proveedores que preside Manuel Benítez, insistió en la necesidad de que las provincias se abran a empresas de otras regiones. La entidad planteó que la industria minera «requiere capacidades que, en muchos casos, exceden las posibilidades de una localidad o territorio determinado» y llamó a superar la dicotomía entre proveedor local y proveedor nacional mediante esquemas de integración: «Ambas empresas son proveedoras argentinas. Y forman parte de la industria, ambas contribuyen al desarrollo», señaló.
La respuesta de Fapromin no tardó. La federación federal confirmó que participará del encuentro de Rosario, pero reafirmó «el compromiso inquebrantable» que mantiene con los proveedores y las comunidades de cada provincia productora.
Para graficar los riesgos de un esquema sin prioridad local, apeló al antecedente de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca: recordó que, tras más de 20 años de producción, el yacimiento «no dejó en Catamarca lo que debería» porque las empresas contratistas llegaron de otras provincias, no tuvieron presencia física ni contrataron mano de obra local, y al retirarse dejaron como saldo «una fuerte resistencia a la actividad minera, que incluyó puebladas y acciones violentas».
La ley salteña
En Salta, el reclamo de los proveedores se apoya en la ley de promoción minera provincial que obliga a contratar entre el 40% y el 70% de trabajadores salteños o con residencia en la provincia, piso que se replica para la adquisición de servicios, obras, bienes e insumos locales.
El RIGI prevé, en tanto, un piso mínimo del 20% de contratación de bienes y obras a proveedores locales, sujeto a disponibilidad y condiciones de mercado. Pero la reglamentación nacional define como «proveedor local» a toda empresa argentina, sin distinción de la provincia en la que esté radicada.
En la misma sintonía
En Jujuy, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Javier Grenni, defendió el compre local con el mismo argumento de fondo: sostuvo que los recursos pertenecen a las provincias y que la cámara estará «del lado de las empresas de la provincia y de la mano de obra local». En Catamarca, los proveedores también reclaman reglas y herramientas que permitan ampliar la participación provincial en los proyectos de litio y cobre que se esperan para los próximos años.
Con la fecha de Rosario acercándose, la tensión entre el esquema provincial de compre local y el planteo de un compre nacional impulsado desde el centro del país sigue sin resolverse