El Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales, establecido en 2022, ha sido dado de baja por la Secretaría de Minería. Este programa, que giraba asistencia técnica y financiera a las provincias, era considerado el aspecto más sensible del reciente paquete desregulador.
La eliminación de esta iniciativa se produce en un momento crítico para el sector, justo cuando el despegue de la cartera de proyectos de cobre, litio, oro y plata exige la máxima rigurosidad en la supervisión de las cuencas y los recursos naturales. Aunque la resolución sostiene que será sustituido por instrumentos de fiscalización más eficientes, no se precisaron las características ni los plazos de implementación de la nueva herramienta.
La Secretaría de Minería oficializó la derogación de un paquete de ocho resoluciones clave, que habían sido sancionadas entre 2008 y 2022. Esta acción se enmarca en el proceso de reorganización de la administración pública nacional habilitado por la Ley Bases.
Entre las estructuras dadas de baja destaca el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, un espacio institucional diseñado en 2020 para coordinar políticas a largo plazo entre la Nación, los gobiernos provinciales y los actores del sector. También se disolvió la Mesa Técnica de Análisis, encargada de regular las importaciones de insumos para la actividad.
En la misma línea, el Gobierno dio por finalizada la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas, creada en 2021. Desde la perspectiva oficial, estos organismos habían perdido operatividad y representaban superposiciones funcionales que ahora buscan ser reemplazadas por instancias de gestión más dinámicas y descentralizadas.La limpieza regulatoria incluyó también la eliminación de normativas obsoletas, dictadas en contextos de excepción o para programas específicos ya cumplidos. Figuran entre ellas resoluciones de 2008 que regulaban la transferencia y rendición de fondos hacia provincias y municipios.
Asimismo, se derogaron disposiciones vinculadas a la emergencia sanitaria por Covid-19 que afectaban al Plan Nacional de Minería Social y las prórrogas extraordinarias del programa Huellas Mineras. Las autoridades aclararon que la caída de estas normas no exime a las jurisdicciones ni a las empresas de rendir las cuentas pendientes, por lo que los expedientes de recupero de fondos mantendrán su curso legal