La riqueza de los recursos no renovables es temporal. El desafío es convertirla en infraestructura, capacidades y oportunidades que permanezcan en los territorios para las próximas generaciones.
Dos especialistas proponen ampliar la mirada sobre las grandes inversiones extractivas: pasar del proyecto individual al territorio y transformar parte de una riqueza temporal en capacidades que permanezcan.
Los recursos naturales no renovables pueden transformar profundamente un territorio. Una gran inversión minera, energética o de infraestructura puede generar empleo, actividad económica, ingresos fiscales, infraestructura y nuevas capacidades. Pero existe una diferencia fundamental respecto de otros procesos de desarrollo: el recurso que genera buena parte de esa riqueza es finito.
La actividad puede extenderse durante décadas y la infraestructura permanecer por generaciones. Sin embargo, el recurso eventualmente se agotará. A partir de esa tensión, Lucila Lasry y Luis de Benito plantean una pregunta que consideran central para las regiones donde se desarrollan grandes proyectos: “¿Qué debería quedar en un territorio cuando el recurso que generó esa riqueza ya no esté?”
La reflexión forma parte del documento “Del Legado Territorial al Legado Intergeneracional: De la riqueza extractiva al legado territorial”, en el que ambos autores proponen ampliar la discusión sobre el impacto de las inversiones extractivas y pensar mecanismos que permitan que parte del valor generado permanezca en las comunidades y regiones mucho después de que termine el ciclo productivo.
Lasry es especialista en gobernanza territorial y desarrollo institucional y cuenta con más de 15 años de experiencia vinculada a industrias extractivas de gran escala. Su trayectoria se desarrolló en la interacción entre empresas, gobiernos, pueblos indígenas y comunidades locales, con foco en gobernanza colaborativa, fortalecimiento institucional y desarrollo territorial.
De Benito es ingeniero y acumula más de tres décadas de experiencia internacional en el desarrollo de infraestructura energética en América Latina, Europa, Medio Oriente y Australia. Su trabajo estuvo ligado a la planificación y ejecución de sistemas energéticos de gran escala y, progresivamente, a la relación entre infraestructura, territorio y gobernanza.
Del proyecto al legado territorial
Para los autores, el desafío no consiste solamente en generar riqueza durante el período de explotación, sino en transformar una parte de esa riqueza temporal en capacidades que puedan permanecer cuando la actividad haya disminuido o desaparecido.
A ese proceso lo denominan legado territorial, un concepto que excede la infraestructura física. Incluye capital humano, capacidades institucionales, diversificación económica, conocimiento, conectividad, servicios públicos y otras condiciones que permitan sostener el desarrollo de una región en el tiempo.
“En lugar de preguntarnos únicamente cuánto genera un proyecto, debemos preguntarnos qué parte de ese valor logra convertirse en una capacidad permanente para el territorio”, plantean.
La mirada supone también cambiar la escala. Los proyectos no funcionan de manera aislada: comparten rutas, agua, energía, trabajadores, servicios, instituciones, ecosistemas y comunidades.
Por eso, sostienen que cuando varios proyectos operan en una misma región, el territorio debería convertirse en la unidad desde la cual se piensa el legado, en lugar de que cada empresa defina de manera independiente sus inversiones y programas.
Un proyecto puede construir una ruta, otro ampliar la capacidad energética y otro generar empleo e ingresos fiscales. Sin embargo, la suma de esas inversiones no necesariamente genera desarrollo territorial.
Tres tipos de capital
Lasry y De Benito proponen distinguir tres dimensiones relacionadas.
La primera es el capital de proyecto, es decir, aquello que permite desarrollar y operar una inversión específica.
La segunda es el capital territorial, compuesto por las capacidades, infraestructura, servicios e instituciones que permiten que una región se desarrolle más allá de un proyecto particular.
La tercera es el capital intergeneracional, entendido como aquella parte del valor generado durante la explotación que puede preservarse para que las generaciones futuras también se beneficien de la riqueza producida por un recurso que ya no estará disponible.
Esta última dimensión conecta el debate territorial con antecedentes de la economía de los recursos naturales, entre ellos los trabajos de Robert Solow sobre equidad intergeneracional y la denominada Regla de Hartwick.
La Regla de Hartwick es un principio económico que establece que para lograr un desarrollo sostenible, un país debe reinvertir todas las ganancias obtenidas de la explotación de recursos naturales no renovables -como petróleo, gas o minerales- en otras formas de capital productivo, como infraestructura, educación, tecnología o capital humano.
En este sentido, el planteo de los autores desplaza esa discusión hacia una pregunta concreta: qué capacidades, instituciones, infraestructura y mecanismos de gobernanza permiten que la riqueza generada por un recurso agotable se proyecte entre generaciones.
San Juan, Australia y Santa Cruz
El documento analiza distintas experiencias para observar cómo los recursos provenientes de actividades extractivas pueden convertirse en inversiones y capacidades de largo plazo.
