Las definiciones fueron realizadas en una entrevista con Tiempo de San Juan, en la que el mandatario también habló sobre el conflicto territorial con San Juan, su relación con el Gobierno de Javier Milei y la reorganización del peronismo.
Quintela fue especialmente crítico del régimen nacional y sostuvo que estaría dispuesto a derogarlo. “El RIGI es el peor despojo que tiene la República Argentina”, afirmó durante la entrevista.Sin embargo, su planteo no implica un rechazo a la llegada de inversiones ni al desarrollo de la minería. Por el contrario, el gobernador sostuvo que La Rioja busca atraer capitales privados, pero bajo un esquema en el que el Estado provincial tenga participación y pueda obtener una mayor proporción de los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales.
Un modelo basado en la asociación con empresas
Quintela señaló que La Rioja tiene actualmente 25 proyectos mineros, de los cuales 17 se encuentran en etapa de prospección y ocho en exploración.
Según explicó, ninguno de esos proyectos le solicitó a la Provincia adherir al RIGI y afirmó que el esquema que se está negociando contempla la participación de empresas estatales riojanas.
“Nos asociamos con ellos”, resumió el gobernador al explicar el modelo.
La propuesta, según detalló, contempla establecer porcentajes de participación sobre el valor bruto de acuerdo con las características de cada mineral. En su explicación mencionó acuerdos que podrían representar entre un 10% y un 20% del bruto, además de la participación de proveedores y trabajadores.
El planteo se inscribe en una discusión más amplia sobre quién captura la renta generada por los recursos naturales, qué participación debe tener el Estado y qué condiciones deben establecerse para atraer inversiones de gran escala.
Capital extranjero sí, pero como socio
Durante la entrevista, Quintela también buscó diferenciar su posición de una eventual oposición a la inversión extranjera.
Su planteo es que el capital internacional puede ser necesario para desarrollar proyectos de gran magnitud, pero que la Argentina no debería limitarse a aportar sus recursos naturales a cambio de empleo.
“No que seamos empleados de ellos, sino que seamos socios”, sostuvo.
La definición resulta relevante en el contexto de la política minera nacional y de los debates que generó el RIGI, particularmente en provincias como San Juan, donde varios grandes proyectos mineros avanzaron bajo el régimen nacional.
Quintela cuestionó precisamente que los beneficios para las provincias queden limitados frente al volumen de recursos naturales involucrados y planteó que el Estado debe tener una participación más activa en los negocios mineros.
La Rioja todavía no tiene licencia social
Uno de los puntos más relevantes de las declaraciones del gobernador fue su reconocimiento de que La Rioja todavía no cuenta con licencia social para avanzar hacia la explotación minera.
La Provincia viene impulsando una política de desarrollo minero y ha promovido proyectos de exploración, pero Quintela admitió que todavía existe una parte de la sociedad que observa la actividad con preocupación.
“No tenemos todavía licencia social”, afirmó.
Según explicó, el objetivo es construir esa confianza mediante garantías vinculadas con la sustentabilidad ambiental de los proyectos.
La declaración introduce un elemento central en la discusión minera riojana: el debate ya no pasa solamente por atraer inversiones, sino también por las condiciones bajo las cuales una eventual explotación podría obtener aceptación social