Samuel Gerardo «Picky» Córdoba llegó a la intendencia de General Ballivián en 1991, después de tres décadas de gobierno de su padre, Samuel. Un informe de la Auditoría General puso bajo la lupa contrataciones, documentación y estados financieros correspondientes al ejercicio 2020.
Hay un apellido que atraviesa prácticamente toda la historia política reciente de General Ballivián: Córdoba. Primero fue Samuel Córdoba padre. Después llegó su hijo, Samuel Gerardo «Picky» Córdoba, quien asumió la intendencia en 1991. En 2026, 35 años después, continúa al frente del municipio.
La continuidad familiar se remonta incluso a los años 60′. Documentación del Boletín Oficial registra a Samuel Córdoba padre como autoridad municipal ya a mediados de aquella década, mientras que investigaciones académicas sobre la política municipal salteña señalan que permaneció unos 30 años en el poder y posteriormente fue sucedido por su hijo.
De padre a hijo: más de seis décadas del apellido Córdoba
La sucesión ocurrió en 1991, cuando Samuel Gerardo Córdoba tomó el mando municipal. Un estudio académico publicado años después identificó precisamente a General Ballivián como un caso destacado de continuidad política: antes de la llegada de Córdoba hijo, su padre había ocupado la conducción comunal durante más de tres décadas.
En 2017 ya se contabilizaban 55 años de administración entre padre e hijo. En aquel momento, «Picky» acumulaba 25 años consecutivos como intendente. La permanencia continuó y, en 2026, el actual jefe comunal alcanza ya los 35 años al frente de General Ballivián.
El apellido también se extendió a otra generación de la política. Ana Laura Córdoba, hija del intendente, ocupó la presidencia del Concejo Deliberante y posteriormente llegó a la Cámara de Diputados provincial. Registros oficiales del Gobierno salteño ya la ubicaban al frente del Concejo en 2012 y la Legislatura registra posteriormente su actividad como diputada provincial.
Ahora, las cuentas de «Picky» quedaron bajo la lupa
Ese prolongado dominio político adquiere ahora otra dimensión. La Auditoría General de la Provincia aprobó en julio de 2026 su informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2020 de General Ballivián y resolvió aconsejar al Concejo Deliberante su observación.
Entre los gastos examinados aparecen aproximadamente $2,45 millones en combustibles y lubricantes, $1,8 millones en repuestos y accesorios, $731 mil en productos químicos y medicinales y $1,4 millones en honorarios, según los datos del informe difundidos públicamente. Son unos $6,38 millones solamente entre esos cuatro conceptos, expresados a valores de 2020, según detalló FMAries.
El cuestionamiento no implica que ese dinero haya desaparecido. El punto señalado por la Auditoría es que determinadas contrataciones fueron realizadas sin aplicar el procedimiento previsto por la Ley Provincial 8072, afectando las garantías de competencia, publicidad, transparencia e igualdad que deben regir las compras públicas.
También hubo observaciones sobre la situación financiera
El informe fue más allá de las contrataciones. Los auditores concluyeron que el Estado de Situación del Tesoro y el Estado de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la situación municipal en los aspectos analizados.
A esto se agregó la falta de presentación del Estado de Situación de los Bienes, circunstancia que impidió completar esa parte del control. Finalmente, la Auditoría tomó una decisión concreta: aconsejó al Concejo Deliberante observar la Cuenta General 2020 y remitió formalmente la resolución para su tratamiento legislativo. La Resolución Conjunta N°33 fue publicada en el Boletín Oficial provincial el 18 de agosto de 2026.
35 años de intendencia y una cuenta que deberá dar explicaciones
El dato político resulta difícil de separar del administrativo. «Picky» Córdoba no es un intendente que recién llega al municipio: lleva ya 35 años consecutivos administrándolo, después de suceder a su propio padre.
La documentación histórica incluso permite rastrear a Samuel Córdoba padre como autoridad de General Ballivián desde aproximadamente 1963 y hasta 1991. Es decir, de forma ininterrupida padre e hijo y, el apellido Córdoba aparece asociado al poder municipal desde hace más de seis décadas.
Ahora el interrogante pasa por otro lado: después de semejante permanencia en el poder, el Concejo Deliberante deberá tratar las observaciones formuladas por el máximo organismo provincial de control externo sobre las cuentas 2020 de la Municipalidad.
El informe no acredita que exista dinero robado o desaparecido ni constituye por sí mismo una imputación penal contra Córdoba. Pero sí deja observaciones formales sobre la administración de fondos, contrataciones y documentación financiera de un municipio conducido por el mismo intendente desde 1991