Nelson Colque – El Tribuno
Flavia Royón explicó por qué rechazó la ley de propiedad privada, cuestionó la falta de debate sobre la extranjerización de tierras y advirtió sobre el endeudamiento de familias. Además, fijó posición sobre Zona Fría y las PASO.
La semana pasada el Senado dio media sanción a una acotada ley de propiedad privada, de la cuál se sacó el capítulo de tierras. ¿Por qué votó en contra?
Desde el primer momento el proyecto de ley necesitaba, como todos los proyectos, ser estudiado. Siempre lo hemos dicho junto con el gobernador Gustavo Sáenz: nosotros no nos oponemos por oponernos. El kirchnerismo siempre hace lo mismo, no da quórum y todo lo que venga del Ejecutivo dice que no.
¿Cuál es tu posición respecto del capítulo de tierras?
Hoy la Argentina tiene un tope a nivel país del 15%, a nivel provincia del 15%, a nivel departamento del 15%, más un tope de 1.000 hectáreas en el núcleo del país y su equivalente en el resto, además de un 30% por nacionalidad. Desde el punto de vista del centro del país, esta ley es inocua.
¿Por qué?
Porque no hay muchas superficies para desarrollar, está prácticamente todo vendido. Pero en el interior del país —Patagonia, NOA, NEA, Cuyo— actúa como una limitante. ¿Por qué? Porque el tope del 15% a nivel departamento no es lo mismo en un departamento del interior del país que en uno de Buenos Aires. Es como comparar La Matanza con un departamento de Salta. Las superficies no son iguales. Allá se hacen cultivos extensivos que generan muy poca mano de obra y acá se necesita hacer otro tipo de cultivo.
Pero tampoco compartía el retiro total de los límites, del registro y de la vigilancia. El planteo era darle facultades a las provincias, como sucede en Canadá, Estados Unidos o Australia, donde las provincias o los estados tienen facultades para poner reglas sobre cómo disponen de la tierra rural. Acá todavía queda también mucha tierra fiscal.
Nos pasamos diciendo que los recursos naturales son de las provincias. La tierra justamente es el principal recurso natural. Entonces, desde mi punto de vista, mi posición era dejar bajo vigilancia nacional las zonas de frontera, los temas de seguridad y los temas estratégicos y, en lo que respecta a inversiones, darle intervención a las provincias. Pero atrás de esto también hubo una falta de información y de debate.
¿No se informó bien el proyecto?
Se decía que podían venir por el litio y Vaca Muerta. Eso en Argentina no es así. Tener derecho a la superficie no te da derecho sobre el subsuelo. Vos podés tener una tierra, pero si encontrás oro, plata, litio, gas o petróleo, es de la provincia y se trabaja con concesiones. No te da ningún derecho sobre el subsuelo. Lo mismo con los glaciares o los ríos. Son activos de dominio público, no se pueden vender.
«El capítulo de barrios populares ponía a tiro de desalojo a los barrios populares. En Salta tenemos 41.000 familias».
Pero quedó todo en una discusión y la sociedad dijo basta. La sociedad dijo: «De esta forma, no». Eso terminó en una sociedad diciendo basta, diciendo: «Argentina no está en venta. Acá queremos saber, mínimamente entender, qué es lo que se está buscando». Esa explicación no estuvo. Tampoco consideré que fuera un tema prioritario en la agenda.
En medio de una situación económica difícil, el proyecto quedó descolgado…
Fijate el otro capítulo que planteabas, el capítulo dos, de los desalojos exprés. En realidad afecta a Capital Federal porque las provincias ya tienen su normativa y sus códigos de procedimiento implementados. Pero en un momento de la Argentina donde las familias están endeudadas, con un salario que no alcanza, instalás un tema de desalojos exprés. Cuando existe la presión para que el salario te alcance, para pagar la deuda, para pagar los costos fijos y, encima, ponerte la presión por el alquiler, no era un momento oportuno. El proyecto no era ni el momento ni la prioridad y tampoco compartía cómo estaba planteado. Tenía errores. Por eso la decisión fue no acompañar.
Y esto no significa una ruptura política. Eso lo maneja directamente el gobernador con el Gobierno nacional. Nosotros tenemos una visión de trabajo objetiva y se va proyecto por proyecto. Este proyecto no estaba en condiciones de ser acompañado.
