Por: Extremo Minero
Las recientes declaraciones del dirigente radical y exfuncionario chubutense Raúl Barneche volvieron a poner sobre la mesa un debate que, lejos de haber quedado saldado, continúa atravesando la realidad política, económica y social de Chubut. Su planteo apunta a revisar el marco regulatorio de la actividad minera, discutir el esquema de beneficios que recibe la provincia y fortalecer la capacidad técnica del Estado para controlar los proyectos extractivos. Sus afirmaciones llegan en un momento particular, donde el escenario nacional comenzó a cambiar a partir del impulso que el Gobierno argentino otorgó al desarrollo del uranio mediante el Plan Nuclear Argentino.
El dirigente sostuvo que resulta necesario abrir una discusión seria sobre el futuro de la minería provincial, un tema que desde hace más de veinte años genera posiciones encontradas en la sociedad chubutense. En ese contexto, recordó que la actividad minera en Argentina continúa regulándose por el Código de Minería sancionado en 1886, una norma que, pese a las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo y al texto ordenado aprobado en 1997, sigue siendo la base jurídica sobre la que se desarrollan todas las actividades vinculadas al sector.
La vigencia de un marco legal con casi ciento cuarenta años de historia suele aparecer de manera recurrente en los debates vinculados a la modernización de la actividad, especialmente considerando la evolución tecnológica, ambiental y económica que experimentó la minería durante las últimas décadas.
Sin embargo, en Chubut el principal condicionante continúa siendo la Ley 5001, actualmente identificada como Ley XVII Nº 68, sancionada en 2003 luego del plebiscito realizado en Esquel. La norma prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos productivos, convirtiéndose desde entonces en uno de los ejes centrales de la política minera provincial.
Aquella ley también contemplaba la elaboración de una zonificación minera que nunca logró concretarse. El intento más significativo ocurrió en diciembre de 2021, cuando la Legislatura aprobó una normativa que habilitaba la actividad en los departamentos de Gastre y Telsen. No obstante, las masivas movilizaciones sociales registradas en toda la provincia, junto con los graves incidentes ocurridos en Rawson, derivaron en su derogación apenas unos días después, consolidando nuevamente el escenario restrictivo que continúa vigente hasta la actualidad.
En paralelo, Barneche también planteó la necesidad de discutir los beneficios económicos que obtiene la provincia por el aprovechamiento de sus recursos naturales. Actualmente, la legislación nacional establece regalías de hasta el 3% sobre el valor boca de mina para los proyectos en producción. No obstante, las modificaciones introducidas en 2024 mediante el denominado Paquete Fiscal habilitaron a las provincias adheridas a percibir regalías de hasta el 5% para nuevos emprendimientos, reabriendo el debate sobre la distribución de la renta minera y el aprovechamiento económico de futuros desarrollos.
El escenario adquiere una dimensión diferente cuando se analiza el caso del uranio. Chubut concentra aproximadamente la mitad de las reservas conocidas del país, con yacimientos de importancia como Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Los Adobes. Esta realidad comenzó a cobrar mayor relevancia desde que el Gobierno nacional lanzó el Plan Nuclear Argentino, una estrategia que busca recuperar la producción nacional de uranio para abastecer las centrales nucleares y desarrollar nuevos proyectos vinculados a la energía atómica.
En ese marco, durante este año la provincia autorizó nuevas tareas de exploración en Laguna Salada, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica mantiene numerosos expedientes sobre áreas con potencial uranífero dentro del territorio provincial. Al mismo tiempo, la creación de YPF Nuclear y los anuncios vinculados al desarrollo de reactores modulares pequeños posicionaron nuevamente al uranio argentino como un recurso estratégico para el país.
Otro de los aspectos señalados por Barneche refiere a la necesidad de fortalecer la capacidad técnica del Estado para ejercer controles efectivos sobre la actividad minera. Se trata de un planteo que trasciende a Chubut y que ha sido señalado en distintas provincias argentinas por universidades, especialistas y organismos técnicos, que coinciden en la importancia de contar con equipos profesionales capaces de evaluar estudios ambientales, fiscalizar operaciones y verificar el cumplimiento de la normativa vigente con el mismo nivel de especialización que poseen las empresas del sector.
Como ocurre desde hace años, el agua continúa siendo uno de los principales ejes del debate. Chubut enfrenta un escenario de estrés hídrico que mantiene vigente la preocupación sobre el uso de este recurso. El río Chubut constituye la principal fuente de abastecimiento para gran parte de la población provincial y la emergencia hídrica declarada en los últimos años reforzó una discusión que excede a la minería y alcanza a toda la planificación del desarrollo provincial. No resulta casual que el lema «El agua vale más que el oro» siga representando la principal bandera de los sectores que rechazan la actividad.
Mientras tanto, distintos actores comienzan nuevamente a impulsar la necesidad de discutir el futuro productivo de la provincia. Entre ellos, el dirigente sindical Jorge Taboada sostuvo meses atrás que el agotamiento de la actividad petrolera obliga a analizar nuevas alternativas de desarrollo y consideró que la minería podría formar parte de esa discusión, siempre que exista un amplio consenso social y garantías ambientales suficientes.
Las declaraciones de Raúl Barneche se incorporan así a un debate que vuelve a ganar espacio en la agenda pública. La combinación entre el interés estratégico por el uranio, las nuevas condiciones para la percepción de regalías, el impulso nacional al desarrollo nuclear y la necesidad de diversificar la matriz productiva provincial reconfiguran un escenario muy distinto al de años anteriores. Sin embargo, cualquier avance continuará dependiendo de la capacidad de construir consensos en una provincia donde la minería sigue siendo uno de los temas más sensibles y donde las decisiones futuras deberán equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y licencia social