Conforme lo informado por el Ejecutivo, se sub-ejecutó el 73,8% del presupuesto del Sistema Vial Integrado (SisVial) obtenido mediante el impuesto a los combustibles. Es por ello, que el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina del 10° Distrito – Corrientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD acompaña la denuncia penal iniciada contra el Ministro de Economía, Luis Caputo y otros, por el «vaciamiento ilegal de nuestros fondos» para sostener el superávit fiscal.
De acuerdo a lo denunciado por el gremio «el Estado Nacional retiene más de un billón de pesos destinados por ley a la infraestructura vial, utilizándolos para colocaciones financieras en plazos fijos y títulos públicos. Mientras tanto, el abandono de las rutas nacionales se traduce en rutas destrozadas derivando en un incremento de la siniestralidad, mayores tiempos de ciruculación y el aislamiento de economías regionales, mayores costos de insumos, transporte de personas y bienes transables».
Un documento dado a conocer por el gremio asegura que desde el inicio de la gestión actual, la recaudación del impuesto a los combustibles alcanzó la cifra de $1,5 billones de pesos, a mayo de 2026. Por el decreto 976/01, estos recursos tienen una asignación específica y obligatoria para el Sistema Vial Integrado (SisVial), cuyo fin exclusivo es construir, mantener y rehabilitar la red carretera.
Sin embargo, la tasa de subejecución de este fondo alcanza un alarmante 73,8%. Según surgen de los balances se puede observar lo siguiente:
• Año 2024: Se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado.
• Año 2025: En pleno período electoral, el flujo de fondos se elevó de manera selectiva hasta alcanzar el 39% de ejecución.
• Primeros meses de 2026: Entre enero y mayo de este año, la lógica del ajuste financiero volvió a imperar, desplomando la inversión real a un 18,5%.
En total, de los $1.503.252 millones recaudados, un total de $1,1 billones permanecen inmóviles en cuentas bancarias.
«Nuestros profesionales en infraestructura vial estiman que, bajo los costos actuales de licitación de Vialidad Nacional, con los fondos retenidos se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, lo que equivale a casi dos tercios de toda la conectividad terrestre de la Argentina», dice el comunicado.
La denuncia
«Este Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por nuestra Secretaria General Graciela Aleñá, sostiene que esta medida adoptada por la gestión nacional resulta «un capítulo más de una gestión nefasta que actúa por fuera de la ley», expres y asegura que existe un «vaciamiento progresivo» y que el Ministerio de Economía retiene de forma ilegal recursos que superan los mil millones de pesos para el período 2024/2025, sumados a 0,6 billones remanentes de años anteriores.
También enfatizan que «El déficit cero se paga con vidas», advirtiendo sobre el peligro inminente que representan las banquinas destruidas, la falta de señalización y los baches profundos en todos los distritos del país».
El impacto económico del abandono
Dejar caer la red vial no solo representa un peligro humano, sino también un pésimo negocio financiero a mediano plazo debido a la asimetría de los costos de infraestructura:
• Mantenimiento básico anual: Cuesta entre USD 15.000 y USD 40.000 por kilómetro (bacheo y banquinas).
• Reconstrucción total de la traza: Demanda entre USD 1,3 millones y USD 3,5 millones por kilómetro.
«Nuestros profesionales advierten que la falta de mantenimiento rutinario y la falta de ejecución de obras viales que viene sucediendo desde la asunción de la actual Gestión de Gobierno Nacional, obligará al Estado a pagar en el futuro cercano valores de reconstrucción total muy por encima de los costos promedios por kilómetro de ruta, destruyendo la lógica del ahorro fiscal», agrega
Al mismo tiempo, el deterioro ya genera consecuencias directas e inmediatas en los usuarios y en la economía real:
o Paralización de obras nuevas y de proyectos en marcha
o Recorte severo en señalización y seguridad vial
o Mayores costos logísticos que asfixian a las economías regionales
Cada ruta sin demarcar y cada obra paralizada convierte a la sub-ejecución presupuestaria en una Problemática de Seguridad Pública donde los usuarios particulares y los transportistas arriesgan su vida diariamente.
Números de la crisis
La Dirección Nacional de Vialidad posee una extensión total de rutas a lo largo y ancho del país de 40.000 kilómetros (1.760 kilómetros atravesando la Provincia de Corrientes), de los cuales a la fecha se han concesionado un total de 9.000 kilómetros mediante el sistema de peaje. Los restantes 30.000 kilómetros, se están desatendiendo intencionalmente desfinanciando a la DNV, desviando los fondos del SisVial que por ley deben destinarse exclusivamente a la intervención de la infraestructura vial y obras complementarias, que el Gobierno Nacional, inclumpliendo leyes vigentes utiliza para otros fines.
En este mismo sentido «desde diciembre de 2023 con la asunción de la nueva gestión nacional, progresiva y sostenidamente, se vienen escatimando, reduciendo y quitando recursos humanos idóneo, técnico, profesional, especializado y administrativo de apoyo, herramientas de trabajo indispensables (software de diseño y supervisión de obras, maquinaria vial, etc,), insumos básicos de funcionamiento del organismo, por mencionar algunos. Todo ello en el marco de una política intencional de Destrucción del Estado Nacional y «CERO OBRA PUBLICA»».
«El gremio junto a los trabajadores de Vialidad Nacional, nunca dejamos de reclamar a la dirigencia del organismo y también hacemos visibilizar a la sociedad en su conjunto, este profundo, progresivo y sostenido desmantelamiento y desfinanciamiento, realizando distintas acciones. Solo por mencionar un ejemplo, se realizó un Banderazo y distribución de volantes informativos el pasado 9 de julio por la mañana, en la Rotonda de la RN N° 16 e ingreso a Barranqueras, de la que participaron trabajadores de Casa Central, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Corrientes. Acciones como éstas se vienen desarrollando en distintas regiones del país. Asimismo, queremos destacar, todas las acciones que este gremio llevó adelante tendientes a derogar el Decreto 461/25 de disolución de nuestra querida Repartición, entre otras luchas», expresan