El caso de San Juan, a partir de la evolución de la actividad minera entre 2005 y 2025, permite observar obras de infraestructura, mecanismos institucionales y capacidades vinculadas directa o indirectamente con la minería.
La experiencia australiana de APLNG, en tanto, incorpora una perspectiva complementaria: el territorio aparece desde etapas tempranas como una dimensión de la planificación de largo plazo, junto con infraestructura, servicios, capacidades y desarrollo local.
Los autores aclaran que no identificaron en los casos estudiados un mecanismo específicamente concebido como patrimonio intergeneracional, segregado y protegido como tal. Por eso, plantean una nueva pregunta: cómo incorporar de manera explícita esa dimensión dentro de una estrategia de legado territorial.
En ese punto aparece el caso de Perito Moreno, en Santa Cruz, donde el Fideicomiso Municipal permitió vincular recursos asociados a una actividad extractiva con un proceso de diagnóstico, priorización, gobernanza y ejecución de proyectos.
La experiencia, según el documento, muestra que transformar recursos en desarrollo requiere algo más que dinero disponible. “Requiere información sobre el territorio, mecanismos de priorización, reglas de gobernanza y capacidades de gestión capaces de convertir las prioridades identificadas en proyectos ejecutables”, sostienen.
El documento también analiza el Fondo Fiduciario UniRSE de Santa Cruz, creado para canalizar aportes de empresas mineras hacia programas y proyectos de interés público. La comparación con Perito Moreno permite observar cómo cambia la lógica cuando la decisión se toma a escala municipal o provincial.
Cuando varios proyectos comparten un territorio
El problema adquiere otra dimensión cuando una misma región concentra distintas inversiones. Los proyectos pueden compartir infraestructura, trabajadores, proveedores, recursos naturales y comunidades, pero la planificación continúa muchas veces organizada de manera individual.
Los autores mencionan la experiencia en desarrollo en la cuenca de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, como un ejemplo de cómo una capacidad generada inicialmente alrededor de un proyecto puede trascender a la empresa y contribuir al territorio.
La formación de referentes comunitarios, impulsada por una empresa y el Ministerio de Minería provincial, aparece como un caso donde el conocimiento y las capacidades generadas pueden permanecer en las personas y fortalecer el diálogo en toda la cuenca. “Un proyecto puede dejar una obra. Un territorio puede construir una capacidad”, sintetizan Lasry y De Benito.
La diferencia es relevante: mientras una obra puede responder a una necesidad puntual, una capacidad institucional o humana puede multiplicar sus efectos y mantenerse más allá del ciclo de un proyecto.
Qué necesita un legado
A partir de las experiencias analizadas, los autores identifican algunos elementos que consideran relevantes independientemente del instrumento utilizado.
El primero es el territorio, que no necesariamente debe coincidir con los límites administrativos de un municipio o una provincia y puede estar determinado por una cuenca, una red de infraestructura, un mercado laboral o un sistema ambiental.
El segundo es el diagnóstico, para conocer las necesidades, capacidades y oportunidades antes de definir las inversiones.
Luego aparece la priorización, que permite determinar qué iniciativas generan mayor valor territorial.
El cuarto elemento es la gobernanza, con participación de gobiernos, empresas, comunidades y otros actores relevantes.
El quinto es la capacidad de ejecución, porque una prioridad que no puede transformarse en un proyecto viable permanece como una intención.
Finalmente, aparece una condición transversal: la preservación del valor en el tiempo.
El desafío, sostienen, es evitar que todo el valor generado durante el período de explotación se consuma junto con el recurso.
Hacia un legado intergeneracional
A partir de estos principios, Lasry y De Benito plantean la posibilidad de desarrollar mecanismos capaces de recibir una parte de la riqueza generada por actividades basadas en recursos no renovables, preservarla y orientar sus rendimientos hacia inversiones que aumenten las capacidades territoriales.
Una alternativa podría ser un fondo patrimonial territorial, aunque los autores aclaran que también podrían utilizarse mecanismos presupuestarios, contractuales o institucionales diferentes.
“El instrumento puede variar. El principio, no tanto: una parte de la riqueza generada por un recurso temporal debería poder convertirse en capacidades permanentes para el territorio”, afirman.
La propuesta no apunta necesariamente a crear nuevas instituciones. Por el contrario, plantea que la gobernanza territorial puede requerir una nueva lógica para articular las estructuras existentes alrededor de una visión de largo plazo.
El mecanismo debería poder responder preguntas como qué recursos recibe, qué parte preserva, qué territorio comprende, quién participa en las decisiones, cómo se priorizan las inversiones, cómo se ejecutan y qué reglas protegen el valor acumulado frente a cambios coyunturales.
En definitiva, el documento propone ampliar el horizonte de las grandes inversiones extractivas. No pensar solamente en lo que un proyecto genera mientras produce, sino también en lo que puede dejar cuando el recurso que lo originó ya no esté. Y allí aparece la pregunta que resume el planteo de los autores: “¿Qué heredará el territorio cuando el recurso que generó esa riqueza ya no esté?”