La decisión del Gobierno de derogar tres resoluciones que durante más de tres décadas regularon el ingreso de bananas a las principales zonas productoras del país abrió un conflicto entre la Nación, las provincias de Salta y Jujuy y el sector bananero. Mientras la administración de Javier Milei sostiene que los controles fitosanitarios continúan vigentes bajo un sistema más moderno basado en análisis de riesgo y fiscalización del Senasa, productores y gobiernos provinciales advierten que la medida elimina una barrera sanitaria histórica y eleva el riesgo de ingreso de enfermedades capaces de afectar la producción nacional.
El origen de la controversia fue la publicación de la resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, firmada por Sergio Iraeta, mediante la cual se derogaron ocho resoluciones fitosanitarias dictadas entre 1992 y 2013. Entre ellas quedaron sin efecto la Resolución 99/1994, la Resolución 823/2006 y la Resolución 262/2013, que conformaban el esquema sanitario para el ingreso de bananas importadas.
La primera de esas normas, la resolución 99/1994, fue dictada hace más de 30 años para preservar el estatus fitosanitario del noroeste argentino (NOA). Prohibía el ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias hacia esa región del país. Más tarde, la resolución 823/2006 extendió ese esquema de protección a Formosa y Misiones, mientras que la resolución 262/2013 redefinió su alcance y concentró la restricción únicamente en Salta y Jujuy, donde se ubica el principal polo productor de banana del país.
Al justificar la derogación, Agricultura señaló que aquellas normas habían perdido vigencia práctica porque fueron reemplazadas por mecanismos más modernos de evaluación, trazabilidad, digitalización y fiscalización. Según explicó la cartera, los controles fitosanitarios actualmente se realizan mediante análisis de riesgo de plagas, inspecciones documentales y físicas, certificaciones internacionales y procedimientos armonizados con los estándares internacionales y del Mercosur, por lo que las resoluciones derogadas habían quedado obsoletas. Asimismo, sostuvo que la eliminación de esas normas no implica dejar de controlar el ingreso de bananas, sino actualizar el marco regulatorio vigente.
En un informe técnico al que tuvo acceso LA NACION se destaca que los requisitos fitosanitarios para la importación de bananas se determinan mediante el Análisis de Riesgo de Plagas previsto por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO y que las verificaciones continúan siendo realizadas por inspectores del Senasa en los puntos de ingreso al país. También señala que los requisitos se actualizan de manera periódica conforme cambia la situación sanitaria de los países exportadores y que el Mercosur armonizó los requisitos fitosanitarios para el comercio de banana mediante resoluciones específicas.
La decisión generó una inmediata reacción en las provincias productoras. Jujuy respondió mediante un decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir que restablece controles provinciales para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana fresca importada.
En los fundamentos del último decreto provincial, cuestiona que Nación afirme que los antiguos requisitos fueron reemplazados por mecanismos modernos “sin mencionar tales”. Según el gobierno jujeño, la derogación incrementa objetivamente el riesgo de ingreso y dispersión de plagas cuarentenarias que podrían afectar el patrimonio fitosanitario provincial. El decreto provincial menciona entre las principales amenazas sanitarias a la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), Ralstonia solanacearum, Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (TR4), Palleucothrips musae y Colaspis hypoclora, y advierte que algunas de esas enfermedades pueden destruir plantaciones y dejar los suelos improductivos durante más de treinta años. Por ese motivo, Jujuy volvió a exigir certificado fitosanitario de origen, Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi) y demás inspecciones.
Salvador Muñoz, presidente de Salvita, consideró que el Gobierno interpretó la normativa como una regulación comercial cuando, a su entender, su verdadero objetivo era sanitario. Según explicó, la implementación de esa barrera demandó varios años de trabajo y buscó proteger a la producción argentina frente a enfermedades capaces de comprometer seriamente el cultivo. Muñoz sostuvo, además, que la eliminación de la restricción difícilmente tenga impacto en los precios al consumidor porque el mercado de Salta y Jujuy representa apenas alrededor del 1,2% del consumo nacional. “Es un hecho consumado para el gobierno, de nuestra parte dimos vuelta a la página. Se hacen pensando que son decisiones regulatorias en términos comerciales, pero en definitiva esto es sanitario”, dijo.
Fernando Ortiz, productor de Salta, también cuestionó la medida y aseguró que las provincias no fueron consultadas antes de la derogación. Sostuvo que Salta y Jujuy permanecen libres de enfermedades como la Sigatoka Negra y el Fusarium Raza 4 Tropical, conocido como Mal de Panamá, y advirtió que el ingreso de fruta contaminada con restos vegetales podría favorecer la propagación de esas plagas.
En este contexto, en un posteo en su cuenta de X, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, indicó: “Ante la decisión inconsulta del gobierno nacional de modificar el régimen fitosanitario para el ingreso de bananas importadas, poniendo en riesgo a nuestra economía regional, con el gobernador de Jujuy, @carlossadirjuy, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios en ambas provincias para cuidar la producción y minimizar los riesgos sanitarios que echen por tierra años de trabajo, esfuerzo y dedicación”. Agregó: “La defensa de la producción y las economías regionales de ambas provincias son acciones indelegables de quienes las gobernamos. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo, postergado. Los productores y la cadena de valor tienen que estar tranquilos porque estableceremos barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector».
Ante los cuestionamientos, autoridades del Senasa mantuvieron una reunión con productores y representantes de Salta y Jujuy para explicar los alcances de la medida. Según indicaron fuentes del organismo, “la derogación de las resoluciones no modifica los controles aplicados a la banana importada, ya que continúan las inspecciones documentales, físicas y los monitoreos en frontera”. Asimismo, señalaron que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, el riesgo de introducir enfermedades como la Sigatoka Negra mediante fruta comercial limpia y libre de restos vegetales es muy bajo y que esas plagas se regulan principalmente en el comercio de plantas y material de propagación.
En lo que va del año la Argentina importó 285.531 toneladas de banana, principalmente desde Ecuador, que concentra alrededor del 70% del abastecimiento externo, seguido por Bolivia y Paraguay.
Desde la Cámara Argentina de Banana y Afines (Camabana) dijeron que el mercado se encuentra actualmente abastecido y rechazaron que existieran restricciones que impidieran el ingreso de fruta importada de los mercados relevantes. Según explicaron, “hoy lo que se está importando es lo que se está demandando”. En la entidad agregaron que “el volumen importado resulta suficiente para abastecer ampliamente el consumo interno”.