Tico vetó totalmente una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que buscaba restituir al Banco de Tierras Municipal una parcela que se encuentra ocupada por la secretaría de Obras Públicas municipal, Leticia Forto. Los ediles consideraron que la tierra fiscal era ocupada de manera irregular, pero el ejecutivo hace caso omiso a la situación.
Promediando el mes de agosto, los concejales de El Chaltén, Ignacio Moreno Hueyo, Elizabeth Romanelli y Heber Zella, votaron a favor de un dictamen que había quedado en minoría en comisiones, determinando que el terreno de 800 metros cuadrados, identificado como Parcela N°4 de la Manzana N°10, Circunscripción III, apropiado por la secretaría de Obras Públicas municipal, Leticia Forto, vuelva a manos del Ejecutivo Municipal. El lote estaba en manos de Forto, desde el año 2020.
Hoy la información nuevamente no lleva a la localidad cordillerana, ya que el edil Ignacio Moreno Hueyo dejó trascender que, en el día de ayer, 1 de septiembre, El intendente de El Chaltén, Néstor Tico, vetó totalmente una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante. “La decisión es de una gravedad institucional enorme: el Ejecutivo utiliza el veto para impedir la recuperación de un lote fiscal ocupado por una integrante de su propio gobierno”, lamentó el funcionario.
Vale la pena mencionar que no solo los concejales se opusieron a este abuso por parte de la funcionaria municipal, sino que, previamente, se dio el Acuerdo N.º 098 del Consejo Agrario Provincial, del 4 de diciembre de 2019, el cual dispuso la caducidad de la adjudicación anterior y declaró expresamente la tierra “Fiscal y Libre de Adjudicación”. Por otro lado, a esto se suma que la propia Asesoría Legal del HCD dictaminó que correspondía incorporar la parcela al Banco de Tierras Municipal. “Cuando quienes tienen la obligación de hacer cumplir las normas de tierras son los primeros en desconocerlas, el mensaje hacia la comunidad es devastador”, remarcó Moreno Hueyo.
La situación, según el concejal “debilita al que espera y cumple la ley, se fortalece al que ocupa primero y discute después, y se alimenta desde el propio Estado un ecosistema proclive a las tomas”, y continuó: “Esto constituye una grave injusticia para todas aquellas personas que llevan años esperando su terreno y cumpliendo con los procedimientos establecidos para acceder”.
También criticó a los concejales que ahora son parte del oficialismo y que asegura cambiaron de posición. “La contradicción es difícil de justificar: cuando se trataba de pedir la restitución acompañaron; cuando llegó el momento de hacerla obligatoria, dejaron de hacerlo”, dijo al sostener que “el veto tampoco responde al problema central: el conflicto de intereses. No explica por qué una funcionaria del propio Ejecutivo intervino en actuaciones vinculadas con su pretensión sobre el terreno utilizando membrete y sello de su Secretaría, ni dónde está el acto que le habría otorgado legalmente esa parcela”.
“Un funcionario público no puede encontrarse de los dos lados del mostrador: ejerciendo responsabilidades sobre la administración del suelo urbano y, simultáneamente, siendo interesado particularmente en las decisiones que esa misma administración debe adoptar”, cerró