En las últimas semanas, numerosos vecinos del partido de Patagones manifestaron su sorpresa y malestar al revisar el detalle de sus facturas de gas. Debajo de los consumos habituales y los impuestos nacionales, comenzó a ganar visibilidad un concepto bajo el nombre de «Tasa Seg. e Hig. Mun. C. Patagones», acompañado de un monto variable que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios.
Ante las dudas generalizadas sobre si se trata de un «doble impuesto» cobrado por la Municipalidad, la explicación técnica revela una realidad que genera indignación colectiva: Camuzzi está trasladando sus propios costos operativos a los usuarios maragatos, obligándolos a financiar una infraestructura de atención al cliente que hoy es inexistente en el distrito.
Financiar a una empresa que atiende «desde lejos»
La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene es un tributo que la Municipalidad de Patagones le cobra a los comercios e industrias locales por ejercer su actividad. Camuzzi, al operar las redes y la infraestructura del servicio en el partido, debe abonar este canon. [1]
Sin embargo, amparada en los marcos regulatorios nacionales de ENARGAS, la distribuidora de gas no absorbe este costo como parte de sus pérdidas comerciales. Por el contrario, la normativa la habilita a prorratear y distribuir el costo de su propia tasa municipal entre todos los usuarios residenciales y comerciales de la zona. Es decir, los vecinos terminan financiando de su bolsillo el impuesto que le corresponde pagar a la empresa privada.
Lo insólito y lo que más irrita a la comunidad es la contradicción territorial: Camuzzi cobra una tasa de «seguridad e higiene» por locales u oficinas en Patagones, pero nunca tuvo atención al público presencial en la ciudad. Actualmente, para resolver cualquier reclamo o trámite comercial presencial, los usuarios se ven obligados a migrar forzosamente a los canales digitales o cruzar el río hacia la vecina localidad de Viedma. Para los vecinos, la ecuación es inaceptable: se les traslada un impuesto por una supuesta estructura comercial local que no les brinda atención cara a cara.
En el ojo de la tormenta legal
Desde los ámbitos de defensa al consumidor aclaran que este recargo no tiene ninguna relación con las tasas municipales urbanas que cada contribuyente ya abona de manera particular en las ventanillas de la comuna.
El concepto reactivó las alarmas debido al contexto de puja política y judicial que rodea a las boletas de servicios públicos en todo el país. Mientras el Gobierno Nacional intentó prohibir que las boletas de luz o gas incluyan tasas que no correspondan estrictamente al consumo del servicio, las empresas prestatarias encuentran en estos «traslados de costos tributarios» avalados por ENARGAS un vacío legal para no ceder ganancias.
Mientras el debate técnico continúa en los escritorios regulatorios, la realidad en la calle es una sola: las facturas siguen llegando con aumentos y los usuarios de Patagones deben pagar un ítem extra para sostener la rentabilidad de una distribuidora de gas que los atiende de manera remota