La licitación para la provisión e instalación de 217 “semáforos inteligentes” para diferentes puntos del Gran Mendoza y la creación de un Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) entró en una zona de pausa legal, según puede observarse en un dictamen de la Fiscalía de Estado.
Se presentaron cuatro empresas y la Comisión Evaluadora recomendó preadjudicar la obra a la firma Tecnotrans por $4.605 millones. Sin embargo, la Fiscalía de Estado determinó que “no corresponde emitir una conformidad definitiva para adjudicar” hasta tanto el Ministerio de Gobierno responda y corrija una serie de inconsistencias.
El organismo encabezado por Fernando Simón pidió seis aclaraciones e hizo una recomendación clave: que la Asesoría de Gobierno también intervenga en el proceso, “atento a la trascendencia institucional, complejidad técnica y significativa cuantía económica comprometida en la presente contratación”.
Las tres principales observaciones se relacionan con el presupuesto, la elección de la empresa preadjudicada ante una oferta menor y la intervención del Consejo de Obras Públicas. También se destacan otros tres aspectos técnicos sobre la corrección del proyecto de norma legal, individualización de publicaciones y notificación de circulares y el control de Contaduría.
Un “salto” de $1.550 millones en el presupuesto oficial
El expediente expone una brecha económica entre los cálculos. En octubre de 2025, el Gobierno fijó el presupuesto básico de la obra en $5.177.721.693,56. No obstante, al autorizarse el llamado a licitación en febrero de 2026, el Ministerio fijó un techo autorizado de $6.731.038.201,63.
La Fiscalía advierte que existe un incremento no explicitado de $1.553.316.508,07 (un 30% más) y exige que el Gobierno incorpore la memoria de cálculo e índices que justifican semejante diferencia entre la estimación original y el monto autorizado a licitar. “Corresponde identificar en el expediente el cálculo y concepto de esa diferencia, sin equiparar ambos valores”, reza el escrito.
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La elección de una oferta $135 millones más cara
En el acto de apertura de sobres, la empresa Mantelectric presentó una propuesta por $4.469.860.096,00, resultando $135.305.674,00 más barata que la oferta de TECNOTRANS S.R.L..
Si bien la ley de obras públicas habilita al Estado a elegir la propuesta “más conveniente” y no únicamente la de menor precio, la Fiscalía recordó que el cuidado de los fondos públicos exige rigor. Por ello, le encomendó a la Comisión Evaluadora que explicite con puntajes y fundamentos técnicos objetivos por qué la oferta de TECNOTRANS justifica pagar un sobrecosto de $135 millones por encima de la opción más económica.
La polémica por el intento de usar semáforos “viejos”
La competencia entre las empresas no estuvo exenta de cruces legales. El pliego licitatorio establecía como requisito obligatorio la provisión de equipos totalmente nuevos. A pesar de esto, Tecnotrans presentó ofertas alternativas (denominadas “Variantes 1 y 2”) en las que proponía reutilizar 178 controladores usados que ya estaban instalados en la vía pública.
Mantelectric impugnó la maniobra argumentando que reciclar equipos degradaba la calidad exigida y rompía el principio de igualdad frente a quienes cotizaron todo a nuevo. La Comisión Evaluadora le dio la razón a Mantelectric, declaró procedente su reclamo y desestimó las ofertas variantes de Tecnotrans, dejando a esta última compitiendo solo con su propuesta básica (la cual terminó resultando la más costosa).
Falta la revisión del Consejo de Obras Públicas y piden intervención de Asesoría de Gobierno
Uno de los puntos más importantes del dictamen radica en la omisión de controles técnicos internos. Respecto al rol del Consejo de Obras Públicas -el organismo colegiado asesor que debe evaluar e intervenir obligatoriamente sobre las preadjudicaciones de obras provinciales de magnitud- Fiscalía detectó que en el expediente no consta la intervención de este Consejo dictaminando sobre la recomendación de adjudicación a Tecnotrans (o bien la fundamentación legal de alguna excepción que justificara evitar su paso).
Por último, dada la trascendencia institucional del proyecto, la complejidad técnica de la red de semáforos inteligentes y el millonario monto involucrado, Fiscalía de Estado concluyó aconsejando que la Provincia le dé intervención formal a la Asesoría de Gobierno para reforzar el control previo de legalidad antes de la firma de cualquier contrato.
Dónde estarán los semáforos
La implementación abarca sectores estratégicos de la Ciudad de Mendoza, incluyendo los corredores José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Salta (de Alem a Maipú), Rioja (de Beltrán a Barraquero), Patricias Mendocinas (de Godoy Cruz a Pedro Molina), Chile (de San Lorenzo a Godoy Cruz), Buenos Aires–Necochea (de Costanera a Perú), Gutiérrez–Lavalle (de Perú a Costanera), Paso de los Andes (de Andrade a Fader), Beltrán (de Costanera a Mitre), Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau (de Boulogne Sur Mer a Costanera), Morón–Peltier–Pueyrredón (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Emilio Civit (de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas), Godoy Cruz (de Perú a San Martín) y San Martín (de Godoy Cruz a Mosconi).
Asimismo, en esta etapa el sistema se amplía a sectores del departamento de Godoy Cruz, donde se intervienen el Corredor del Oeste, el corredor Paso de los Andes–Joaquín V. González (de Santiago del Estero a Pedro Benegas), San Martín (de Yrigoyen–Brasil a José Ingenieros) y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas (de Cervantes –Puente Olive– a Joaquín V. González)