El Gobierno anunció que sancionará no sólo a las petroleras que participan de la explotación de hidrocarburos en Malvinas, sino también a sus accionistas y proveedores. La decisión abre un interrogante sobre Starlink, la empresa de Elon Musk que presta internet satelital en las islas: ¿podría quedar alcanzada si su infraestructura es utilizada para el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion?
El Gobierno de Javier Milei endureció su posición frente al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas, y puso especialmente el foco sobre toda la cadena de empresas que hace posible la explotación.
La Oficina del Presidente confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
Pero el dato más relevante está en el alcance de la medida: el Gobierno aseguró expresamente que las investigaciones no se limitarán a las compañías petroleras, sino que también alcanzarán a sus accionistas y a las empresas que les prestan servicios para desarrollar sus actividades.
El Decreto 868/2026 refuerza esa posición. La normativa contempla operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría y otros servicios vinculados con desarrollos hidrocarburíferos realizados sin autorización argentina.
En ese escenario aparece una pregunta que hasta ahora no tuvo respuesta oficial: ¿qué ocurriría con Starlink, la compañía de Elon Musk que brinda conectividad satelital en las Islas Malvinas?
Starlink ya opera en las Islas Malvinas
La presencia de Starlink en Malvinas está documentada. El servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX avanzó durante 2025 en su habilitación para funcionar en las islas y actualmente puede ser utilizado allí.
Su presencia cobra especial relevancia por las características de Sea Lion. Una explotación petrolera offshore de esta magnitud necesita comunicaciones permanentes, transmisión de información y conectividad para sostener parte de su infraestructura logística y operativa.
El proyecto Sea Lion entró en una etapa decisiva y apunta a comenzar la producción durante 2028. El desarrollo contempla pozos submarinos, infraestructura marítima, instalaciones logísticas y una importante movilización de trabajadores y proveedores.
En ese contexto, la conectividad no es un servicio accesorio. Internet forma parte de la infraestructura necesaria para sostener una operación industrial moderna de estas características.
La conexión que todavía falta demostrar
Existe, sin embargo, una diferencia fundamental que debe establecerse.
Que Starlink opere en Malvinas y que Sea Lion necesite conectividad no significa automáticamente que la empresa de Elon Musk sea proveedora del proyecto petrolero.
Hasta el momento no existe información pública suficiente que permita confirmar que Navitas, Rockhopper o alguno de sus contratistas haya contratado directamente a Starlink para las operaciones de Sea Lion.
Ese dato es central.
Si Starlink simplemente presta internet a residentes o empresas de las islas sin relación con la explotación petrolera, no puede concluirse que esté involucrada en Sea Lion.
Pero si se comprobara que la conectividad de Starlink es utilizada por Navitas, Rockhopper o empresas contratadas específicamente para desarrollar el yacimiento, el Gobierno argentino tendría que determinar si esa prestación queda comprendida dentro del régimen que acaba de reforzar.
¿Milei podría sancionar a la empresa de Elon Musk?
La pregunta adquiere además una dimensión política particular. Elon Musk mantiene una relación pública cercana con Javier Milei, mientras que Starlink logró expandirse en Argentina después de la desregulación de los servicios de internet satelital impulsada por el Gobierno libertario.
Ahora, el propio Ejecutivo argentino sostiene que los proveedores que permitan desarrollar la explotación petrolera en Malvinas también pueden quedar bajo investigación y ser sancionados.
El Decreto 868/2026 establece además procedimientos más rápidos para determinar eventuales responsabilidades y coloca a la Cancillería como autoridad de aplicación. La legislación contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incurran en las conductas prohibidas.
La Casa Rosada ya dio una primera señal concreta. El 4 de septiembre anunció procedimientos contra 45 sujetos y sostuvo oficialmente que se investigará “no sólo” a quienes realizan actividades hidrocarburíferas sino también a accionistas y empresas que les hayan prestado servicios.
Por eso, la discusión sobre Starlink depende ahora de una cuestión concreta: determinar quién proporciona internet y telecomunicaciones a Sea Lion y a las compañías que trabajan directamente para el proyecto.
Una prueba para el nuevo criterio del Gobierno
El endurecimiento de la política argentina sobre Malvinas abre una discusión que excede a las petroleras.
Si el criterio oficial es investigar a toda la cadena de proveedores necesaria para hacer posible Sea Lion, deberán analizarse empresas de logística, ingeniería, transporte, servicios financieros, telecomunicaciones y tecnología.
Starlink representa un caso especialmente sensible por su presencia en las islas y por la relación de Musk con el Presidente.
Hoy no puede afirmarse que Starlink sea proveedor de Sea Lion. Pero si se comprobara que su servicio de internet es utilizado para desarrollar la explotación petrolera, Milei tendría que decidir si aplica a la empresa de Elon Musk el mismo criterio sancionatorio que anunció para el resto de los proveedores.
La respuesta dependerá de algo que todavía falta conocer: quién paga y quién utiliza la conectividad que necesita Sea Lion para funcionar