Estas son las 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros

«La presión por eliminar las regulaciones actuales no apunta hacia cualquier tierra, sino hacia aquellas con mayor valor estratégico», explicó a LA NACION Matías Oberlin, doctor en Historia e integrante del Observatorio de Tierras de la UBA. A su juicio, esa concentración de la propiedad en áreas clave «aumenta los costos inmobiliarios, desplaza comunidades, incrementa la presión sobre los territorios y la conflictividad social». Julio Burdman, profesor de geopolítica de la UBA, aportó una perspectiva regional. Si bien aseguró que la Argentina tiene un porcentaje bajo de posesión de tierras en manos de extranjeros en relación con otros países, señaló que es preciso “distinguir las tierras con gran valor estratégico de las que no las tienen”. Dijo que a nivel mundial hoy la presión está puesta, sobre todo, en aquellas zonas ricas en minerales críticos que se utilizan para la producción de tecnología. “La reforma puede darles seguridad jurídica a esas inversiones”, evaluó. Y destacó la importancia de contar con mejor información sobre la propiedad de las tierras. “Las provincias cuentan con información catastral reducida”, sostuvo.

Agua, frontera y producción forestal

Misiones concentra algunos de los casos de extranjerización más emblemáticos y no es casual que sea donde más se discute la reforma. Con más del 11% de su superficie en manos extranjeras, es la segunda provincia con mayor nivel de extranjerización del país y reúne cinco departamentos que superan el límite legal del 15%. La ley vigente fue sancionada en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras sin afectar los derechos adquiridos. Por esa razón, en los lugares que ya superaban los límites establecidos permanecieron en esa situación y hoy existen 31 departamentos y municipios por encima del tope legal. El caso más extremo es Iguazú, donde casi el 40% de su territorio pertenece a capitales extranjeros. Le siguen Montecarlo, General San Martín y Eldorado. Un informe del Observatorio de Tierras sostiene que el corredor forestal sobre el Paraná «es, en los hechos, el corredor de la extranjerización misionera». La principal protagonista de ese esquema es la empresa chilena Arauco, propietaria de más de 200.000 hectáreas destinadas a la actividad forestal. Su presencia se extiende principalmente sobre la ribera del Paraná y llega incluso hasta Zárate, donde posee un muelle propio para la exportación de su producción. El modelo es reivindicado por el Gobierno como un ejemplo del tipo de inversiones que busca atraer con la reforma. Durante su discurso en la Sociedad Rural, Javier Milei sostuvo que la flexibilización de la ley permitiría desarrollar actividades como la industria forestal, el riego o determinadas economías regionales y estimó inversiones por US$15.000 millones.

Fernando Ferreyra, intendente de una pequeña localidad de Iguazú, Puerto Libertad -donde cerca del 80% de las tierras útiles pertenece a Arauco-, describió una realidad más sombría. «Tenemos buen diálogo con la empresa, pero las decisiones no se toman en la Argentina y eso dificulta pensar proyectos de desarrollo para la comunidad», señaló. También cuestionó el escaso empleo que genera la compañía en relación con la superficie que administra. Una mirada complementaria aporta Jaime Ledesma, ingeniero forestal, expresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones y exsubsecretario de Tierras y Colonización de la provincia. «La tierra no puede ser considerada exclusivamente como un activo económico o financiero. Es un recurso natural estratégico que sostiene la producción, preserva la biodiversidad, protege los recursos hídricos y forma parte de la identidad cultural y social de las comunidades», afirmó. No todos comparten ese diagnóstico. El senador nacional Martín Goerling (Pro) sostiene que la reforma devuelve a las provincias la capacidad de definir el uso de sus tierras, mientras que Miguel Ángel Mendoza, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM), considera que una mayor llegada de inversiones elevaría el valor de la tierra. «En Paraguay y Brasil vale el doble o el triple que acá», resumió. El recorrido continúa en Corrientes. Allí la extranjerización se concentra en Ituzaingó y Berón de Astrada, dos departamentos a la vera del río Paraná, sobre la frontera con Paraguay y en el área de influencia de los Esteros del Iberá, uno de los principales reservorios de agua dulce del país.

