Propuesta
La propuesta legislativa establece una prohibición terminante respecto a la utilización de los rodados estatales para fines particulares o actividades ajenas a la función pública. Para asegurar el cumplimiento de la norma, la normativa prevé la aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes a los funcionarios o agentes que incurran en irregularidades durante el manejo de las unidades.
En cuanto al financiamiento y la logística de la medida, el proyecto contempla que los costos de adquisición e instalación de los dispositivos de geolocalización se absorban mediante las partidas presupuestarias vigentes destinadas al mantenimiento vehicular. De esta forma, la implementación del sistema de monitoreo no demandará la creación de nuevas cargas impositivas ni costos adicionales para los contribuyentes salteños