Emmanuel Navarro
De acuerdo con datos del Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-UBA), en conjunto con un informe de Ciudadana Comunicación, el 11,3% de las tierras rurales salteñas pertenece a capitales extranjeros. Además, nueve departamentos superan el límite del 15% de propiedad extranjera establecido por la Ley Nacional 26.737.
Los casos más significativos corresponden a San Carlos, donde el 59,8% de las tierras rurales está en manos extranjeras, y Molinos, con el 57,8%. Ambos integran el reducido grupo de departamentos del país en los que más de la mitad del territorio rural pertenece a propietarios extranjeros. También superan el límite legal Guachipas (33,8%), General Güemes (28,8%), La Viña (28,2%), Cerrillos (24,6%), Orán (23,3%), Cafayate (23,1%) y Chicoana (16%), mientras que Anta registra un 14,3%, muy cerca del tope permitido.
El informe, titulado “El NOA al rojo vivo”, sostiene que la extranjerización de tierras dejó de ser únicamente un fenómeno inmobiliario para convertirse en un componente de la disputa global por recursos estratégicos. En ese sentido, identifica trece departamentos del NOA que alcanzan o superan el límite legal de propiedad extranjera, de los cuales nueve pertenecen a Salta.
Según los investigadores, en esos territorios coinciden cuatro factores considerados estratégicos: elevada participación de propietarios extranjeros, presencia de proyectos mineros, glaciares o ambientes periglaciares y comunidades indígenas.
Los Valles Calchaquíes aparecen como uno de los principales focos de esta situación. Departamentos como San Carlos, Molinos, Cafayate, Guachipas y La Viña concentran emprendimientos vitivinícolas, turísticos e inmobiliarios de alta gama, además de una creciente actividad minera. El estudio destaca especialmente el caso de San Carlos, donde convergen una de las mayores superficies extranjerizadas del país, glaciares de escombros fundamentales para la regulación hídrica, cuatro proyectos mineros y comunidades indígenas con procesos de reconocimiento territorial aún pendientes.
En el norte provincial, el informe también señala la expansión de inversiones vinculadas al agronegocio y la frontera agropecuaria. Entre los casos mencionados figura Quebracho Colorado S.A., empresa integrada por capitales estadounidenses que impulsa desmontes en grandes extensiones de bosque nativo en el departamento Orán mediante proyectos de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), una modalidad cuestionada por organizaciones ambientalistas.
Los autores del trabajo sostienen además que las cifras oficiales podrían reflejar solo una parte del fenómeno. Explican que el Registro Nacional de Tierras Rurales contabiliza únicamente la propiedad formal, mientras que numerosos capitales extranjeros operan mediante concesiones, arrendamientos de largo plazo o sociedades constituidas en el país.
Como ejemplo, el informe menciona a High Luck Group Argentina, vinculada a capitales chinos, que controla más de un millón de hectáreas bajo concesiones hidrocarburíferas en Salta sin ser propietaria directa de esos terrenos.
En este contexto, el tratamiento legislativo del proyecto en el Senado vuelve a poner el foco sobre la situación de Salta, una de las provincias donde la discusión sobre la propiedad de la tierra se entrecruza con el acceso a recursos naturales estratégicos, la actividad minera, la conservación ambiental y los derechos de las comunidades originarias