En dos resoluciones consecutivas, Nación eliminó ocho normas y programas de política minera vigentes desde 2008 y trasladó a la plataforma Trámites a Distancia las gestiones vinculadas con explosivos y nitrato de amonio.
Entre las normas eliminadas se encuentra el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, junto con laRed Federal de Mujeres Mineras y la Mesa Técnica de Análisis de Importaciones, que funcionaba como espacio de evaluación de necesidades vinculadas con bienes e insumos para el sector.
También quedó derogado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, una iniciativa orientada a mejorar las herramientas disponibles en las jurisdicciones para controlar indicadores ambientales asociados con la actividad.
La resolución alcanzó además disposiciones relacionadas con transferencias de fondos y programas de minería social, dentro de una revisión más amplia de instrumentos administrativos que el Gobierno decidió discontinuar.
La derogación, sin embargo, no elimina obligaciones pendientes derivadas de medidas anteriores. Los convenios que ya habían sido suscriptos mantienen su vigencia, al igual que las rendiciones de fondos y otros compromisos administrativos que todavía se encuentren en trámite.
Un día antes, el 11 de agosto, elRegistro Nacional de Armas (RENAR) había publicado la Resolución 47/2026, que modificó el procedimiento para las inscripciones y reinscripciones correspondientes a explosivos, nitrato de amonio y otras sustancias sujetas a control.
A partir de la nueva disposición, esas gestiones deberán realizarse obligatoriamente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), eliminando la necesidad de iniciar los procedimientos por canales presenciales o mediante esquemas administrativos anteriores.
El cambio alcanza directamente a compañías mineras, establecimientos de explotación de canteras y empresas contratistas que utilizan explosivos o insumos controlados para tareas de voladura, apertura de frentes, movimiento de roca y otras operaciones propias de la actividad extractiva.
La resolución no modifica los requisitos técnicos, las condiciones de habilitación ni los protocolos de seguridad aplicables al almacenamiento, transporte, manipulación o utilización de esas sustancias. El cambio se concentra en la modalidad de tramitación administrativa, que pasa a centralizarse de manera obligatoria en el sistema digital.
La medida adquiere especial relevancia para la minería metalífera, donde el uso de explosivos constituye una parte habitual de las operaciones a cielo abierto y subterráneas, y también para los proveedores especializados que prestan servicios de perforación y voladura.
En conjunto, ambas decisiones muestran dos líneas de acción simultáneas dentro de la política minera nacional: una reducción y depuración de programas e instrumentos regulatorios existentes y, al mismo tiempo, una mayor digitalización de procedimientos operativos que continúan siendo obligatorios para las empresas