El régimen reúne 48 iniciativas, sobre todo de energía y minería; en la fila de espera está Argentina LNG, de YPF, la mayor inversión de la historia del país, por US$51.000 millones
De ese total, 23 proyectos ya fueron aprobados y suman inversiones por US$49.766 millones. Otros 25 están en evaluación y comprometen US$159.713 millones, más del triple. De los aprobados, 12 corresponden a la minería.
El salto fue rápido. En febrero pasado, el régimen tenía 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones. En ese momento, el Gobierno decidió prorrogarlo por un año, hasta el 8 de julio de 2027, y amplió su alcance a la explotación y producción de hidrocarburos, con un piso de inversión de US$600 millones para los desarrollos en Vaca Muerta. La medida llegó cuando el barril de petróleo había perforado incluso los US$60, antes de que la guerra en Medio Oriente lo empujara por encima de los US$100. En siete meses, la inversión aprobada casi se duplicó.
En minería, los proyectos se dividen principalmente entre cobre y litio. El cobre concentra el mayor monto, con unos US$13.300 millones, según el cronograma de inversiones que publica Economía. Allí se destaca Vicuña, el proyecto de cobre y oro que desarrollan Lundin Mining y BHP en San Juan, con US$9024 millones, seguido por Los Azules, de McEwen, con US$2353 millones, y San Jorge, de PSJ Cobre Mendocino, con US$613 millones.
En energía, la división es otra. Por un lado, están los proyectos de producción y transporte de petróleo, como Rincón de Aranda, de Pampa Energía, con US$4521 millones; Los Toldos II Este, de Tecpetrol, con US$6400 millones, y el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que permitirá exportar crudo desde la costa rionegrina. Por el otro, los que buscan agregar valor al gas o industrializarlo. Allí aparecen la planta de licuefacción de Southern Energy (SESA), para exportar gas natural licuado (GNL); el gasoducto San Matías, que la abastecerá; la planta de fertilizantes de Pampa Energía, en Bahía Blanca, que producirá urea a partir del gas; la ampliación de Mega, para procesar más líquidos del gas natural, y la obra de TGS en el gasoducto Perito Moreno.
En la fila de espera aparecen los montos más altos. Argentina LNG, el proyecto de exportación de GNL que impulsa YPF junto con Eni y XRG, prevé una inversión de US$51.000 millones, la mayor de la historia del país. YPF también presentó LLL Oil, por US$25.000 millones, mientras que Chevron busca ingresar con El Trapial, por US$13.800 millones, y Glencore, con el proyecto de cobre El Pachón, por US$9500 millones, y MARA, por US$4000 millones.
“En un país normal, tal vez el RIGI es demasiado. En un país como el nuestro, hasta se queda corto”, señaló Dante Sica, fundador de Abeceb. Para el economista, el régimen “adelantó varias inversiones” que, sin ese marco, hubieran tardado más en concretarse.
Qué ofrece el régimen
El RIGI fue una de las políticas centrales del Gobierno para atraer capitales en sectores intensivos en inversión y de largo plazo. Está destinado a proyectos que superen los US$200 millones y garantiza estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, que se extiende a 40 para los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, lo que protege a las empresas de eventuales cambios en las reglas de juego.
Entre los beneficios, fija una alícuota del impuesto a las ganancias del 25%, por debajo del 35% general, y permite el acceso gradual a las divisas de las exportaciones, con un 20% de libre disponibilidad el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero. También exime del pago de derechos de importación y, durante los primeros años, de los derechos de exportación.
Uno de los puntos más valorados por los inversores es la posibilidad de elegir el ámbito de resolución de conflictos. Ante una eventual ruptura de contrato o un incumplimiento por parte del Estado, las empresas pueden recurrir a tribunales de arbitraje internacional. “Cambió el ámbito de litigar”, resumió Sica.
Para las compañías, esa previsibilidad es clave para acceder a financiamiento externo. Los grandes proyectos de energía y minería requieren varios años de construcción y décadas de operación, y los bancos internacionales exigen garantías de que las condiciones no se modificarán en el camino. Las empresas están obligadas a invertir al menos el 40% del monto mínimo de inversión durante los primeros dos años contados a partir de la aprobación de la solicitud de adhesión.
Aun así, en el sector privado advierten que al esquema todavía le falta una pieza. Los proveedores de las empresas que ingresaron al RIGI no reciben los mismos beneficios y compiten con fabricantes de otros países que tienen una carga tributaria menor que la argentina. Es uno de los reclamos que planteó la Unión Industrial Argentina (UIA), que busca que las pymes y las industrias locales que abastecen a estos proyectos puedan acceder a condiciones similares.
El planteo cobra relevancia a medida que se acerca la etapa de construcción de varios de los proyectos aprobados. Solo Argentina LNG prevé contratar bienes y servicios nacionales por US$15.000 millones, según informó YPF, una demanda que la industria local busca capturar.