La discusión sobre el destino de las regalías hidrocarburíferas sumó un nuevo capítulo en Mendoza. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia un esquema que permita utilizar parte de esos recursos para financiar el desarrollo productivo, las actividades vinculadas al sector petrolero y la generación de nuevas cadenas de valor.
La definición se conoció después de que la Federación Económica de Mendoza (FEM) reclamara la creación de un fondo permanente con una porción de las regalías que recibe la Provincia.
Latorre explicó que la actual legislación ya contempla una distribución de las regalías hidrocarburíferas entre la Provincia y los departamentos donde se desarrolla la actividad. Sin embargo, señaló que el Gobierno prepara una actualización de la Ley Provincial de Hidrocarburos y planteó que, en ese marco, existe margen para discutir un mecanismo similar al aplicado recientemente en materia minera.
“Próximamente vamos a estar presentando una propuesta de actualización de la ley provincial de hidrocarburos. Este es un tema que se puede dialogar con el sector privado”, sostuvo la ministra.
En ese sentido, puso como referencia la nueva legislación de regalías mineras, que destina el 88% de los recursos a Rentas Generales y establece además un fideicomiso orientado al desarrollo, la promoción de actividades conexas, la cadena de valor y las localidades donde se llevan adelante los proyectos.
El antecedente de las regalías mineras
El planteo de Latorre adquiere relevancia porque coincide con el debate abierto por la FEM sobre el destino de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales. La entidad empresaria propuso crear un fondo permanente de desarrollo productivo con un porcentaje de las regalías de petróleo, minería y energía hidroeléctrica.
El objetivo es que esos ingresos no se agoten en el gasto corriente, sino que se transformen en infraestructura, tecnología, financiamiento y capacidad productiva.
La propuesta empresaria contempla utilizar el fondo para facilitar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, comprar maquinaria, ampliar plantas, incorporar tecnología, mejorar la eficiencia energética, obtener certificaciones y desarrollar proveedores locales. También plantea créditos con plazos acordes con los tiempos de maduración de las inversiones productivas.
La coincidencia con el esquema mencionado por Latorre no implica, por ahora, que el Gobierno haya definido crear un fondo petrolero. La ministra habló de una posibilidad a discutir dentro de la futura actualización de la legislación hidrocarburífera y remarcó que el diseño debería contemplar también el diálogo con las empresas del sector.
El antecedente minero aparece así como una referencia para pensar un mecanismo que permita que una parte de los ingresos derivados de los recursos naturales vuelva a la economía mediante inversiones.
Mendoza busca aumentar la producción petrolera
La discusión sobre las regalías se produce en un momento de reconfiguración de la actividad hidrocarburífera mendocina. La Provincia busca extender la vida útil de los campos maduros, atraer nuevos operadores y avanzar en la exploración de la porción mendocina de Vaca Muerta.
El proceso de cesión de áreas impulsado a través del Plan Andes apunta precisamente a que empresas especializadas puedan recuperar producción en yacimientos que habían perdido prioridad para las grandes operadoras.
A esto se suma la exploración no convencional. YPF inició un nuevo período exploratorio de cuatro años en el área CN VII A, luego de resultados auspiciosos en Paso Bardas Norte y CN-VII y de inversiones superiores a los US$17 millones en la exploración mendocina de Vaca Muerta. El objetivo es avanzar con nuevos pozos horizontales y determinar el potencial productivo de los recursos no convencionales.
El Gobierno también viene utilizando incentivos para sostener inversiones en los campos convencionales. En Chachahuen Sur, por ejemplo, una reducción específica de regalías permitió que YPF destinara recursos a la recuperación del área, mientras que la Provincia mantiene el objetivo de incrementar la producción y la recaudación futura a partir de la actividad incremental.
En ese escenario, la discusión sobre las regalías empieza a exceder la cuestión estrictamente fiscal. El desafío que aparece para Mendoza es definir qué hacer con una eventual mayor recaudación derivada del crecimiento petrolero: si esos recursos se destinan principalmente a Rentas Generales o si una parte puede quedar afectada a un mecanismo de inversión que permita financiar infraestructura, empresas, proveedores y nuevas actividades económicas.
La definición quedará vinculada a la reforma de la legislación hidrocarburífera que prepara el Gobierno