Respecto del papel de los gobernadores aliados, se habló mucho de eso. ¿Vos hablaste con el gobernador de Salta para decirle que en esta oportunidad no acompañaban porque el proyecto, así como estaba, no iba?
Exactamente. Y justamente por esas razones se pidió que se explicara y se aceptaron modificaciones. Porque en un primer momento no iban a tomar modificaciones y después, cuando vieron que no tenían los votos, empezaron a aceptar modificaciones. Patricia Bullrich hizo una conferencia de prensa recién el martes a la tarde y el gobernador compartió que no era el momento. El proyecto no fue manejado de manera tal que estuviera en condiciones de ser acompañado.
Respecto de la deuda. ¿Desde la parte legislativa se buscará presentar proyectos que apunten a dar soluciones a los ciudadanos endeudados?
Hay varios proyectos de ley presentados para poner topes a las tasas de interés. Hoy tenemos una brecha histórica, un spread histórico, entre lo que es la tasa activa y la pasiva. Es decir, la que te pagan a vos por dejar tu dinero en un plazo fijo y la que te cobran si sacás un crédito. Y hoy irrumpió también todo lo que son los préstamos no bancarios, con las aplicaciones que tienen tasas altísimas.
Es cierto que esto es un contrato, si se quiere, entre privados y que, si vos hacés proyectos de ley sobre la coyuntura, sentás precedentes importantes de intervencionismo. La política económica la define el Presidente y es lo que votaron los argentinos. Y la responsabilidad de la política económica, el que tiene todas las herramientas para resolver este problema, es el Presidente. Esta situación de endeudamiento no es solamente de las familias, también es de las pymes.
Otro de los temas que llegará al Senado es el de Zona Fría, ¿cuál es su postura?
¿Cómo funciona Zona Fría? Zona Fría originalmente era solamente para la Patagonia y para la Puna. Después se amplió y, de hecho, prácticamente la mitad de los usuarios de gas de todo el país hoy tiene ese subsidio.
Pero ¿cómo funciona ese subsidio? Eso no es el Estado nacional poniendo dinero. Todo el resto tiene un recargo en su factura que va a un fondo y ese fondo paga este subsidio. O sea, tenemos a una persona humilde del centro del país o del norte que está aportando en su factura a un fondo para subsidiar a una persona en Cariló con una pileta climatizada.
El subsidio -de hecho, siendo secretaria de Energía avancé en esta política- tiene que ir para aquel que lo necesita. No al subsidio indiscriminado. No podemos estar financiando el gas de una persona en Neuquén que gana muchos millones trabajando en Vaca Muerta.
Y deberían incluirse en este subsidio las garrafas, que es un tema del que nadie habla. Las personas humildes se calefaccionan y utilizan garrafas en invierno y hoy, después de la desregulación, está liberado el precio de las garrafas y el subsidio quedó muy atrasado. Entonces, así como está el proyecto, desde mi punto de vista necesita modificaciones.
¿Cree que hay que eliminar las PASO?
Creo que por lo menos (hay que) suspenderlas. Habría que estudiarlo. El tema de la eliminación de las PASO, en realidad, creo que tendríamos que retomar el objetivo original de por qué existen las PASO. Pero, por lo menos para el año que viene y en función de cómo se está dando la dinámica de los candidatos, creo que sería interesante suspenderlas. Por lo menos estaría dispuesta a estudiar la suspensión de las PASO.
El Gobierno provincial tiene que pagar certificados de obras que no paga Nación por arreglo de rutas, cuando hay un fondo específico para esto…
De hecho, en mayo presenté un proyecto de ley sobre el impuesto a los combustibles. Tiene dos partes: primero, readecuar la fórmula de cálculo del impuesto a los combustibles. Y la segunda parte era asignar estos fondos a las provincias. Tenemos un fondo que tiene un destino específico, que es para la intervención de las rutas. Se calcula que, con lo que tienen ahí retenido, se deberían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas nacionales. Y lo están usando para invertirlo en papeles del Tesoro, en plazos fijos. Esto no es legal. Esto es una falta. Están reteniendo fondos para sostener que puedan decir que hay un superávit financiero que termina siendo ficticio