El debate sobre la autonomía municipal vuelve al centro de la escena

Castelli avanzó un casillero en el debate por la autonomía municipal. Por impulso de su intendente, Francisco Echarren, el Concejo Deliberante votó la ordenanza que habilita la convocatoria a una Convención Constituyente con el fin de redactar una Carta Orgánica Municipal. De esta manera, el distrito de la Quinta sección se apunta para ser el primero en tener su carta magna local en 200 años de historia de la provincia de Buenos Aires. El reclamo encuentra voces a favor en todos los partidos políticos. Pero ¿es legal?

“Lo que pasó es un hecho histórico, que por ahora no es jurídico, pero pone en marcha el proceso legal amparado en la Constitución Nacional”, señala Echarren. Subraya que la iniciativa fue votada por unanimidad por los diez concejales del cuerpo, tanto los ocho peronistas como un radical y el restante del PRO. Ahora comienza un camino estipulado por la norma cuyo principal escollo en el corto y mediano plazo es la Constitución provincial.

Resulta que la carta magna nacional, producto de la reforma de 1994, estableció claramente en su artículo 123 que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Ahora bien, la última modificación de la máxima ley provincial es de septiembre de aquel año, pero la autonomía municipal nunca se incorporó.

Al día de hoy, los 135 municipios bonaerenses se rigen por el decreto-ley 6769/58, firmado por el entonces interventor federal Emilio Bonnecarrère bajo la presidencia de facto de Pedro Eugenio Aramburu y la autodenominada Revolución Libertadora. Hoy se lo conoce como la Ley Orgánica de las Municipalidades. A juicio de Echarren, Castelli tomará decisiones en el marco de la Constitución Nacional.

De esta manera, el jefe comunal apuesta a que los municipios cuenten con más herramientas a la hora de gestionar la realidad de sus comunidades. Quiere evitar demoras administrativas que pueden llevar a que un código urbano tarde años en autorizarse, o se entorpezca la habilitación de una fábrica. También tiene como objetivo que cada distrito discuta y elija su calendario electoral, y que cuente con mayores libertades para establecer vínculos comerciales.

El meollo de un debate que lleva más de 30 años inconcluso es la administración de los recursos. Ahí, dice Echarren, reside el nudo de una resolución que la enorme mayoría de dirigentes quiere alcanzar pero que, al momento de comenzar las charlas para darle curso, no encuentra los consensos.

Ante todo, el intendente de Castelli aclara que una Carta Orgánica municipal no “suplanta” a la Constitución provincial. “Apunta a traer soluciones al vecino de a pie, en un sistema que es absolutamente ineficiente en términos tributarios”; dice Echarren. “Algunos como Joaquín De la Torre piden dividir la provincia, pero no hay que dividirla, hay que darle autonomía a los municipios donde las comunidades eligen sus representantes”, explica.

Ahora, tal como indica el proyecto votado el último miércoles, el próximo paso es la conformación de una Junta Electoral Municipal que determine cómo elegir a los convencionales y establecer una convocatoria para poner en funcionamiento una Mesa de Diálogo y Concertación con todos los sectores sociales y espacios políticos de la comunidad castellense. Esta tarea, dice Echarren, debería estar finalizada antes de que termine el año.

Antecedentes sobran

Fundado en 1865, Castelli es uno de los distritos atravesados por la Ruta 2 en el típico recorrido hacia la costa atlántica bonaerense. Luego de Chascomús y antes de Dolores, el partido es gobernado por Echarren desde 2011, cuando les puso un freno a 12 años de radicalismo con sólo 31 años. Así, a 15 años de aquel momento, inició un camino que, asegura, es mirado con afecto por varios intendentes.

“Muchos me llamaron, de distintos partidos y fuerzas políticas, porque esto lleva muchos años hablándose; yo sólo soy un emergente”, dice. Efectivamente, es un debate que tiene varios expedientes acumulados en su haber. Incluso, previo a la reforma constitucional de 1994, Antonio Cafiero impulsó una reforma de la carta magna provincial que no llegó a buen puerto en medio de un tumultuoso final del gobierno de Raúl Alfonsín.

Ya con el cambio de la Constitución Nacional, distintos dirigentes propusieron alternativas para encontrar una salida a un déficit de la administración provincial. Uno de ellos es el exdiputado provincial Walter Abarca, que presentó varios proyectos de ley en búsqueda de avanzar con la autonomía municipal. Sin ir más lejos, antes de finalizar su último mandato en 2023, llevó a la Legislatura la iniciativa para modificar parcialmente la Constitución provincial e incorporar la autonomía municipal ya desde el preámbulo.

“Es una discusión que tiene que copar la agenda pública y de la Provincia, y hay que construir mayorías en los partidos mayoritarios, no solo por el régimen municipal, sino porque la Constitución provincial es una ley vieja”, remarca. La norma madre provincial data de 1889, cuya primera reforma troncal fue en 1934. Si bien hubo una más en 1994, Abarca expone que aún existen reglas como la necesidad de convocar a la figura de los grandes contribuyentes para impulsar ordenanzas de tasas que carecen de sentido en la actualidad.

El dirigente de Saladillo señala que la constitución es el marco de convivencia de una sociedad. En el caso de la bonaerense, “está pensada para una sociedad de cien años atrás”. Abarca advierte que no se puede trazar política pública para un distrito del conurbano con 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado que para otro de 2 o 5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Para los casos de los grandes conglomerados, por ejemplo, sostiene que debe existir un “árbitro superior”, como la Provincia, para definir los límites de un desarrollo urbanístico y evitar que colisionen los intereses de dos partidos vecinos. “Pero en Saladillo, la comunidad más cercana está a 50 kilómetros; no puede pasar por un trámite que tarda dos años en la Provincia, lo definen en el municipio”, señala.

