Las recientes declaraciones del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, generaron fuerte controversia en el sector productivo, tras cuestionar la constitucionalidad de los esquemas de empleo local implementados por las provincias mineras, al señalar que estas normativas podrían vulnerar el libre tránsito y la igualdad ante la ley.

Sobre esta temática, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (CAPEMISA), Federico Russo, dialogó con el programa Sin Vueltas de InformateSalta y expresó el desconcierto del sector ante los planteos nacionales, reafirmando que las priorizaciones a trabajadores y empresas provinciales son indispensables para la sustentabilidad de la actividad.

En relación con el debate abierto desde la administración federal, el dirigente remarcó que los mecanismos de contratación territorial forman parte de un acuerdo consolidado en la región. «Nos desconcertó un poco porque es un debate que ya está zanjado y ni las mismas empresas mineras lo plantean, la contratación de empleo es algo que va más allá de lo legal hacia la licencia social», analizó Russo.

Respecto a la postura de las compañías operadoras que invierten en la provincia, sostuvo que la inclusión de la mano de obra local está asumida por los inversores. «Si le preguntás a una empresa minera hoy por hoy, ni lo discute; contempla eso en su proyecto de inversión, capacita y promueve para que el proyecto sea aceptado por las comunidades», remarcó.

En cuanto al marco normativo vigente en el territorio salteño para los proveedores de la cadena de valor, detalló las herramientas de integración que contempla la legislación. «La ley local pide entre el 40 y el 70% según el proyecto y prevé mecanismos para trabajar en forma de UTE con empresas de otros lados, buscando la transferencia de tecnología y priorizando el desarrollo provincial», explicó.

Finalmente, al evaluar el impacto de la actividad minera en la economía regional y la necesidad de mantener el acompañamiento social en los municipios, Russo consideró desacertada la intervención nacional. «Creo que fue un planteo fuera de timing, los que conocemos el territorio sabemos lo que se trabajó para tener la licencia social y hoy más que nunca lo tenemos que cuidar», concluyó