El ministro de Desregulación advirtió que las regulaciones subnacionales que obligan a contratar proveedores locales encarecen la actividad y restan competitividad.
Diario 13
Durante su exposición, Sturzenegger sostuvo que la fragmentación regulatoria impulsada por los distritos subnacionales atenta contra la eficiencia operativa y el potencial exportador del país. «Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los proyectos sean menos competitivos», advirtió el ministro para marcar la postura de la Casa Rosada frente a las leyes provinciales que obligan a las operadoras mineras a priorizar proveedores directos de sus propias jurisdicciones.El planteo del funcionario se da en el marco del impulso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y los proyectos mineros en desarrollo, principalmente focalizados en la extracción de litio y cobre en las provincias cordilleranas. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo Nacional, la competitividad internacional del sector depende de la libre competencia entre proveedores y de la eliminación de distorsiones o sobrecostos fijados por las normativas locales.
Desregulación, propiedad privada y el rumbo económico del Gobierno
Además de focalizar sus críticas en las leyes de compre local, Sturzenegger ratificó que el Gobierno continuará de manera firme con la agenda de profundización desregulatoria en los distintos resortes de la economía. El ministro enfatizó que la defensa irrestricta de los derechos de propiedad representa un pilar conceptual innegociable dentro del programa macroeconómico conducido por la gestión de Javier Milei.
El rechazo oficial a los esquemas proteccionistas provinciales busca enviar un mensaje directo tanto a los gobernadores como a los inversores internacionales. Mientras los Estados provinciales argumentan que las normativas de compre local aseguran el derrame económico, el empleo y el desarrollo de la cadena de valor en las comunidades cercanas a los yacimientos, la administración central contrapone que tales mecanismos encarecen la cadena logística y restan competitividad sistémica frente a otros mercados mineros de la región