Otro caso que amerita mayor celeridad e independencia, según Abarca, es la revisión de cuentas municipales. “Dos burócratas con cargo de perpetuidad definen si está bien o mal la administración de un pueblo que lo aprueba a través de su Concejo Deliberante”, apunta. La referencia es al Tribunal de Cuentas bonaerense, el órgano revisor que centraliza el análisis de las cuentas de los 135 distritos y define quién lo hizo bien y quién no.

Echarren comparte la mirada del exdiputado. Asegura que el Tribunal tarda hasta 5 o 10 años en levantar cargos contra los municipios por errores en su administración. Para Abarca, el organismo debería funcionar como “tribunal de alzada” para acelerar los tiempos en las administraciones locales.

Ambos piden que, por ejemplo, la infraestructura educativa esté a cargo de los municipios, con la intervención de empresas locales. Ahora bien, coinciden en que la cuestión pedagógica y la planificación del sistema deben estar en manos de la Provincia. Misma perspectiva plantean para la salud, con la atención primaria a cargo de los gobiernos locales y el desarrollo regional bajo responsabilidad provincial.

Voces, también sobran

Desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y bajo diferentes banderas políticas, la autonomía municipal es un objetivo perseguido por la gran mayoría. En el gobierno provincial no adelantan opinión sobre el tema. Saben que el proceso empieza a emerger entre los intendentes, aunque nadie se interpone con la voluntad de los municipios en su camino por fortalecer su autonomía. En caso de haber un debate sobre el mecanismo para llevarla a cabo, no habría oposición a discutirla.

Sin embargo, los caminos en la Legislatura nunca prosperaron. Más allá del plan de máxima que puede ser la reforma constitucional, Abarca también presentó proyectos para transformar el sistema tributario bonaerense. Propuso estatizar la VTV, que los municipios cobren el trámite y coparticipen una parte a la Provincia para ser destinada a la construcción y mantenimiento de las rutas, por ejemplo.

Esta mirada tiene sintonía con el discurso de Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, que sostuvo la necesidad de diseñar una “coparticipación inversa”. De esta manera, una mayor proporción de los recursos generados por los vecinos quedarían en las arcas municipales y desde ahí se girarían los correspondientes porcentajes a la Provincia y la Nación. La idea cobró fuerza en un contexto donde el Gobierno nacional tomó la deliberada decisión de ajustar los fondos hacia la provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, a los 135 partidos que la componen.

También hay voces opositoras. Pablo Nicoletti, recientemente electo como presidente de la Convención de la UCR Provincia tras su normalización, asegura que “entiende la frustración de Echarren, pero cortarse solo no es la salida. Mi mirada es más pragmática, porque el problema principal no es la falta de una reforma constitucional, sino la falta de decisión política para cambiar las leyes que ya tenemos”.

“En política, cuando vas por todo, a veces te quedás sin nada; por eso, la manera inteligente y rápida de avanzar hacia la autonomía es modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y, fundamentalmente, la Ley de Coparticipación Provincial”, indica Nicoletti. “La autonomía real se hace con recursos, no con declaraciones”, asegura.

Desde el radicalismo, propone un cambio de esquema en el que la alícuota de los impuestos Inmobiliario y Automotor debe seguir siendo provincial y la recaudación debe ser ejecutada por ARBA, pero esos fondos deben ser girados de manera directa a los municipios donde se generaron. “Esto no genera ningún desfinanciamiento, ya que la Provincia mantiene para sí el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representa aproximadamente el 80 por ciento de toda su recaudación”, afirma.

El dirigente platense sostiene que hay que eliminar el sistema del Código Único de Distribución (CUD) y reemplazarlo por un esquema de transferencias “verdaderamente automático y transparente”. “Hoy la cuenta es injusta: de cada 5 pesos que aportamos los platenses, cuatro se los queda la burocracia provincial y solo uno vuelve”, indica.

Precisamente, el actual intendente de La Plata, Julio Alak, se pronunció en más de una ocasión a favor de superar el régimen autárquico de la Ley Orgánica de las Municipalidades por cómo limita las administraciones locales. Lo mismo su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que dejó en claro que los municipios padecen un corset financiero que imposibilita dar respuestas efectivas.

Su par de Villarino, Carlos Bevilacqua, subraya que a los vecinos les importa que sus problemas se solucionen y no miran qué nivel del Estado lo hace. Lo seguro, dice, es que el primer reclamo llega al intendente. Advierte que la autonomía municipal “no es pedir más poder para los intendentes”, sino contar con “más capacidad para resolverle la vida a los vecinos y que las decisiones puedan tomarse más cerca de donde están los problemas”.

Por su parte, desde el PRO, Pablo Petrecca expresó más de una vez la importancia de alcanzar la autonomía municipal. Actual senador y presidente de su partido, asumió su banca tras diez años al frente de la intendencia de Junín. “Cuando los municipios administramos los recursos, los procesos son más rápidos, transparentes y efectivos. Así pudimos comprar seis patrulleros para Junín con fondos provinciales, pero gestionados localmente”, destacó en una entrevista durante su última campaña.

Con todo este panorama, Echarren decidió poner primera con el objetivo máximo de que Castelli tenga su propia Constitución. “Mientras no esté sancionada no tiene efecto sobre la administración, por lo que no vamos a chocar con nadie, pero ya sancionada empieza un proceso de coordinación y síntesis donde habrá conflictos administrativos”, asegura.

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