El Gobierno Nacional, fiel al manual de la desregulación absoluta, apuntó recientemente sus cañones contra las leyes de compre y empleo local que defienden las provincias mineras. El mensaje de la Casa Rosada fue coordinado: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, advirtió que acotar la provisión a pequeñas empresas regionales impide generar economías de escala. Días después, en el Forbes Mining Summit, el secretario de Minería, Luis Lucero, redobló la apuesta calificando a estas normativas de “jurídicamente inconstitucionales” y tildándolas de “aduanas interiores” que traban las inversiones.
Para la doctrina macroeconómica libertaria, la única forma de consolidar un boom real de inversión en el cobre y el litio es borrando cualquier atisbo de proteccionismo. Sin embargo, la pregunta que surge para las provincias cordilleranas es inevitable: ¿cómo se sostiene la licencia social de las comunidades si el desarrollo de las pymes locales deja de estar resguardado por ley?
El mapa de las leyes provinciales bajo la lupa nacional
Las provincias que guardan el ansiado futuro económico minero de la Argentina reaccionaron de forma diversa ante la presión del mercado global y nacional:
San Juan: es el foco de la mencionada situación actual. Recientemente, la Legislatura aprobó la Ley N° 2827-M (Ley de Desarrollo Local Minero), impulsada por el Ejecutivo de Marcelo Orrego. Esta normativa establece metas ambiciosas como un 80% de mano de obra sanjuanina y un 60% de compras para proveedores locales a través del registro REPROMIN. Y aunque se encuentra en plena regulación, sus autores aclaran que funciona bajo la lógica de ordenar contrataciones y dar previsibilidad. Sin embargo, para la Nación, cruza la línea de la libre competencia.
Catamarca y el litio del norte: tradicionalmente aplican exigencias de empleo e inserción local del 60% al 70%. Al estar en pleno despliegue de la infraestructura del litio, el control sobre el impacto comunitario es su principal moneda de cambio para mantener la licencia social. En su mayoría, son provincias que incluso dificultan el ingreso de proveedores de otras jurisdicciones para trabajar vinculados al sector minero.
Santa Cruz: cuenta con una de las legislaciones más estrictas del país, exigiendo por ley un 50% del monto anual de obras, bienes y servicios para proveedores locales, otorgando además un margen de preferencia de hasta el 15% en las cotizaciones frente a firmas foráneas. Fue uno de los ejemplos implícitos en las críticas oficiales.
De la alianza por glaciares al cortocircuito de los proveedores
Lo más irónico de esta tensión es que venimos de un escenario de altísima articulación política. Recientemente, el Gobierno Nacional y los gobernadores cordilleranos —con San Juan a la cabeza— empujaron juntos la reforma de la Ley de Glaciares a través de la sanción de la Ley N° 27.804. En ese momento, la Casa Rosada y las provincias jugaron en tándem para modificar la histórica Ley N° 26.639, logrando acotar la protección estricta únicamente a los cuerpos de hielo con «función hídrica demostrable» y transfiriendo a las jurisdicciones mayor autonomía técnica para destrabar proyectos mineros multimillonarios.
Allí hubo sintonía total: la Nación devolvió la autonomía para apurar las inversiones y las provincias consiguieron la llave de sus recursos. Pero la luna de miel duró poco. El pragmatismo que unió a las partes para flexibilizar la normativa de glaciares hoy choca de frente con la rigidez doctrinaria de Buenos Aires, que no tolera los cupos provinciales para las pymes.
El factor político: el equilibrio de San Juan y el efecto Karina
La embestida nacional genera un fuerte ruido político, especialmente en San Juan. En mayo, la influyente Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, desembarcó con fuerza en la provincia para inaugurar la Expo San Juan Minera 2026. En ese evento clave, la sintonía entre Orrego y la Casa Rosada pareció total, fundamentada en la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones y la atracción de grandes proyectos de cobre como Vicuña, Los Azules, Pachón, Altar y muchos otros que vienen detrás.
Leído entre líneas, Orrego busca hacer equilibrio en una cuerda muy delgada: necesita el aval político e impositivo de la Nación para que la rueda empiece a girar, pero políticamente no puede entregar a las pymes locales. Mientras el RIGI Nacional sólo exige un piso del 20% de proveedores argentinos, San Juan plantó bandera con su 60% local para defender el derrame real de riqueza en el territorio.
Si la Casa Rosada decide judicializar leyes provinciales apelando a la inconstitucionalidad, el vínculo político podría sufrir fisuras importantes, un efecto un tanto indeseado de cara a las elecciones provinciales y nacionales del año que viene.
¿Qué dicen las grandes operadoras?
En las oficinas de las multinacionales conviven el alivio macroeconómico y el dolor de cabeza territorial:
Por un lado, celebran la música de Sturzenegger y Lucero: a las mineras les genera mucho ruido la ineficiencia logística. Las exigencias de compre local a veces se traducen en «estructuras planas» o intermediarios que encarecen los costos y bajan los estándares globales de seguridad y escala. El discurso oficial de libre competencia les calza como un guante.
Por el otro, temen el impacto en el territorio, donde de verdad sucede la minería: las empresas saben perfectamente que si las pymes de Iglesia, Calingasta, Jáchal o la Puna se quedan afuera del negocio por la importación masiva de insumos (como ya encendió alarmas en el sector metalúrgico), los conflictos sociales y los cortes de rutas van a golpear directamente las puertas de los yacimientos