Una tasa al tránsito pesado reavivó la pelea entre el Municipio de Ramallo y las cámaras empresarias. El Gobierno de Mauro Poletti asegura que el tributo rige desde 2002 y que ahora se modernizó el cobro. Transportistas denuncian un peaje encubierto e inconstitucional y cuestionan el costo del esquema.
La Tecla
La decisión del municipio de Ramallo de extender a todo el tránsito pesado el cobro de la denominada Tasa de Tránsito Pesado generó un fuerte rechazo entre las entidades empresarias y del transporte, que cuestionan tanto el mecanismo como el monto exigido a los camiones que ingresan al distrito.
El conflicto se centra en el acceso a Villa General Savio, por donde circula el transporte pesado que se dirige hacia el parque industrial y las terminales portuarias de la región. Se trata de un tramo de aproximadamente 5,1 kilómetros del ex Camino Provincial 87 que conecta con la Ruta Nacional 9 y que, según las entidades denunciantes, constituye el único ingreso habilitado para camiones al partido.
El intendente Mauro Poletti defendió la iniciativa meses atrás, cuando el Concejo Deliberante aprobó la concesión del sistema.
Según la denuncia presentada por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el esquema contempla un cobro de hasta $37.000 por cada ingreso de un camión, mientras que se adicionan otros $25.000 cuando la unidad accede a una planta industrial. Las entidades sostienen que, por sus características, el sistema se asemeja a un peaje y plantearon reparos vinculados con la libre circulación de mercaderías.
En respuesta, FADEEAC presentó el 17 de septiembre una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación y solicitó la suspensión de los mecanismos cuestionados. Entre sus planteos también aparece una tasa municipal del 2% sobre cada litro de combustible comercializado en las estaciones de servicio del distrito, vigente desde enero de este año.
Por otro lado, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires también acompañó los cuestionamientos. Las entidades calificaron al sistema como un “peaje encubierto” y plantearon que podría afectar los costos logísticos de las empresas que utilizan el corredor industrial.
La defensa de Poletti
Desde el Municipio de Ramallo rechazaron que se trate de un nuevo impuesto o de un peaje. La administración de Mauro Poletti sostiene que la Tasa de Tránsito Pesado está vigente desde 2002 y que hasta ahora era abonada solamente por un grupo reducido de empresas, entre ellas Bunge, Fiplasto, Xstorage, Loma Negra y la arenera Vázquez.
La modificación, según la explicación oficial, consiste en universalizar el cobro mediante un sistema automatizado de control y pesaje instalado en el acceso a Villa General Savio. De esta manera, todos los camiones que ingresen al partido quedan alcanzados por el mecanismo.
El Municipio también asegura que no existe una doble imposición: el pago realizado mediante el nuevo sistema reemplaza el esquema anterior de cobro para ingresar a las playas de las empresas. Además, afirma que los recursos se destinan al mantenimiento de la infraestructura vial, incluyendo bacheo, iluminación, señalización, corte de pasto y asistencia en la traza.
El esquema contempla además la construcción de una playa para camiones con sanitarios, duchas y servicios para los choferes. Para los transportistas radicados en Ramallo existe un régimen diferencial: un único pago diario habilitaría hasta diez ingresos al partido durante esa jornada.
Poletti había defendido la iniciativa meses atrás, cuando el Concejo Deliberante aprobó la concesión del sistema. En febrero, el intendente sostuvo que no se estaba creando una nueva tasa, sino modificando la forma de cobrar un tributo que tenía más de dos décadas de vigencia. También señaló que el incremento de la recaudación tendría impacto sobre las cuentas municipales.
El punto que encendió la mecha
Uno de los aspectos más controvertidos no es solamente la existencia de la tasa, sino la forma en que se instrumentó su cobro. El sistema fue adjudicado mediante la Licitación Pública N° 3/2025 a Plus Byte SRL, que tendrá a su cargo la instalación de pórticos tecnológicos, el pesaje dinámico y el sistema de identificación mediante tecnología TAG. La concesión tiene un plazo de 20 años.
Ese punto alimentó las críticas de las cámaras empresarias, que cuestionan que el mecanismo de percepción de una tasa municipal haya quedado vinculado a una concesión privada de largo plazo.
Desde el Municipio, en cambio, sostienen que la incorporación de tecnología busca transparentar y ordenar un sistema que anteriormente implicaba cobros manuales y en efectivo, además de permitir controlar el tránsito pesado y distribuir el costo del mantenimiento vial entre quienes utilizan esa infraestructura.
El conflicto promete ahora trasladarse del terreno político y empresarial al jurídico, donde deberá discutirse si las características concretas del mecanismo lo ubican dentro de una tasa municipal por servicios o si, como sostienen los transportistas, configura un cobro incompatible con las reglas de libre circulación