La región quedó en el centro del debate a principios de los 2000 por la compra de tierras por parte de Douglas Tompkins. El empresario estadounidense administró esta zona de humedales a través de la empresa The Conservation Land Trust (CLT, por sus siglas en inglés) y Rewilding Argentina, la subsidiaria local. La familia Tompkins cedió parte de esas tierras a la provincia y la Nación entre 2016 y 2018. Vendió otras a privados. Hoy la zona, tanto los humedales como las lomadas, combina áreas protegidas con emprendimientos forestales, arroceros, ganaderos y turísticos. Para Jorge Vara, exministro de Producción de Corrientes entre 2009 y 2019, la discusión no pasa por el origen del capital sino por el uso que se hace de la tierra. «No pensemos que comprar un campo es una inversión; la inversión es lo que le ponés arriba», afirmó. Advirtió que la reforma impulsada por el Gobierno no exige compromisos productivos a quienes adquieran tierras. «Con la ronda de un día de la Bolsa de Nueva York comprás toda la provincia de Corrientes», graficó.

El corredor estratégico del Paraná

El patrón vuelve a repetirse en el centro del país. Desde Garay, en Santa Fe, hasta Zárate y Campana, en el norte bonaerense, los departamentos con mayores niveles de extranjerización coinciden con la principal vía navegable de la Argentina. A lo largo del río Paraná se concentran puertos, terminales industriales, infraestructura energética y buena parte del comercio exterior. En Zárate y Campana confluyen las centrales nucleares Atucha I y II junto con uno de los complejos portuarios e industriales más importantes del país. Adriana Serquis, física, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y actual diputada nacional por Unión por la Patria (UP), explicó que los terrenos destinados a la construcción de reactores nucleares deben atravesar extensos estudios y autorizaciones. La zona donde se emplazan las centrales ya fue habilitada para albergar una eventual nueva central, por lo que -según advirtió- podría resultar especialmente atractiva para empresas interesadas en desarrollar ese tipo de proyectos. «No sería un delirio pensar que una empresa extranjera interesada en construir reactores quisiera adquirir un terreno que ya cuenta con esa autorización», sostuvo.

Con un argumento similar, la diputada Agustina Propato (UP) impulsa una modificación a la ley vigente para prohibir la compra de tierras por parte de extranjeros en un radio de 30 kilómetros de la infraestructura crítica. «La extranjerización de la zona de Zárate-Campana obedece a la presencia de dos infraestructuras estratégicas: las centrales nucleares y el río Paraná, con la Vía Navegable Troncal y el complejo portuario. Es nuestro Estrecho de Ormuz», afirmó. El intendente de Campana, Sebastián Abella (Pro), relativizó el impacto del fenómeno y evitó tomar posición sobre la reforma. «Es un tema histórico del municipio», afirmó. Según explicó, buena parte de las tierras en manos extranjeras corresponde a emprendimientos productivos, como las plantas industriales de Tenaris (Grupo Techint), o las forestaciones de Arauco en el sector insular. «No hay grandes terratenientes extranjeros con campos improductivos. No es una problemática local», sostuvo.

Minerales en la cordillera

La mayor concentración de tierras extranjerizadas del país se encuentra sobre la cordillera o cercana a ella. Desde los Valles Calchaquíes hasta San Juan, los departamentos que superan el límite legal del 15% coinciden con zonas de alto valor estratégico por sus reservas de cobre, litio, oro, recursos hídricos y pasos internacionales. Allí se encuentran algunos de los casos más emblemáticos, como General Lamadrid (La Rioja), Tinogasta (Catamarca) e Iglesia (San Juan), donde confluyen proyectos mineros de gran escala o un alto potencial geológico. Otros departamentos, como Guachipas, Cafayate u Orán, suman recursos hídricos, producción agropecuaria o una ubicación estratégica sobre la frontera. La discusión divide a la dirigencia política de la región. Los integrantes del bloque Convicción Federal -el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza- presentaron un dictamen alternativo y rechazaron la reforma de Milei. «La soberanía de nuestras provincias se defiende protegiendo los recursos que motorizan el desarrollo nacional. La tierra no es un activo financiero: es el motor del arraigo y la base de nuestra economía regional», sostuvieron.

En cambio, los gobernadores evitaron pronunciarse. Pese a las consultas de LA NACION, en los equipos de Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) no respondieron sobre la iniciativa. Raúl Jalil (Catamarca) dejó trascender a medios locales que la discusión sobre venta de tierras a extranjeros “hay que dejarla para otra oportunidad”. Los cuatro mantienen un buen vínculo con la Casa Rosada y suelen acompañar en el Congreso las principales iniciativas del oficialismo, por lo que el respaldo de sus legisladores será clave para el futuro del proyecto.

