“A través de la Licitación Pública N°3/25, la comuna adjudicó la colocación de pórticos tecnológicos para el cobro de tarifas que alcanzan hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez). Se trata de una arteria de tan solo 5,1 kilómetros de extensión que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás”, indicó la entidad.
Sin contraprestación
Al no existir rutas o caminos alternativos de ingreso ni egreso para el tránsito pesado, “la medida opera en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto”, señaló, tras agregar que “Su valor es desmedido y no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial, generando un costo por kilómetro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del país, que se suman a la sobretasa del 2% por cada litro de combustible que la comuna cobra desde el mes de enero”.
Tras suscribir la denuncia iniciada por Fadeeac, la CAC pidió también la “urgente intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales correspondientes para disponer la inmediata suspensión de este peaje irregular y restablecer las condiciones normales para el desarrollo de la actividad comercial e industrial”.
Otros casos
Durante los últimos meses, la CAC se pronunció en contra de conductas similares a la que acontece en Ramallo, entre las que se destacan las aduanas paralelas internas, la creación de tasas municipales y la exigencia de impuestos como el mencionado gravamen aplicado al combustible, “que no hacen más que incrementar la presión tributaria subnacional, atentando contra el proceso de paulatina reducción de la carga impositiva que lleva adelante el Gobierno Nacional”.
“En esta línea -continuaron- resulta también paradigmático el caso de la provincia de Misiones, cuyos regímenes de recaudación, que se aplican sobre las cargas que transitan por el territorio, constituyen auténticas aduanas interiores que perturban la operatoria de las empresas, obligándolas a asumir costos adicionales, ya sea por las retenciones impositivas que se le aplican o por los desvíos que se ven empujadas a realizar para evitar ingresar a la provincia”.
“Estas distorsiones encarecen la cadena logística global y terminan impactando indefectiblemente en los precios finales o restando competitividad a las exportaciones, derivando en un perjuicio generalizado para la sociedad en su conjunto”, concluyó el organismo