Mientras el discurso libertario insiste en la necesidad de reducir la intervención del Estado, un proyecto presentado por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Juanes Osaba, propone que sea la propia Legislatura la que les diga a los municipios qué pueden cobrar y qué no.
La iniciativa modifica la Ley 14.351 para establecer la gratuidad de los certificados municipales de deuda que se exigen antes de concretar determinadas operaciones inmobiliarias. Según el autor, se trata de eliminar un costo burocrático porque el Estado “cobra para dar una información que ya posee”. La iniciativa obligaría a modificar ordenanzas fiscales en los distritos y vuelve a poner sobre la mesa hasta dónde puede avanzar la Legislatura sobre recursos que hoy administran las comunas.
Sin embargo, el proyecto abre un debate mucho más amplio que el costo de un trámite: ¿puede una ley provincial prohibir que los municipios cobren un derecho administrativo regulado por sus propias ordenanzas fiscales?
El diputado platense decidió graficar el proyecto en sus redes sociales con una caricatura y finalizándola al mejor estilo de Condorito con el inefable “PLOP”, ante el desmayo del contribuyente frente al trabajador municipal (con campera del gremio ATE) que le quiso cobrar el certificado.
LA PROVINCIA LES DICE QUÉ PUEDEN COBRAR
El punto más sensible de la iniciativa no es la eliminación del arancel en sí, sino la forma elegida para hacerlo.
El texto establece que todos los municipios deberán adecuar sus ordenanzas fiscales, tarifarias y sus sistemas administrativos en un plazo de 60 días, además de derogar cualquier norma local que permita cobrar por esos certificados. Es decir, la Legislatura pasaría a definir qué concepto pueden percibir las comunas por un servicio administrativo.
Actualmente, la Ley 14.351 obliga a obtener el certificado de deuda para determinadas escrituras, pero la forma de solicitarlo, emitirlo y las condiciones de su expedición quedan reguladas por las ordenanzas de cada municipio. Así lo recuerda incluso el Colegio de Escribanos de la Provincia, que señala que esos aspectos “se rigen por las ordenanzas locales, que varían en cada distrito”.
EL ARGUMENTO DE LLA: “LA PROVINCIA YA REGULA EL CERTIFICADO”
Desde La Libertad Avanza rechazan que la iniciativa sea inconstitucional y sostienen que la discusión sobre la autonomía municipal no impide que la Legislatura regule este tipo de trámites.
El argumento del bloque parte del artículo 191 de la Constitución bonaerense, que establece que corresponde a la Legislatura “deslindar las atribuciones y responsabilidades” de los municipios. Según la interpretación de LLA, si las potestades tributarias y administrativas municipales se encuentran delimitadas por normas provinciales, también pueden ser modificadas por una nueva ley.
Fuentes libertarias aseguraron a INFOCIELO que el artículo 123 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía municipal, pero establece que corresponde a las provincias determinar su alcance. En ese sentido, desde el bloque sostienen que regular el régimen económico y financiero de los municipios no implica, por sí mismo, desconocer su autonomía.
La defensa del proyecto suma otro argumento: el certificado de libre deuda fue creado por una ley provincial. La Ley 14.351 no solo estableció su obligatoriedad para determinadas operaciones inmobiliarias, sino que también fijó aspectos comunes para los 135 municipios, como el formulario, el plazo de entrega y las consecuencias ante la falta de emisión.
Desde LLA plantean que, si la Provincia ya determina esas condiciones, establecer que el certificado debe ser gratuito sería simplemente completar una regulación que ya existe y no avanzar sobre una facultad completamente nueva.
Por otra parte, desde el bloque violeta no dieron una alternativa para el hueco que crearía esa falta en las arcas municipales.
¿SE ELIMINA UNA TASA MUNICIPAL?
Otro de los argumentos del bloque libertario apunta directamente al impacto fiscal de la medida. Según LLA, el proyecto no elimina ninguna deuda municipal ni impide que los municipios cobren los tributos que correspondan.
La deuda que figure en el certificado seguiría vigente y deberá ser abonada por el contribuyente. Lo que desaparecería es exclusivamente el arancel que algunas comunas cobran por la emisión del documento.
El proyecto agrega además una discusión sobre la naturaleza de ese cobro. Desde LLA sostienen que una tasa debe estar vinculada con una contraprestación concreta y cuestionan que la emisión de un certificado que contiene información que ya posee el propio Estado pueda justificar un arancel específico.
El bloque también pone como antecedente el caso de Tres de Febrero, donde el certificado de libre deuda municipal puede obtenerse de manera gratuita y mediante un trámite online. Para los impulsores de la iniciativa, ese antecedente demuestra que la gratuidad es técnicamente posible y ya funciona dentro de la Provincia.
UN DEBATE SOBRE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
El proyecto no elimina impuestos ni perdona deudas. Tampoco modifica las tasas municipales principales. Lo que hace es impedir el cobro de un derecho administrativo vinculado con la expedición de un certificado obligatorio. Allí aparece la discusión jurídica.
Si bien los municipios bonaerenses no poseen la autonomía institucional de otras provincias, sí administran sus recursos mediante ordenanzas fiscales e impositivas aprobadas por los concejos deliberantes. En ese marco, distintos distritos establecen derechos administrativos por la emisión de certificados, informes y documentación oficial.
Por eso, la propuesta de La Libertad Avanza vuelve a poner en discusión el alcance de las facultades provinciales sobre las decisiones económicas de los gobiernos locales.
La respuesta de sus impulsores es que la autonomía municipal no implica una potestad ilimitada, y que la propia Constitución Nacional deja en manos de las provincias la definición de su alcance económico y financiero.
El proyecto, en definitiva, instala una discusión que excede el costo de un certificado: hasta dónde puede llegar la Legislatura para establecer reglas comunes a los municipios y cuándo una regulación provincial pasa a convertirse en una intervención sobre las potestades fiscales locales.