Lagos, ríos y agua dulce

En la Patagonia, la concentración de tierras extranjerizadas coincide con un recurso estratégico: el agua. Los departamentos de Lácar (Neuquén), Cushamen (Chubut) y Magallanes (Santa Cruz) reúnen lagos, ríos, cuencas compartidas con Chile y extensas reservas hídricas, además de otros recursos vinculados a la minería, la energía y la logística. Uno de los casos más conocidos es el de Lago Escondido, en Bariloche, Río Negro, donde el empresario británico Joe Lewis adquirió en la década de 1990 las tierras que rodean el espejo de agua. El conflicto por el acceso público al lago se convirtió en uno de los emblemas del debate sobre la extranjerización de tierras. Durante años hubo reclamos judiciales y movilizaciones para garantizar el ingreso al lugar, entre ellas la encabezada por el dirigente social Juan Grabois en 2022. Más al sur, en Chubut, el departamento Cushamen concentra importantes recursos hídricos y alberga la estancia Leleque, propiedad del Grupo Benetton, escenario además de una histórica disputa territorial con comunidades mapuches. En Neuquén, Lácar integra una cuenca compartida con Chile y contiene uno de los principales lagos cordilleranos del país. Por último, el departamento de Magallanes, en Santa Cruz, suma a sus recursos hídricos un alto potencial energético y una ubicación estratégica sobre el Atlántico.

Si prospera la reforma impulsada por Javier Milei, el porcentaje actual de tierras rurales en manos de extranjeros podría incrementarse. La iniciativa forma parte del paquete de desregulaciones denominado «Inviolabilidad de la propiedad privada» y modifica aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (26.737). La última versión del proyecto que circuló entre los senadores propone los siguientes cambios:

Especialistas y legisladores cuestionan la redacción del nuevo artículo sobre el límite del 25%. Advierten que, al no mencionar expresamente a los departamentos, la reforma permitiría que la totalidad de la tierra rural de un municipio quede en manos extranjeras, siempre que el porcentaje provincial no supere el nuevo tope. El Gobierno sostiene una posición opuesta. Al defender el proyecto en el Senado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó la Ley de Tierras como «flagrantemente inconstitucional» porque, a su juicio, contradice los artículos 20 y 25 de la Constitución, que reconocen a los extranjeros el derecho a adquirir bienes inmuebles. Además, afirmó que la normativa constituye «un cerco a las inversiones» al desalentar proyectos productivos y de infraestructura. Oberlin, del Observatorio de Tierras de la UBA, rechazó ese planteo. Sostuvo que el Gobierno realiza una interpretación «parcial y forzada» de la Constitución y que la ley no restringe la llegada de inversiones, sino la adquisición de tierras estratégicas por parte de capitales extranjeros. La ley vigente de 2011 fue aprobada con amplio consenso político. Julián Domínguez, entonces presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores de la norma, recordó que los límites surgieron de un acuerdo entre las provincias, las Fuerzas Armadas, universidades, el Conicet, el INTA y distintos organismos del Estado. «No podía tomarse una decisión sobre tierras comparándonos con otros países porque ya existía una concentración en áreas con agua dulce, minerales, vías navegables y zonas de frontera. Eso era lo que se pretendía tutelar», explicó. Según Domínguez, el desafío actual no es el promedio nacional de extranjerización -que ronda el 5%- sino la creciente demanda de grandes extensiones para actividades como centros de datos, que requieren acceso a energía y agua para refrigeración. Quince años después, el oficialismo busca revertir ese esquema. La reforma ya obtuvo dictamen en el Senado, aunque su texto se modificó en más de una decena de oportunidades y continúa en revisión para reunir apoyos. El tratamiento, previsto inicialmente para semanas atrás, fue postergado por falta de consenso y volverá a intentarse este jueves. Será una jornada marcada por manifestaciones de rechazo en las inmediaciones del Congreso. Una de las voces más críticas fue la de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, que acusó al Poder Ejecutivo de querer «vender el país”. No presidirá la próxima sesión por tener que ocupar la presidencia en lugar de Milei, que viaja al exterior. Con su corrimiento, el oficialismo se asegura que, en caso de tener que desempatar, su voto no incline la balanza hacia el “no”.